Fotos cortesía: comunidad Garífuna de la Bahía de Trujillo
Tegucigalpa. – La coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, alertó sobre la pretensión de la Policía Nacional de desalojar y criminalizar a miembros de la comunidad Garífuna de la Bahía de Trujillo, quienes realizan un proceso de reocupación de tierras usurpadas por el canadiense Randy Jorgensen.
El pasado lunes 24 de junio, agentes de la policía se presentaron en la zona con el objetivo de amedrentarles, expresando “que si ellos [la policía] regresaban, ya no iban a venir a hablar, que ellos iban a venir a actuar”, denunció a Criterio.hn el líder comunitario Mario Solorzano.
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La amenaza se cumplió este miércoles 26 de junio, con el arribó de seis patrullas de la Policía y más de una docena de policías, afirmando que procederían al desalojo del predio sin siquiera proceder a verificar las colindancias, compartió Solorzano.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció el asedio y ataques sistemáticos de la policía y el ejército para resguardar intereses de los empresarios por encima de los derechos del pueblo Garífuna a su territorio.
ORIGEN DEL CONFLICTO Y SU ESTATUS ACTUAL
El origen del conflicto es el irrespeto al título de inicios del siglo XX que reconoce el dominio sobre el territorio en favor del pueblo Garífuna de Trujillo. Sin embargo, este habría sido ignorado por el Registro de la Propiedad de Santa Fe y Trujillo, especialmente porque el mismo especifica en una cláusula que los terrenos no pueden ser vendidos a foráneos.
En 2008, el pueblo Garífuna de Trujillo –entre estos la comunidad de Guadalupe– interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural por la venta ilegal de tierras dentro de los perímetros de su título comunitario ancestral.
La denuncia avanzó parsimoniosamente y fue hasta 2012 que la Fiscalía de Etnias presentó un requerimiento fiscal contra Jorgensen por el delito de usurpación en perjuicio de la comunidad de Cristales, sustentado por los títulos, escrituras públicas y un informe del Instituto Nacional Agrario.
El progreso del caso continuó siendo lento y con tropiezos, incluido un sobreseimiento provisional en favor de Jorgensen, pese a que un informe del INA concluyó que el canadiense había usurpado cuatro manzanas y 1,190 varas cuadradas del título ancestral de la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro.
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En abril de 2024, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron el aseguramiento de 233 lotes de terrenos a nombre de Desarrollos de Visión de Vida S. de R.L. y Grande Trujillo Autoridad S. de R.L., sociedades mercantiles cuyos titulares de derecho son Randy Joy Jorgensen, Malik Zoharan y Darren Wade Weeks.
De acuerdo con el Ministerio Público de Honduras, Jorgensen, Zoharan y Weeks, los tres, habrían estafado a varios ciudadanos de origen canadiense quienes denunciaron los hechos.
