TEGUCIGALPA.- El general Leandro Osorio dice que sus problemas comenzaron el 31 de enero de 2014 cuando lo enviaron a allanar un laboratorio de drogas en la pequeña aldea montañosa de Iguala en la occidental provincia de Lempira, en Honduras.

En la neblina de la madrugada, su unidad especial de investigación policial sorprendió a dos colombianos apenas despiertos, los arrestó y confiscó varias armas y 6,000 plantas de marihuana y heroína. Dos meses después, Osorio dijo que se enteró de que los colombianos habían sido liberados después de la intervención de un influyente abogado de la cercana ciudad de Gracias llamado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, e inmediatamente huyeron del país.

A pesar de trabajar para un pequeño bufete provincial, Hernández no era un abogado cualquiera. También era miembro del congreso y hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. «Qué casualidad. No sé cómo los sacó, por arte de magia», dice Osorio, de 55 años.

Hernández es sometido a juicio en la corte federal de Nueva York desde este miércoles acusado de ser un «importante narcotraficante violento» que sobornó a altos funcionarios hondureños para contrabandear con tranquilidad envíos de cocaína de varias toneladas, y presuntamente obtuvo influencia política tras invertir millones de dólares en las campañas electorales de los candidatos gobernantes del Partido Nacional, incluyendo las de su hermano.

Tony Hernández se declaró inocente de los cargos. El presidente Hernández, quien es un co-conspirador no acusado en el caso, también ha negado rotundamente cualquier relación con el dinero ilícito procedente de las drogas.

La redada en el laboratorio de drogas de 2014 fue sólo uno de los numerosos ejemplos de cómo los políticos hondureños intervinieron en casos criminales relacionados con narcotraficantes desde hace varias décadas, frustrando el trabajo de un honesto equipo de policías, militares y fiscales que arriesgaron sus carreras, y a menudo sus vidas, para combatir el narcotráfico. Como resultado, la corrupción del narcotráfico anduvo rampante durante años y el poder judicial hondureño no pudo procesar ni un sólo caso importante de narcotráfico.

En el caso de Tony Hernández, los fiscales estadounidenses dicen que su participación en el narcotráfico comenzó a principios de 2004. Pero nunca enfrentó cargos en Honduras a pesar de la creciente evidencia recopilada por funcionarios hondureños, según múltiples fuentes de las fuerzas del orden hondureñas que hablaron con Noticias Univision.

Al final, la policía estadounidense se vio obligada a intervenir y hacerse cargo de enjuiciar a los presuntos traficantes, como Tony Hernández, quien finalmente fue arrestado en Miami en noviembre pasado.

«Este juicio es la culminación de mucho trabajo duro por parte de mucha gente», dijo el ex embajador de Estados Unidos, James Nealon, quien prestó servicios en Honduras desde 2014 a 2017 en un momento en que se estaban acelerando los esfuerzos estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.

«Se ha hecho el esfuerzo paralelo de intentar fortalecer las instituciones hondureñas para que, en el futuro, los casos de corrupción y narcotráfico puedan llevarse a juicio en Honduras, como hemos comenzado a ver», añadió, refiriéndose a una gran cantidad de nuevos casos de corrupción que están siendo manejados por fiscales en Honduras, con el respaldo internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el caso de Osorio, su carrera fue cuesta abajo después de la redada en el laboratorio.

Dos meses más tarde lo sacaron de la unidad de investigación, sin ninguna explicación. «Me pusieron en otra oficina, prácticamente como un adorno, sin una secretaria», le dijo a Noticias Univision.

Se vio obligado a jubilarse prematuramente el año pasado como parte de una purga y reestructuración de la policía respaldada por Estados Unidos, a la cual muchos le atribuyen la limpieza de la fuerza, aunque nunca fue acusado de ningún delito. También lo despojaron de su visa estadounidense, lo que indica que los funcionarios estadounidenses ya no confiaban en su honestidad.

Pero mantiene que cualquier mancha en su historial no es nada en comparación con lo que otros a su alrededor estaban haciendo. Al igual que muchos otros funcionarios, dijo que fue víctima de una cultura política que obligaba a los funcionarios a archivar los casos y guardar silencio, o arriesgarse a ser asesinados.

En diciembre de 2009, Julián Arístides González, el zar antinarcóticos de Honduras que algunos llamaban ‘la última gran esperanza’, fue asesinado en una emboscada en las calles de la capital, Tegucigalpa. Se cree que el asesinato lo llevaron a cabo agentes de policía contratados por políticos y narcotraficantes, aunque el caso sigue sin resolverse oficialmente.

Y dos años después, Alfredo Landaverde, asesor de seguridad y lucha contra el narcotráfico, también fue asesinado cuando unos sicarios en motocicleta le dispararon dentro de su automóvil en las afueras de Tegucigalpa. Según los investigadores, la evidencia en su caso, que todavía está bajo investigación, también ha implicado a importantes generales, políticos y narcotraficantes.

«Aquí la clase política ha estado involucrada en el crimen organizado. Nadie se metía con los narcos en este país», dijo Osorio. «Aquí los narcos tenían un mando a nivel nacional. Si alguien se metía con ellos, enseguida lo desaparecían», añadió.

Noticias Univision entrevistó a seis ex altos funcionarios policiales y militares, y otros dos aún en servicio activo, incluyendo tres generales y dos coroneles, quienes contaron historias similares sobre investigaciones infructuosas debido a la interferencia política.

«Tocó las estructuras no sólo de las Fuerzas Armadas, también la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, jueces y todo. Es una estructura enorme y grande que coludió todas las autoridades de nuestro país», dice Santos Rodríguez, un ex capitán del ejército hondureño de 45 años que participó en las misiones antidrogas.

Fue suspendido de las fuerzas armadas y luego dado de baja deshonrosa después de haber estado involucrado en la incautación en 2014 de un helicóptero vinculado a Tony Hernández.

Funcionarios estadounidenses dicen que él mismo era sospechoso de corrupción relacionada con el narcotráfico, pero nunca fue acusado.

Rodríguez ha luchado por limpiar su nombre, alegando que lo están castigando para encubrir la corrupción política. «Se reportaba de las actividades de diputados, de ministros y todo eso a lo que se dedicaban, y las Fuerzas Armadas nunca tomó las riendas del problema», dijo.

Irónicamente, una de las principales fuentes de información provino de ayudantes y los escoltas de seguridad militares y policiales, que viajaban por el país con los políticos.

Un oficial en servicio activo, quien pidió permanecer en el anonimato, recordó haber estado en el terreno realizando patrullaje antidrogas sin los recursos adecuados y tener que pedir prestados alimentos a los agricultores locales.

«Queríamos hacer la milla extra y hacer más operaciones de lo que esperaban de nosotros», dijo. «Enviamos informes. Nunca pasó nada. Siempre se quedó en el aire. Los informes se engavetaron», añadió.

Describió cómo otros policías lo tentaron con sobornos. » Me ofrecieron $150,000 por mirar hacia otro lado durante 15 minutos», dijo. «Capturamos a un mexicano una vez y nos ofreció $1 millón», añadió.

«Podía haber sido millonario y un gran terrateniente. Pero eso nunca me interesó. Me criaron con principios. La paz que tengo en este momento no tiene precio», explicó.

También dijo que tuvo problemas en su carrera cuando comenzó a descubrir indicios que vinculaban a Tony Hernández y otros políticos locales con narcotraficantes en la remota región de La Mosquitia en el este de Honduras en la costa atlántica.

Gran parte de sus esfuerzos fueron inútiles. Dos oficiales describieron que se destruyeron decenas de pistas de aterrizaje clandestinas con explosivos, pero que eran reparadas en cuestión de días por equipos de hombres armados con motosierras que cortaban troncos de pino y rellenaban los cráteres con sacos de tierra.

Sin embargo, en los últimos años dijeron que las operaciones mejoraron con la ayuda de informantes locales y la inteligencia proporcionada por la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que brindó inteligencia.

Los funcionarios estadounidenses comenzaron a darse cuenta de que tenían un gran problema en sus manos cuando la tasa de asesinatos se disparó en Honduras durante la primera administración de Barack Obama (2009-2013).

Para 2011, la tasa de homicidios alcanzó un máximo histórico de 86.5 por cada 100,000 habitantes, lo que convirtió a Honduras en el país más violento del mundo.

En enero de 2012, funcionarios estadounidenses y hondureños, entre ellos Juan Orlando Hernández, quien entonces era presidente del congreso hondureño, se reunieron discretamente en Miami para elaborar un acuerdo que permitiría, por primera vez, extraditar a ciudadanos hondureños de su propio país a Estados Unidos.

Pocos días después, tras una votación a mano alzada a puerta cerrada, el congreso hondureño aprobó una reforma al artículo 102 de la Constitución para permitir la extradición de personas acusadas de narcotráfico, terrorismo u otras formas de crimen organizado.

Funcionarios hondureños niegan haber sido presionados para que accedieran al acuerdo. «No creo que Estados Unidos tenga que presionar mucho a Honduras. Si Estados Unidos le dice a Honduras que quiere que se haga algo, Honduras no tiene mucha alternativa», dijo Patricio Navia, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva York, a quien los fiscales listan como testigo experto en el juicio de Nueva York.

«Cuando Estados Unidos les dice a algunos países latinoamericanos que hagan algo, hay algunos que no pueden decir que no y Honduras es uno de esos».

El involucramiento de Estados Unidos en Honduras tiene raíces profundas que se remontan a los primeros días de la llamada ‘ República Bananera’, cuando las compañías estadounidenses controlaban grandes plantaciones en la costa norte.

En la década de 1980, Estados Unidos financió una contrainsurgencia secreta contra el régimen izquierdista sandinista, encabezado por Daniel Ortega, en la vecina Nicaragua

Después de que entró en vigor el acuerdo de extradición, las ruedas de la justicia finalmente comenzaron a moverse. El 8 de octubre de 2012, Estados Unidos y Honduras firmaron un acuerdo secreto para crear una ‘Unidad de Investigación Sensible’, o SIU (por sus siglas en inglés) en Honduras.

El programa le permite a la DEA investigar y capacitar personal policial y militar local para su uso en operaciones enfocadas en narcotraficantes y carteles.

Se crearon otras unidades especiales para combatir el secuestro y la extorsión, así como un Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) respaldado por el FBI con una sofisticada tecnología de escuchas electrónicas para escuchar las llamadas telefónicas.

La DEA le atribuye a la SIU haber logrado algunas de sus mayores redadas. En Honduras los resultados fueron de gran alcance.

En septiembre de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones bajo la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero (conocida como Ley Kingpin) contra la familia criminal de Los Cachiros, incluyendo a los hermanos Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga. Las sanciones provocaron que los hermanos se entregaran la DEA en enero de 2015.

Posteriormente ese mismo mes, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue capturado por la DEA en Haití y luego extraditado a Estados Unidos para que enfrentara cargos de narcotráfico. Más tarde se declaró culpable y fue sentenciado a 24 años de prisión.

Fue acusado de utilizar su posición de privilegio político para actuar como intermediario entre la familia criminal de Los Cachiros y otros altos funcionarios gubernamentales que se confabularon para concederles contratos gubernamentales a las empresas ficticias de lavado de dinero de Los Cachiros, presuntamente como pago por contribuciones y favores realizados durante la campaña electoral de 2009.

Luego vinieron más casos. Desde el 2014 a la fecha, 25 hondureños vinculados a la narcoactividad han sido extraditados hacia Estados Unidos y al menos una docena más se entregó por voluntad propia.

A finales del año pasado, la tasa de homicidios había caído a 41.4 por 100,000 habitantes, menos de la mitad de la tasa máxima siete años antes, aunque todavía era una de las tasas más altas del mundo.

El ex jefe de la Policía Nacional, el general Juan Carlos Bonilla, le dijo a Noticias Univision que el papel de Estados Unidos era clave. «Ese momento fue un parteaguas,» dijo. «Llegó el momento oportuno cuando ya de una manera sincronizada articulada con el Departamento de Estado, con la DEA y un apoyo total de la embajada americana y de Colombia y México hicimos trabajos en conjunto con las autoridades del país», dijo.

«Sí es importante saber que se había hecho caso omiso a este flagelo y pareciera o parecía que había un contubernio. Y ese contubernio, pues, llegó a su fin… Como yo dije una vez, esto no va a ser su territorio», añadió.

Bonilla, conocido como ‘El Tigre’, dijo que la DEA tuvo acceso a los archivos policiales y de inteligencia de Honduras, incluyendo todos los informes ignorados sobre presuntos traficantes y sus amigos políticos. «Todos los informes fueron a la DEA. Lo recibieron todo», dijo.

Todo eso tuvo una conclusión de gran alcance en octubre de 2016 cuando funcionarios estadounidenses le informaron al presidente Hernández que su hermano era objeto de una investigación de la DEA. Unos días después, Tony Hernández voló a Miami para reunirse con funcionarios de la DEA como parte de una entrevista voluntaria. Más tarde se reveló que durante la entrevista, Hernández negó haber conocido a la familia de Los Cachiros, a pesar de que se le mostró en video la prueba de un encuentro.

Pero los funcionarios estadounidenses aparentemente carecían de los documentos legales que necesitaban para arrestarlo en el acto. Hernández regresó a Honduras y proclamó su inocencia.

Durante dos años, Hernández permaneció en libertad en Honduras, aunque renunció al congreso en 2017. Sin embargo, su hermano diseñó una reforma constitucional para postularse exitosamente a la reelección, lo cual provocó violentas protestas callejeras.

Quizás envalentonado por la supremacía política de su hermano, y aparentemente ajeno a su claro riesgo legal, Tony Hernández regresó a Miami en noviembre de 2018.

En esta ocasión su recepción fue diferente. Las evidentes mentiras que Hernández contó ese día resultaron en un cargo adicional de «falsas declaraciones a funcionarios federales» en su acusación.

El arresto de su hermano ha puesto al presidente Hernández en una situación difícil. Si la evidencia en el juicio demuestra que su campaña recibió dinero procedente de las drogas, como se alega, su futuro político podría verse en peligro. Incluso podría ser enjuiciado algún día, aunque goza de inmunidad mientras esté en el cargo.

El presidente Hernández señala sus logros en el cargo, entre ellos l a reducción de la tasa de homicidios de Honduras y la purga de 5,600 policías corruptos, incluyendo el 47% de todos los altos funcionarios.

«Por mi lucha contra el crimen organizado, soy sujeto a atentados y ahora a una campaña sucia de desprestigio liderada por narcotraficantes, mareros (pandilleros), policías corruptos y depurados, asesinos confesos, empresarios coludidos que financian a estos criminales y hasta políticos», dijo en un discurso a las Naciones Unidas la semana pasada. La oficina del presidente no respondió a una solicitud de entrevista con Univision.

Su cooperación con Estados Unidos es un arma de doble filo, dijo Eric Olson, un experto en Centroamérica del Wilson Center en Washington DC. «Quizás entregó las llaves del reino», dijo, refiriéndose a la aplicación de los esfuerzos anticorrupción, incluyendo la extradición. «Todo esto puede resultarle contraproducente», dijo.

La semana pasada, Hernández obtuvo una gran victoria cuando el presidente Donald Trump le estrechó la mano en las Naciones Unidas y lo elogió por hacer un trabajo «fantástico» después de firmar un acuerdo de asilo diseñado para ayudar a Estados Unidos a reducir el flujo de inmigrantes.

Pero Olson, y otros, se preguntan si ese apretón de manos podría convertirse en una vergüenza para Trump conforme se comience a escuchar la evidencia a poca distancia de la ONU en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

«Él [Juan Orlando Hernández] se ha arriesgado cada vez más, una de sus únicas protecciones es seguir cooperando con Estados Unidos. Si le da la espalda a Estados Unidos, es un muerto viviente».