Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Como «un hecho repudiable» califica the dialogue.org en un informe presentado por Catharine Christie, Edison Lanza y Michael Camilleri, titulado «COVID-19 Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS AMÉRICAS» el hecho que el periodista, David Romero, director de Radio Globo, haya muerto en una prisión, después de contraer Covid-19.
De acuerdo con el informe, Covid-19 y la Libertad de Expresión en las Américas, durante la emergencia del Covid-19 muchos gobiernos criminalizan la libertad de expresión a través de disposiciones legales que intentan limitar las críticas o la divulgación de informaciones relativas con la pandemia mundial.
El informe, publicado por El Diálogo, Liderazgo para las Américas, indica que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declaró la emergencia de salud pública el 10 de marzo y que el 16 de ese mes, emitió el decreto de emergencia, PCM- 021-2020, que restringe la libertad de expresión, asociación, reunión y movimiento. Asegura que, en respuesta a la presión popular e internacional, el gobierno modificó ese decreto el 21 de marzo y emitió el PCM- 022-2020 para restablecer la libertad de expresión tal como está consagrada en la Constitución de la República.
“Sin embargo, el gobierno no permitió que periodistas acreditados se movilicen libremente durante el toque de queda hasta el 5 de abril”, detalla el informe que, además, califica como episodio repudiable, que el periodista, David Romero, director de Radio Globo y Globo TV, haya muerto en una prisión, después de contraer Covid-19.
Romero guardaba prisión en un batallón militar purgando una pena de 10 años por los delitos de difamación y calumnia y falleció el 19 de julio por complicaciones de Covid-19. El periodista era férreo crítico del gobierno actual, y pese a que organismos internacionales de derechos humanos solicitaban su liberación, el “estado hondureño no cumplió con las medidas de precaución emitidas por la CIDH recomendando la suspensión de su sentencia”, expresa el estudio.
Asimismo, señala que el gobierno de Bolivia emitió una serie de decretos tendientes a criminalizar el discurso que según ellos “desinforme o genere incertidumbre en la población”, los que fueron derogados por la presión internacional, el 14 de mayo de forma total o en sus partes más relevantes. Sin embargo, indica que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declaró el 15 de abril, que habían arrestado a 67 actores políticos, de los que 37 fueron condenados, por llevar a cabo movimientos de desestabilización y de desinformación lesivos para la salud, delitos que tienen penas de dos a diez años de prisión.
Entre tanto, Argentina, anunció más de una docena de procesos penales, incluyendo a una persona de 21 años que envió un tweet conteniendo la palabra saqueo. El estudio dice que hay restricciones directas e indirectas a la cobertura de la pandemia y que los esfuerzos de la prensa y otros actores, incluyendo la comunidad médica, por proveer información al público acerca de la pandemia del Covid-19 les ha ocasionado amenazas, intimidación, obstáculos legales y violencia física por parte de funcionarios de gobierno argentino.
El documento, menciona que, en Venezuela, el gobierno ha detenido a periodistas y médicos que publican información sobre la expansión del virus o cuestionan la respuesta del gobierno a la enfermedad. Señala que el periodista Darvinson Rojas fue detenido el 21 de marzo por la unidad de Fuerza de Acciones Especiales (FAES) debido a su cobertura del coronavirus y fue dejado en libertad condicional después de 13 días, pero enfrenta cargos de promoción del odio.
La FAES también arrestó a Julio Molino, líder de un sindicato médico, luego de que éste criticara los faltantes de equipamiento médico en hospitales. “Molino habría sido acusado de incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento” señala el informe.
Asimismo, el documento dice que el gobierno de Cuba ha usado el Decreto 370 para someter a por lo menos 30 periodistas a interrogatorios y confiscarles equipos de trabajo. Afirma, que 20 de ellos fueron multados a cambio de no ser enviados a prisión y que siete activistas de la sociedad civil fueron encarcelados por violar este decreto.
De igual manera, puntea que, en El Salvador, a comienzos de abril, el Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, condenó la destrucción por parte de las Fuerzas Armadas del equipo de trabajo de periodistas, Reportando sobre la Pandemia. Señala, que el decreto que le dio vida al estado de emergencia el 15 de marzo obligando a la población a quedarse en su casa incluyó a los periodistas y fue hasta el 2 de abril que lo modificaron para permitir a la prensa moverse libremente.
Asevera el informe, que la Asociación de Periodistas de El Salvador continuó reportando dificultades para hacer su trabajo libremente, como sucedió el 18 de abril, cuando soldados y policías impidieron que un periodista les diera cobertura a las medidas de prevención locales, a pesar de que portaba su credencial.
Sobre Nicaragua, el informe detalla que cuatro miembros del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua fueron despedidos repentinamente, el 23 de abril, como una medida para silenciar voces críticas del sistema de salud.
El estudio, expresa, que los médicos en Nicaragua temen hablar abiertamente sobre las condiciones de los hospitales públicos y que, como referencia se puede mencionar que en junio pasado Human Rights Watch reportó que las autoridades nicaragüenses habían despedido a por lo menos diez profesionales de la salud aparentemente en represalia por haber expresado preocupación acerca del manejo de la crisis por parte del gobierno.
Menciona que, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro realizó 32 ataques verbales contra periodistas y medios de comunicación entre enero y marzo y que seguidores del mandatario también han hostigado a periodistas fuera del Palacio da Alvorada en Brasilia. Alega, que el 3 de mayo, varios comunicadores fueron atacados, insultados y expulsados por manifestantes de una movilización a la que asistió Bolsonaro.
También relata, que un médico infectólogo recibió amenazas de muerte por parte de seguidores del presidente brasileño, tras publicar una investigación contraria a la eficacia de la hidroxicloroquina, medicamento promovida por Bolsonaro para el tratamiento del Covid 19.
De igual manera, dice que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado a medios nacionales y extranjeros que cuestionan el manejo oficial de la pandemia, mientras que el de Estados unidos, Donald Trump atacó a los medios en una conferencia de prensa realizada en abril, llamándolos deshonestos por su cobertura y manejo de la crisis. Enumera que, en esa ocasión, Trump declaró que los periodistas dañan a su país y que entre el 16 de marzo y el 15 de mayo, el presidente estadounidense confrontó con al menos ocho periodistas.
Según el estudio, el 21 de marzo, el presidente Alejandro Giammattei de Guatemala, declaró públicamente que desearía poner a la prensa en cuarentena y que su par de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó a los medios de difundir noticias falsas.
Despidos
El estudio relata que la pandemia del Covid 19 ha sido una amenaza latente para los periodistas, que no solo resultaron afectados por las disposiciones gubernamentales y por el contagio de la enfermedad, sino también por el desempleo que provocó la emergencia. Enumera que, en Ecuador, 35 trabajadores del periódico La Hora fueron despedidos y que, en Chile, hubo despidos masivos de trabajadores de la prensa en TVN, Mega, La Red y El Mercurio, mientras que en Colombia, el Grupo Semana despidió a 250 periodistas; en Uruguay, la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) informó que más de 200 periodistas habían sido despedidos de periódicos y estaciones de radio y televisión en todo el país.
Indica que, en Brasil, el periódico de Río de Janeiro o Día redujo los salarios de sus empleados en un 25 por ciento desde marzo, medida que también aplicó el diario, O Estado de S. Paulo, en mayo. Y el periódico colombiano El Espectador, fundado en 1887 podría convertirse en un semanario por problemas económicos agravados por la pandemia.
Sostiene que, en Puebla, México, cinco medios de comunicación redujeron los salarios entre 20 y 50 por ciento debido a la pandemia. Y también en México, La Crónica de Hoy, Crónica Hidalgo y Crónica de Jalisco, parte del Grupo Crónica, cerraron sus ediciones impresas el 1 de abril.
Asimismo, asevera que el 13 de julio, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe denunció los despidos masivos de trabajadores de prensa en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
