Por: Julio César Hernández
Cifras presentadas por el Integrated Food Security Phase Classification (IPC) muestran que, entre marzo y mayo de 2022, alrededor de 7.2 millones de los 33.3 millones de personas que habitan los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) enfrentaron crisis o emergencia por inseguridad alimentaria (un 21.6% de la población total).
Tal como se observa en la siguiente gráfica, los países con un mayor porcentaje de la población afectada por crisis o emergencia alimentaria son Honduras (23.2%) y Guatemala (22.6%). Para el período de junio a septiembre de 2022, el IPC muestra que las personas en crisis o emergencia por inseguridad alimentaria incrementarán a 4.6 millones en Guatemala y a 2.4 millones en Honduras, lo que representa que una de cada cuatro personas de esos países atravesará esta situación.
Las personas que enfrentan crisis o emergencia por inseguridad alimentaria son personas que presentan brechas de consumo de alimentos que se reflejan en una desnutrición aguda alta o por arriba de lo normal —padecen hambre—, o que si bien logran un consumo mínimo de alimentos lo hacen agotando medios esenciales de subsistencia, a través de acciones como el consumo de los granos para la siembra, la venta de sus tierras, la venta o consumo de animales reproductores, acciones que hacen más precarias sus condiciones y debilitando su respuesta a próximas crisis o emergencias.
Una de las principales causas de la inseguridad alimentaria en los países del norte de Centroamérica es el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de su población. Esta situación se ha visto sumamente agravada por el aumento general de los precios durante 2022, derivado de factores provocados por la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.
Algunos efectos han sido: el debilitamiento de las cadenas de suministro y el encarecimiento del petróleo y sus derivados. Al comparar los precios entre julio de 2021 y julio de 2022, se observa una inflación del 7.4% en El Salvador[1], el 8.4% en Guatemala[2] y 10.9% en Honduras[3], siendo los alimentos y bebidas no alcohólicas uno de los rubros que muestran mayores incrementos: 12.7% en Guatemala y 16.5% en Honduras.
Ante esta situación, cabe recordar que los Estados están obligados a tomar medidas y a desarrollar programas concretos para garantizar la disponibilidad, calidad, pertinencia y acceso, tanto físico como financiero, a los alimentos. Estas acciones por ende conllevan a la planificación y ejecución de recursos dentro de los presupuestos públicos, con la obligación por parte de los Estados de destinar el máximo de recursos disponibles.
Para el caso de Guatemala, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en asocio con Save The Children, ha desarrollado una metodología para dar seguimiento a los recursos públicos destinados a la atención de la inseguridad alimentaria. En el Primer informe de monitoreo del presupuesto del Poasan y otras actividades relacionadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Icefi muestra que la Administración Central de Guatemala presenta a junio del 2022, un presupuesto vigente de Q11,637.6 millones para acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), lo que equivale a USD1,512.6 millones. El presupuesto público que Guatemala destina a la atención de la SAN representa el 1.6% de su Producto Interno Bruto, es decir que, de cada Q100.00 que produce su economía, Q1.60 se destinan a la atención de la SAN.
Asimismo, el informe muestra que del total del presupuesto público únicamente el 10.4% se orienta a acciones vinculadas a la SAN; dato que confirma la baja importancia que en dentro del presupuesto de Guatemala se le asigna a la atención de la inseguridad alimentaria y nutricional, considerando la gravedad de esta problemática.
En el informe se destaca que programas sumamente relevantes en SAN fueron recortados, como el programa de Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica (del Ministerio de Salud), al que se le redujeron Q59.6 millones (4.6%) y se le recortaron todas sus metas físicas, siendo el Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda (-51.0%) y la Atención por enfermedad diarreica aguda (-21.1%) las más afectadas.
El seguimiento realizado por el Icefi al gasto público que Guatemala destina a la seguridad alimentaria permite a las personas y organizaciones, tanto del sector público como de la sociedad civil, contar con información para evaluar los esfuerzos que realizan los Estados para garantizar el derecho a la alimentación adecuada y para cumplir con su obligación de proteger a todas las personas contra el hambre.
Es muy importante para las sociedades de los países del norte de Centroamérica contar con este tipo de información. Los Gobiernos deben generar y publicar información clara, fiable y entendible sobre el gasto público en SAN, especialmente en contextos económicos y sociales como el actual, en el que las crisis alimentarias se agudizan y los Gobiernos deberían de tomar medidas inmediatas para apoyar a la población más vulnerable.
[1] Ver Banco Central de Reserva de El Salvador en: https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?x21=73
[2] Ver Instituto Nacional de Estadística en: https://www.ine.gob.gt/ine/estadisticas/bases-de-datos/indice-de-precios-al-consumidor/
[3] Ver Banco Central de Honduras en: https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/publicaciones-de-precios/indice-de-precios-al-consumidor
