Por: Redacción CRITERIO
Un informe preliminar de Transparencia Internacional (TI), presentado el pasado 8 de junio prometía que para mediados de julio, revelarían que en el Ministerio de Educación, además de la sobrevaloración de un lote de computadoras, se registraba una compra “fantasma”, por más de 9 millones de lempiras, en la adquisición de 84 pizarras inteligentes, que no aparecían por ningún lado, pero en el informe que se presentó hoy, las pizarras tampoco aparecieron.
Grandes falencias, enormes irregularidades en la compra de bienes y la desmitificación de los tan cacareados 200 días de clase, refleja el informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Transparencia internacional (TI).
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Los procesos de compras y contrataciones de la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones, de falta de transparencia. El trabajo realizado a partir del año 2012 ha permitido identificar procesos sospechosos llenos de irregularidades.
En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones informáticas, como parte del Programa Ampliando Horizontes /PAH), se observó una situación irregular, ya que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT) y Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN).
La Secretaría de Educación (SE), además de reportar las irregularidades al Ministerio Público solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas, quien hasta la fecha no ha hecho nada al respecto.
El informe establece que los ejes de estudio fueron Compras y Contrataciones, Gestión de Recursos Humanos, y Confiabilidad de Resultados, donde se seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones diferentes del Poder Ejecutivo.
Se escogieron dos tipos de bienes para la evaluación: computadoras y textos. Se seleccionó del universo de compras una muestra de procesos de compra de computadoras y de textos: 5 procesos de compra de computadoras y 4 de textos.
ASJ/TI solicitó a la SE los expedientes y demás documentación relacionada con los 9 procesos de compra que conforman la muestra y la secretaría solamente facilitó el 85.72% de la documentación, demostrando así la primera falla.
No hay evidencia que la SE haya realizado estudios de mercado para determinar el precio de los bienes, con el propósito de usarlos como referencia para el proceso de compra; la falta de precios de referencia de los bienes a adquirir en este tipo de procesos generó la compra de bienes sobrevalorados.
Como ejemplo, el informe cita que en el 2012 se compraron laboratorios móviles por un valor de L.224,220.00 ($11,416.50) a la empresa COSEM, S. de R.L., los cuales tenían un valor de mercado de tan solo L.103,224.11 ($5,255.81).
Para algunos bienes, las especificaciones técnicas fueron restrictivas y no brindaron igualdad de condiciones a todos los oferentes, limitando así la libre competencia, tanto así que para la adquisición de los 10 laboratorios multifuncionales interactivos, fueron tan restrictivas que solo la empresa De Lorenzo of América pudo cumplirlas.
Se encontró que en la evaluación a los oferentes, no se tomaron en cuenta aspectos indispensables para acreditar su solvencia económica, como ser: informes financieros, balances generales, estados de resultados, volumen de facturación, etc.
Se revela además, que la comisión de evaluación no se apegó a los criterios y al sistema de ponderación establecido en el pliego de condiciones, sino que calificó favorablemente el cumplimiento de ciertos requisitos cuando realmente no se cumplían, y alteró el contenido del pliego de condiciones para descalificar a una empresa y beneficiar a otra.
Otro ejemplo citado, en el proceso número 002-2010, se solicitó a las empresas REPRIMHSA y a “Sistemas Abiertos” que subsanaran la constancia de línea de crédito presentada, la cual debía ser por un monto igual o mayor al monto ofertado; ambas empresas subsanaron este documento, pero por montos inferiores, por lo que las subsanaciones no podían ser tomadas en cuenta; al final la subsanación de REPRIMHSA fue rechazada y la de Sistemas Abiertos sí fue aceptada.
Entrega y recepción de bienes
A las empresas que incumplieron con los plazos de entrega de los bienes, no se les aplicaron las multas establecidas en los contratos. Y se detalla que en los procesos 002-2010 y 003-2010, los contratos establecían un plazo de 35 días para la entrega de los bienes y una multa de un 1% diario sobre el monto total del contrato.
En estos procesos, las empresas entregaron los bienes con 35 y 70 días de retraso respectivamente, pero no se les aplicaron las multas; el Estado dejó de percibir en concepto de multas 388,753.33 ($17,671.00) Lempiras y L.7,356,300.00 ($334,337.00) respectivamente.
Se encontró que el director del PAH, quien intervino en la adjudicación, participó en la comisión de recepción de bienes, lo cual está prohibido por la ley.
Resultados de la evaluación en compra de textos
La evaluación basada en indicadores y criterios de verificación, realizada a los 5 procesos de adquisición de textos y material fungible, dio como resultado un bajo promedio de cumplimiento de apenas 35.26%.
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas, citando como ejemplo los procesos adjudicados a las empresas Multimegaprinter´s y COMEX quienes no presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones.
Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó la constancia de la DEI.
Otro acto irregular encontrado, es que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley, además los procesos y los contratos no contenían todas las cláusulas contractuales mínimas que exige la ley y en ninguno de los procesos, la administración remitió copia certificada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.
La empresa COMEX, no distribuyó los textos a todos los centros educativos y tampoco cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas de los textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón, pero a pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un bajísimo promedio de cumplimiento de tan solo 27.01%.
Se cae mito de los 200 días de clases
Sobre los 200 días clase, al igual que los otros temas, se solicitó a la Secretaría de Educación, toda información y documentación técnica que contenga el protocolo y/o la metodología utilizada donde se describen los objetivos, el plan operativo, la selección de la muestra, el área geográfica y el plan para la recolección de datos y validación de los mismos.
Además, se solicitaron tanto los Informes de días clase a nivel nacional y nivel departamental de los años 2013 a 2014 como el Informe de avance en la recolección de datos y validación a nivel nacional y nivel departamental de este año 2015.
Lamentablemente y a pesar del seguimiento dado a través de 3 reuniones, 3 notas, 5 correos electrónicos y 5 llamadas telefónicas, hasta la fecha de la elaboración de este documento, no se facilitó la información de parte de la Secretaría de Educación, sobre días clase en este informe, como tampoco análisis sobre los días clase.
Los resultados de cumplimiento obtenidos por la Secretaría de Educación, para los tres ejes de estudio, reflejan una baja calificación, derivada bien de la falta de obediencia a las normas, o la falta de documentación de respaldo que dé transparencia y confiabilidad a los procesos y mecanismos.
Esta situación genera preocupación, en especial considerando que los recursos económicos, humanos y estadísticos, con los cuales cuenta la Secretaría son limitados en relación a la demanda, por lo cual su gestión debe superar los niveles óptimos, a modo de cubrir las carencias existentes.
El pasado 8 de junio ASJ y TI anunciaron que en los próximos meses sacarían a la luz un informe donde la Compañía de Servicios Múltiples (Cosem), la misma que se menciona en el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), también estaba involucrada en compras amañadas en la Secretaría de Educación.
Así lo dejó entrever en aquella oportunidad, Kurt Alan Ver Beek, vicepresidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras.
Un informe preliminar de Transparencia Internacional (TI), presentado el pasado 8 de junio prometía que para mediados de julio, revelarían que en el Ministerio de Educación, además de la sobrevaloración de un lote de computadoras, se registraba una compra “fantasma”, por más de 9 millones de lempiras, en la adquisición de 84 pizarras inteligentes, que no aparecían por ningún lado, pero en el informe que se presentó hoy, las pizarras tampoco aparecieron.
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