Comunidades de Valle y Choluteca buscan sensibilizar y visibilizar daños ocasionados por energía fotovoltaica

Los departamentos de Valle y Choluteca, en la zona sur de Honduras, han sido afectados por la instalación inconsulta de proyectos de energía fotovoltaica, aprobados de manera ilegal hace más de una década en el Congreso Nacional como parte de una escalada privatizadora de la energía eléctrica.

Choluteca, Choluteca. –Pobladores de más de 20 comunidades pertenecientes a los departamentos de Valle y Choluteca, en la zona sur de Honduras, buscan revertir las afectaciones provocadas por la puesta en marcha de varios proyectos de energía fotovoltaica, instalados de manera inconsulta, abusiva e ilegal.

La problemática, que implica daños ambientales, frecuentes apagones, altos costos en el precio de la energía, en manos del sector privado, y ahora demandas internacionales en contra del Estado, surgió a raíz de que el 20 de enero de 2014, en el Congreso Nacional, se aprobaran, 67 decretos y 100 proyectos de energía renovable, entre estos 23 de energía fotovoltaica en comunidades de los departamentos sureños.

Esta aprobación se hizo una vez finalizado el periodo de sesiones en el Poder Legislativo, por lo que se considera un acto de corrupción que involucró a los directivos del Congreso Nacional e hizo que el Ministerio Público abriera un proceso de investigación, que aún sigue en proceso.

Esta situación conllevó a que los afectados emprendieran diferentes acciones y acudieran a diferentes instancias sin lograr, hasta el momento, sus propósitos, por lo que ahora han llegado a la conclusión que la única forma de conseguir algo concreto es visibilizar y sensibilizar a la población en torno a los daños que emergieron, de modo que las comunidades puedan tomar decisiones y acciones al respecto.

Con ese propósito se desarrolló el “Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos del sur de Honduras: “Sin derechos humanos, no hay soberanía energética”, espacio en el que se debatió durante tres días las consecuencias de la instalación de los proyectos y los escenarios a futuro.

A partir de 2010, el gobierno de aquel entonces, liderado por el nacionalista Porfirio Lobo Sosa, prometió, además de revertir la matriz energética— mayormente generada por fuentes fósiles (70%) a energía renovable (30%)—, reducir los altos precios de la energía en los hogares de los hondureños y promover la participación comunitaria en la toma de decisiones y en la distribución de los beneficios. Sin embargo, ninguna de las promesas se ha cumplido.

“Deberíamos tener mejores condiciones hoy, si estamos hablando de una transición de energías que habían sido fósiles, a una energía más renovable. Sin embargo, lamentablemente, la transición no ha sido ni justa, ni democrática, ha sido lo contrario, con mucha violación a los derechos humanos”, fustigó, Rony Castillo, activista garífuna y líder de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

Castillo, quien fue panelista del encuentro comunitario, apuntó que inicialmente se creía que la energía renovable iba a ser más barata, más amigable con el medio ambiente y accesible para todos los hondureños, pero fue todo lo contrario.

A su juicio, la verdadera transición energética, debería pasar por un cambio de modelo, que implique pasar, el desarrollo de los proyectos, de manos del sector privado a los territorios.

No puede haber transición, si no hay consulta y, si no hay consulta se violan los derechos, entonces nunca vamos a tener una soberanía energética: Rony Castillo.

El activista garífuna reflexionó que un importante número de proyectos de energía, minería y otros de la industria extractiva se han instalado en las comunidades indígenas y garífunas, sin consultar a sus poblaciones. En ese sentido, pidió a los presentes saber diferenciar los procesos que se originan en el marco de la ejecución de los proyectos extractivos, porque una cosa es la socialización, lo que generalmente se hace en las comunidades y, otra, la consulta, que nunca se implementa y que es lo que debería hacerse.

Bajo esa lógica, señaló que la discriminación hacia los pueblos se refleja en el carente servicio de energía eléctrica que hay en el departamento de Colón, específicamente en las comunidades garífunas de los municipios de Iriona y San Francisco Bulnes donde aún no hay energía, pese a ser un derecho humano, según la reforma eléctrica de 2022.

La energía se ha convertido en un negocio

Según las valoraciones de Rony Castillo la energía se ha convertido en un negocio que ha sido impulsado desde el Congreso Nacional con la aprobación de leyes a favor del sector privado, bajo el modelo neoliberal.

“Lo que pasa es que cambia de manos, porque los que producen energía sucia, ahora son los que producen energía limpia”, reflexionó Castillo, quien a la vez concluyó que esa dinámica se da porque la energía es vista únicamente como un negocio.

La postura de Rony Castillon fue compartida por Luciana Ghiotto, investigadora asociada del Transnational Institute (TNI), quien rememoró que mientras en Honduras se aprobaban, de manera masiva e irregular, contratos de energía renovable (2014), en Paris (Acuerdo de Paris 2015) se hablaba de evitar el calentamiento global y la expansión de las energías renovables.

Ghiotto recordó que, a partir de 2015, se originó en Honduras un auge de la energía solar con 17 parques solares, 16 de los cuales se instalaron en la zona sur, sin el objetivo de la democratización sino para ganancias de las empresas, “ganancias brillantes, porque sus ganancias brillan más que el sol de la zona sur de Honduras”.

La panelista recordó que el negocio de la energía en Honduras obedece a los incentivos propiciados por los mismos gobiernos. Para el caso, recordó que, en 2014 se estableció un incentivo de 0.18 centavos de dólar por kilovatio hora producido, mientras el promedio en la región era de 0.11 centavos, convirtiéndose Honduras en un lugar atractivo para las empresas internacionales y para las elites locales.

Para Fernando Pérez, del colectivo GeoComunes de México, la energía ya no es un simple negocio local, sino un sistema regional que comenzó a articularse desde 1990 y que se instauró en el 2014 con la puesta en marcha del Sistema de lnterconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

Inicialmente, el SIEPAC prometió la integración energética, para balacear los sistemas en la región. Sin embargo, su fin era el establecimiento del mercado regional en manos privadas con el financiamiento de la banca internacional, cuestionó Pérez.

“Este proceso privatizador, no sólo es local aquí en Honduras, es una ola que ha venido arrastrándose, teniendo consecuencias en la región para los pueblos en los últimos 30 años”, expresó el activista de los territorios.

En su presentación, Pérez, destacó que en 2019, el 70% de la generación de energía eléctrica en la región estaba en manos de empresas privadas. Asimismo, que de las 173 plantas conectadas al SIEPAC, en 2019, 131 eran privadas.

Promesas incumplidas y las demandas contra el Estado

Con la promesa de revertir lo ocurrido en el Congreso Nacional, en 2014, con la aprobación ilegal de los contratos de energía, el actual gobierno de Xiomara Castro impulsó, en mayo de 2022, una reforma energética que incluyó la renegociación de 18 contratos y la no renovación del contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), que administraba la distribución de energía bajo un acuerdo público-privado.

En respuesta, a las acciones de la administración Castro, las transnacionales involucradas en la generación de energía interpusieron demandas en contra del Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), por 1.600 millones de dólares (más dinero de lo que la Secretaría de Energía dice que las reformas ahorrarán al pueblo hondureño). Entre los demandantes se encuentran Scatec ASA y Norfund, inversionistas de los proyectos solares Los Prados (Namasigüe) y Agua Fría (Nacaome) en Choluteca y Valle, respectivamente, quienes sustentan sus demandas en tratados de libre comercio, acuerdos de inversión y la Ley de Inversiones de 2011.

No ceder al chantaje internacional

Luciana Ghiotto recordó que, pese a que Honduras se retiró del CIADI, eso no significa que el Estado no sea demandado porque existen otros centros de arbitraje internacional, por lo que pueden surgir otras demandas. En ese sentido aconsejó al Estado hondureño que para evitar “más chantaje internacional” no firme nuevos tratados de libre comercio con ningún otro país, incluyendo el de China que está en proceso de negociación.

También sugirió que no se firmen nuevos tratados de protección de las inversiones y derogar los existentes y la Ley de Inversiones de 2011 e impulsar, con los países centroamericanos, una renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA), aunque admitió que no es el mejor momento para este proceso.

Financiamiento internacional: sistema privatizador

Los proyectos de energía solar y eólica en Honduras son financiados por organismos internacionales a favor de inversionistas locales con mucho poder, que promueven el sistema neoliberal y capitalista, con el objetivo de privatizar los bienes comunes y recursos naturales, lo que atenta contra la democracia de los pueblos.

El esquema de privatización es gestado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), precisó Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, quien a la vez citó como parte de los financiadores de los proyectos de energía eléctrica a Norfund (financiador del proyecto de energía solar Los Prados), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos que otorgan préstamos a bancos comerciales hondureños.

La defensora de derechos humanos recordó que, entre 2012 y 2014, en Honduras, se implementó una estrategia orientada a privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), como parte de las recomendaciones del FMI, bajo el argumento de la estructuración económica y la liberalización del sector.

Añadió que al FMI se unen el BM y BID. En resumen, tres instancias multilaterales promotoras del financiamiento de los proyectos de energía eléctrica en Honduras y de las cuales Estados Unidos es el mayor accionista, por lo que la nación del norte promueve los intereses económicos de las empresas de su país en inversiones eléctricas.

Bajo este esquema el Estado ha perdido el control de la generación de la energía eléctrica. Sin embargo, existen algunas alternativas como la iniciativa de la comunidad lenca en el departamento de Intibucá (occidente) y la de los garífunas en Vallecito, en el departamento de Colón (litoral atlántico) con la instalación de proyectos comunitarios de energía solar, anotó, Karen Spring, en tono de esperanza.

Impactos en las zonas afectadas y los engaños

Durante las jornadas comunitarias se desarrolló el desplazamiento a las comunidades donde se encuentran instalados los proyectos de energía solar. Las visitas se realizaron en las comunidades de Los Carrizos, en el municipio de Choluteca y Los Prados y Costa Azul, en Namasigüe, Choluteca. Asimismo, a la comunidad de Agua Fría, en Nacaome, Valle.

Los pobladores, que se reunieron en presencia de las organizaciones convocantes que trabajan en la defensa de los derechos territoriales, derechos humanos y protección del ambiente, expusieron los efectos negativos que se están registrando a raíz de que se instalaron los proyectos en la zona, entre los que citaron: altas temperaturas, problemas de salud como hipertensión, asma e incluso un incremento en la prevalencia de cáncer de piel.

La visita se realizó el martes 15 de julio y efectivamente, durante esta cobertura periodística se constató una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, en horas del meridiano, con una sensación térmica de 39 grados, lo que marcó la desesperación de los presentes ante una temperatura extrema, sin viento, por la ausencia de vegetación.

En las exposiciones los habitantes de Agua Fría, afectados por los proyectos desarrollados por Solar Power S.A. (Soposa) y la Compañía Generadora de Energía Solar, S.A. (Cohessa), señalaron que previo a la instalación de los proyectos nunca se les informó de qué se trataba la inversión, incluso, llegaron a pensar que a la zona llegarían las maquilas.

Esta confesión reafirma que para la instalación de estos proyectos nunca hubo un proceso de socialización.

Asimismo, contaron que donde se instaló el proyecto Nacaome II, se hizo un importante descombro, eliminando la vegetación nativa que, en su mayoría, está compuesta por arbustos de morros y jícaros (calabazas aladas). Precisaron que como parte de la implementación del plan de manejo se hizo la reforestación en una propiedad, retirada de donde se hizo el descombro, perteneciente una familia terrateniente de la zona.

German Chirinos, coordinador del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), recordó que los proyectos fotovoltaicos se instalaron con la promesa de establecer una transición energética, pero lo que ha existido es un engaño, pues no es cierto que haya energía de calidad porque desde que los proyectos comenzaron a ser instaladas, a partir del 2014, no hay energía de calidad, ni tan poca energía más barata y mucho menos generación de empleo.

Chirinos lamentó, además, que, pese a que el actual gobierno declaró la energía eléctrica como un derecho humano, existan comunidades, ubicadas a dos kilómetros de los proyectos, sin acceso a la electricidad o se sigan reportando apagones de hasta tres días consecutivos.

En cuanto al precio, dijo que este se ha triplicado y si existe algún beneficio es para aquellos hogares que consumen 150 kilovatios de energía al mes o menos, que son beneficiados con el subsidio establecido por el gobierno, pero no por efectos de los proyectos.

En medio de la charla, algunos lideres de patronatos comentaron que las empresas lo que aportan a las comunidades son algunas dádivas, como piñatas durante la celebración del Día del Niño o canastas familiares para el Día de la Madre u otros pequeños aportes como reparaciones escolares y en los centros de salud.

En cuanto al empleo, un informe de MASSVIDA establece que la generación en el municipio de Nacaome, fue de 1,850 puestos de trabajo durante el periodo de construcción de los proyectos, es decir, entre seis y ocho meses. Los únicos empleos permanentes en la actualidad, amplió el coordinador de MASSVIDA, son 18, distribuidos entre guardias de seguridad, chapeadores y en el área de aseo.

Chirinos expuso, además, que los cabildos abiertos que se han realizado, en el marco de los proyectos del departamento de Choluteca, han sido manipulados por los alcaldes, quienes convocan a los activistas de sus partidos, ignorando la participación de los pobladores.

Mientras los inversionistas de la energía solar ensanchan sus ganancias, en Choluteca y Valle, se registra el desplazamiento y migración de sus pobladores, ante los efectos adversos del cambio climático, incluso, muchos han huido por la persecución, como ha ocurrido en Los Prados y Costa Azul donde se registra gente desplazada, asesinada y criminalizada.

Actualmente, hay siete personas criminalizadas acusadas por el delito de usurpación. Entre tanto, los proyectos extractivos en la zona avanzan, incluyendo la minería, pese a que en algunas de las comunidades sus territorios han sido declarados libres de minería.

El encuentro comunitario fue convocado por organizaciones nacionales e internacionales: la Red de Abogadas Defensoras de los Derechos Humanos (RADDH), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), Cáritas Honduras, el Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos (IPS), la Red de Solidaridad con Honduras (HSN), el Instituto Transnacional (TNI) y TerraJusta.