Tegucigalpa. –Haciendo valer la sentencia de Vicky Hernández, la comunidad LGBTI de Honduras presentó este viernes una iniciativa de ley para el reconocimiento legal del cambió de nombre de las personas trans, mediante el mecanismo de participación ciudadana.
La iniciativa contempla una reforma a la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP) y su reglamento, con el objetivo de reivindicar el derecho al nombre por identidad de género.
La iniciativa, consta de tres tomos, 783 hojas debidamente foliadas con 4,434 firmas, mismas que serán remitidas al RNP para su verificación y darle el trámite legal a la solicitud.
Lea también: CorteIDH condena al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández
Los documentos fueron entregados a la secretaría general del Congreso Nacional por 20 organizaciones de la diversidad sexual y fue recibida por el secretario del Congreso, Tomás Zambrano.
El reclamo del derecho de la comunidad LGBTI se da en un contexto de violencia hacia este grupo poblacional derivado de la campaña electoral, ya que sectores conservadores y fundamentalistas han arremetido contra el plan del gobierno de la candidata del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, por haber incluido en su plan de gobierno el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual.
Desde el 2004, en Honduras se han registrado hasta la fecha al menos 416 crímenes contra miembros de la comunidad LGBTI, según el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas.
SENTENCIA DE LA CorteIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Honduras el pasado 28 de junio por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero asesinada en el marco del toque de queda instaurado en 2009 por las fuerzas públicas durante el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.
La sentencia se dictó el Día Internacional del Orgullo LGBTI y el décimo segundo aniversario del golpe de Estado de 2009.
En su sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans, trabajadoras sexuales.
El Tribunal también determinó que, al haber sido asesinada y durante la investigación del homicidio, así como por el marco jurídico general de discriminación, se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género de Vicky Hernández.
En tal sentido, la sentencia de la Corte-IDH, además de la reparación por el crimen y exigir la investigación de este y otras medidas, estableció, la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida.
Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del «Colectivo Unidad Color Rosa». La noche del 28 de junio de 2009, Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de la norteña ciudad de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado de ese día.
Una patrulla de la Policía Nacional habría intentado detenerlas. Debido al contexto de violencia del que eran víctimas por formar parte de la comunidad LGBTI, Vicky y sus amigas intentaron huir por diferentes vías. Al día siguiente Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Hasta el día de hoy su muerte no ha sido aclarada por las autoridades hondureñas y el caso permanece impune.
