Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), esperaba que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, les dedujeran responsabilidades civiles, administrativas o penales por lo menos a los ex directores de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), según informó Alejandro Kaffati, representante de ese organismo de la sociedad civil.
Sin embargo, hasta hoy, esas entidades de operadoras de justicia “no han girado las debidas diligencias y por lo tanto, podrían catalogarse más como cómplices”, sostuvo Kafati, en un programa de la televisión nacional. Para él, las organizaciones de la sociedad civil han generado suficiente información de las compras realizadas en el marco de la emergencia del Covid-19 y sobre todo, de las acciones ejecutadas por Marco Bográn, ex director de INVEST-H y de Gabriel Rubí, es secretario de estado en los despachos de Gestión de Riesgos y director de COPECO.
Estos dos funcionarios son señalados de cometer diversas irregularidades en las compras de insumos, equipos medidores y demás contrataciones necesarias para hacerle frente a la pandemia del Covid-19.
En el caso particular de Gabriel Rubí, el Tribunal Superior de Cuentas dio a conocer a finales de abril pasado, que al revisar 17 cheques pendientes de pago, por valor de 16 millones 662 mil 388 lempiras, encontró inconsistencias de 4 millones 086 mil 448 lempiras. Entre la documentación auditada el TSC también encontró 105 cheques pagados por 49 millones 011 mil 281 lempiras con 21 centavos, que no concuerdan con los respaldos administrativos.
Sin embargo, vale mencionar que Rubí, también es diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional y ha regresado a ese Poder del Estado, que en los últimos años se ha dedicado al maquillaje de leyes con propósito de favorecer la corrupción.
Entre tanto, de Marco Bogràn la sociedad civil ha denunciado innumerables actos de supuesta corrupción derivada de la sobrevaloración de contratos de compras, la adquisición de equipos inservibles. Él es el responsable de la compra de los respiradores artificiales no aptos para el tratamiento de enfermos del Covid-19 y de las 250 mil pruebas PCR dañadas por falta de la cadena de frío.
Entre las compras de Marco Bogràn también cuentan los siete hospitales móviles comprados por 47.5 millones de dólares, de los que al país solo han llegado dos, pero que hasta hoy se muestran inservibles por las dificultades presentadas en su instalación una situación lamentable según la describe Kafati. Para él, estos hospitales móviles son adornos caros que compró el Estado de Honduras.
“Es una lástima que seis meses después de las compras realizadas los hospitales móviles todavía no sean una solución al tema de la hospitalización y que no estén funcionando”, expresó.
Y cuestionó, que tampoco la ciudadanía tenga acceso a mayor información sobre los cinco hospitales móviles restantes, pese a que en agosto pasado una comisión que viajó Turquía para verificar la construcción y el estado de esos modulares.
A finales de agosto pasado, dos ingenieros de INVEST-H y una capitana de las Fuerzas Armadas viajaron a Turquía con la supuesta misión de supervisar la construcción de los cinco hospitales que todavía no llegan a Honduras pese a haber sido pagados en su totalidad en al mes de abril.
El 31 de agosto, mediante un comunicado, INVEST-H informó que el hospital que supuestamente va a ser instalado en Choluteca estaba en proceso de embalaje, que el de Santa Rosa de Copán también estaba terminado, pero no dieron a conocer nada sobre los otros tres.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, denunció en junio pasado que solo en la compra de estos siete hospitales, contratados con la empresa estadounidense, Elmed Medical Systems, los funcionarios del gobierno confabulados con empresarios, se habrían robado 680 millones de lempiras.
