La creación de una nueva normativa penal y acciones legales contra actuales diputados y diputadas que aprobaron el Código Penal, son parte de las recomendaciones de la comisión que analiza la aprobación y las reformas al Código Penal
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. -La comisión especial legislativa que analiza la aprobación y las reformas al Código Penal, presidida por la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Silvia Ayala concluyó en la urgencia de aprobar una nueva normativa penal.
Asimismo, informaron que al menos 20 diputados de las distintas bancadas en el Congreso Nacional serán denunciados ante el Ministerio Público por aprobación irregular y trastocar la normativa penal vigente.
De igual manera, precisó que se van a realizar todas las acciones legales que se derivan de las actuaciones que hasta el momento se han logrado documentar, pero deben ser responsables en no dar tantos detalles porque todavía hay algunas de esas personas (diputados) que se encuentran en este Poder del Estado.
Ayala puntualizó que las acciones legales serían contra las personas que deliberadamente adulteraron fechas y documentos, y participaron en un proceso aun cuando estaban legalmente obligados a excusarse como lo señala la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Los hallazgos que se van a presentar con documentos con los nombres y apellidos de estas personas, van a ser parte de este informe que ya se abordó prácticamente la totalidad del contenido en las reuniones de la comisión.
Las irregularidades en la aprobación del Código Penal vigente serán expuestas en un informe que se presentará ante el pleno del Congreso Nacional en los próximos días.
Durante una declaración a medios de comunicación la congresista explicó que además de los vicios de nulidad en la aprobación de la normativa penal, también hay una serie de irregularidades altamente lesivas para el pueblo al haber reducido las penas para los delitos de corrupción, violencia contra las mujeres, criminalizar la protesta social, la reformulación de tipos penales como el de usurpación, entre otras.
Entre las recomendaciones de la comisión especial es la eliminación del actual Código Penal por los vicios de nulidad que rodean la aprobación de las reformas hechas por el Congreso Nacional presidido por el nacionalista Mauricio Oliva (2014-2018 y 2018-2022), por no cumplirse requisitos, sin embargo dijo que trabajan en la elaboración de una nueva ley penal.
Hizo énfasis en que se debe aprobar un nuevo Código Penal pues las fallas que hubo en su aprobación no pueden obviarse y este poder del Estado estaría inclusive incurriendo en responsabilidad si deja de realizar las acciones legales que se desprenden del incumplimiento que se dio con la sanción del mismo.
Ayala dijo que, el Poder Legislativo anterior no siguió los requisitos y procesos enmarcados en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional para la aprobación de las reformas al Código Penal.
En ese sentido, precisó que en el caso particular de lo referente a los Códigos ya sea Penal, Procesal Penal, de Trabajo o de Comercio estos tienen requisitos particulares y los mismos no fueron cumplidos a la hora de su aprobación.
“Hubo otra serie de actuaciones reñidas con la ley que se dieron por parte de las personas que estuvieron involucradas no solamente en el proceso de dictamen, sino que la forma de cómo se manejó el proceso de aprobación del Código Penal y de las repercusiones que a más de una año de vigencia de esta normativa han tenido para el pueblo”, declaró.
También se identificó que se aprobó un artículo en particular, se dictaminó otro y se publicó en el diario oficial La Gaceta, uno diferente y además presentarán las anomalías por estas personas que cometieron estos hechos deliberadamente.
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URGE DEROGACIÓN TOTAL DE NORMATIVA PENAL VIGENTE
A criterio del congresista del Partido Libre y miembro de la Comisión Especial para la Supervisión del Código Penal, Ramón Barrios, externó que las conclusiones del informe llevan a una derogación total del Código Penal.
Barrio explicó que en el informe realizado por la comisión especial hay descubrimientos de forma que indican el proceso inconstitucional en el que se dio la aprobación del nuevo Código Penal y lo que presentó la comisión de dictamen es un Código Penal, lo que aprobó el pleno es otra versión completamente distinta y lo que se publicó en el diario oficial La Gaceta es otra cosa diferente.
Reiteró que la Comisión va a sugerir que previo a la derogación, se hagan algunas reformas especialmente en delitos contra la administración pública, en delitos contra las mujeres, específicamente en el caso de violación y contra la protesta social.
No obstante, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Fátima Mena propone una reforma a la normativa penal vigente.
Durante una entrevista con Criterio.hn Mena precisó que en la reforma que se haga al Código Penal por este Congreso Nacional se deben revisar principalmente los tipos penales referente a los delitos de corrupción.
En palabras de la congresista Mena, la ley penal vigente tiene falencias muy marcadas en cuanto al planteamiento de los tipos penales que son escritos de una forma tan compleja, que era sumamente difícil para que los fiscales pudieran comprobar tales ilícitos.
Otra de las falencias tiene que ver con un tema de reducción de penas en la mayoría de tipos penales, como ser los delitos contra las mujeres.
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APROBACIÓN DE REFORMA A LA LEY PENAL
Una de las reformas que mayor controversia generó es la que se efectuó el 7 de octubre de 2021 mediante el decreto 936-2021 que contempla una reforma a Ley de Lavado de Activos y que le quitó la facultad al Ministerio Público para investigar los delitos financieros, imponiéndose el secreto bancario.
También se reformó el artículo 26 que refiere que, para efectos de investigaciones penales o causas judiciales, la revisión de la información financiera de una persona natural o jurídica solo será autorizada por el juez competente.
Además, el Poder Legislativo aprobó reformas para aumentar las penas en el delito de usurpación que eran de cuatro años y con la modificación paso a seis años. También se criminalizó la protesta social y la defensa territorial.
