Tegucigalpa. – Los partidos políticos en Honduras trabajan bajo la opacidad, situación que impide que la población conozca quiénes han financiado las campañas en las últimas elecciones a pesar de que el país cuenta con una ley de financiamiento político y una institución obligada a fiscalizar este tema.
La falta de transparencia ha sido abordada por medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil que han encontrado barreras en el acceso a la información, pese a que desde el 2017 Honduras cuenta con la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF).
La UFTF quedó integrada desde mayo de 2017 por representantes de las tres principales fuerzas políticas que, incluso, se han convertido en uno de los tantos obstáculos para que la información fluya hacia la ciudadanía.
Este jueves el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) planteó una solución al problema ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) mediante la actualización del manual “lineamientos de transparencia para la publicación de información oficiosa de los partidos políticos”
El director del NDI, Alejandro Urizar, manifestó que muchas veces la sociedad civil se ha encontrado con barreras de opacidad y no encuentra información sobre la estructura de un partido político determinado o sobre cómo se toman las decisiones internamente o quién los financia.
Urizar manifestó que lo que se propone es crear las mejores condiciones para que los partidos políticos publiquen esa información.
La nueva guía requiere a los partidos políticos la publicación de información en datos abiertos, fomentar instituciones y sociedades más transparentes y superar la cultura de la sospecha y la desconfianza.
Además, de proveer información para sustentar el debate y el libre pensamiento y crecer como sociedades más libres y democráticas.
De acuerdo con la Carta Internacional de Datos Abiertos, suscrita por Honduras en marzo de 2019, los datos públicos deben ser abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, comparables e interoperables, por lo tanto, deben contribuir a mejorar la gobernanza y la participación ciudadana hacia un desarrollo inclusivo e innovador, sin embargo, esto no se está cumpliendo en el país.
La guía, que plantea el NDI, está organizada en cinco componentes: estructura orgánica, planeación y rendición de cuentas, finanzas, regulación y normativa y participación ciudadana. Cada uno de ellos, a su vez, tienen su propio listado de indicadores, considerando los factores claves que deberían elaborarse, integrarse y actualizarse.
La comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, manifestó que la sociedad debe presionar para pedir acceso a la información pública. Asimismo, lamentó que funcionarios buscan instituciones que se acomoden a la medida de los que están gobernando, porque no les gusta que tengan control sobre ellos.
“Un servidor público que no publica información, hay que investigar porque algo está escondiendo”, dijo Ardón.
Agregó que a los funcionarios en el país no les afecta que los expongan públicamente y que la vergüenza será cuando salgan líneas de investigación que diga: “sí cometieron actos reñidos por la ley”.
Además, Ardón indicó que con los nuevos lineamientos de transparencia se obligará a los partidos políticos a que vayan enmendando todo lo que no han publicado desde hace cinco años, porque la ley así lo ordena y se debe tener información almacenada de al menos cinco años.
En Honduras existe una ley de financiamiento político que obliga a la Unidad de Política Limpia a verificar cómo se gastan o de dónde vienen los fondos de las campañas políticas.
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En marzo pasado, previo a las elecciones primarias, Criterio.hn publicó una investigación y concluyó que la Unidad de Política Limpia no está cumpliendo con su función porque ha sido incapaz de determinar el origen de los fondos que se utilizaron en las campañas políticas de 2017, a pesar de que esta unidad está en funcionamiento desde mayo de ese mismo año.
Han pasado dos elecciones, las generales de 2017 y las elecciones primarias de 2021 y no han podido demostrar el origen de los fondos.
De hecho, este medio de comunicación sigue esperando la resolución que adopte el IAIP en cuando a una solicitud de información que la UFTF se negó a proporcionar referente al monto y origen de los fondos utilizados por los partidos políticos durante las campañas de las elecciones primarias y generales de 2017.
Y en mayo pasado, cuatro organizaciones de sociedad civil presentaron un recurso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contra una resolución que deja en reserva datos relacionados con el financiamiento político.
Desde abril de 2018, los datos personales de las personas naturales o jurídicas que aportan desde el espacio privado a una campaña política en cualquier nivel electivo, así como la base de datos sobre aportes financieros de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a partidos Políticos y Candidatos se encuentran en condición de reserva a solicitud de la Unidad de Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos y sus Candidatos (UFTF).
Desde el año 2006, Honduras cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública, pero lastimosamente no se cumple porque en muchos casos es desestimada por la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales, que blinda la información pública hasta por 50 años.
