Tegucigalpa, Honduras.- El trabajo que está haciendo la Junta Proponente en el proceso de selección del séptimo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) para el periodo 2023-2028 inició su recta final el martes 26 de julio con la fase de entrevistas públicas a los 13 abogados que aspiran con llegar a la titularidad en la fiscalía.
En la fase de entrevistas públicas cada profesional del derecho tendrá 45 minutos para responder a preguntas relacionadas con la integridad personal y profesional, ética e idoneidad, capacidad técnica y, por ejemplo, sobre cuál es la estrategia que orquestaron para llevar las riendas del Ministerio Público en los cinco años siguientes.
Por ejemplo, el profesional del derecho Kevin Alessandro Solórzano Hernández, de 40 años, originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán, planteó que su idea, hipotéticamente se convierta en fiscal general, es modernizar los métodos de investigación y fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público porque actualmente se encuentra desfasado.
“Tengo dos objetivos, el primero es traer lo que es el uso de la tecnología a la fiscalía para implementarla en los métodos de investigación porque, disculpa que lo diga así, pero estamos en pañales, hay métodos de investigación eficaces, pero los podemos mejorar”, planteó Solórzano uno de los cuatro abogados que no recibió tachas ni denuncias.
Agregó que “el personal debe de ser capacitado y las fiscalías que tienen duplicidad de funciones deben ser reorientadas porque hay fiscalías que podrían operar como unidad, para de esa forma darle más fuerza, por ejemplo, a las fiscalías que están vulnerables y combaten la criminalidad y corrupción”.
En tanto, el actual comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Julio Vladimir Mendoza, si logra ser electo por el Congreso Nacional como fiscal general del Ministerio Público, reconoció que la fiscalía actualmente se encuentra en precarias condiciones administrativa, pero planteó que la manera de salir a flote es contratar personal capacitado.
“Sabemos de la precariedad del Ministerio Público; de la falta de liderazgo del actual fiscal general (Óscar Fernando Chinchilla) que no llega a trabajar no sé por qué, el cambio será difícil, pero contratando personal, implementado nuevos métodos de investigación se podrá tener una fiscalía a la medida del pueblo”, mencionó.
Este miércoles serán entrevistados Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya Álvarez, Kevin Alessandro Solórzano, Julio Bladimir Mendoza, Yuri Fernando Melara Berlioz, Félix Coca González y Carlos Cálix Hernández, el resto (6) enfrentarán a los integrantes de la Junta Proponente hasta el 27 del mismo mes.
Al concluir la última fase del proceso, los integrantes de la Junta Proponente, que es encabezada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel Obando, tendrán que hacer la evaluación de los postulantes y, el primero de agosto de 2023 entregar la nómina de los mejores cinco al Congreso Nacional.
Una vez el Congreso Nacional tenga la nómina de los cinco mejores calificados, en una elección de segundo grado, escogerá a los dos abogados que asumirán a partir del 1 de septiembre los cargos que actualmente ostentan Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sabrián (adjunto).
El principal reto que tendrá el séptimo fiscal general de Honduras será romper con la hegemonía de impunidad y corrupción que ha venido arrastrando la fiscalía en la última década, gracias a la complicidad de las autoridades que han sido uno de los brazos fuertes de la clase política y económica.
POSTULANTES INHABITADOS
En la primera fase de este proceso, que inició el 20 de junio y terminó el 27 del mismo mes, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).
Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto y tampoco contó con el certificado de estar inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, lo equivalente a la segunda fase de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes está maniatado porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
Después inició la tercera fase del proceso: pruebas toxicológicas, patrimoniales y psicométricas, mismas que se hicieron de manera paralela mientras los abogados denunciados tuvieron el tiempo para desvirtuar las denuncias interpuestas en su contra.
Luego de los resultados de las pruebas toxicológicas y proceso de tachas y denuncias quedaron fuera del proceso los abogados: Plinio Leonel Consuegra, Olga Janeth Flores, Marco Antonio Zelaya Reyes, Omar Bonilla, Luis Javier Santos, Rita Ondina Núñez y Juan Rafael Soto.
De ese número saldrán los dos profesionales del derecho que, según la evaluación que hará la Junta Proponente, cumplen con el perfil idóneo fijado en la Constitución de la República para ostentar los altos cargos de la fiscalía.
