Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-El presidente de la República, Juan Hernández, cometió un delito al haber juramentado a un religioso como miembro de la comisión que se encargará de depurar la Policía Nacional, cuestionó el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado.
El profesional del derecho particularizó su opinión en torno al nombramiento del pastor evangélico, Alberto Solorzano, quien al igual que la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales y el representante de la sociedad civil, Omar Rivera, conforman la comisión que se encargará de la depuración de la policía, amparados en un decreto de emergencia para ese propósito.
“La Constitución de la República establece que ningún ministro religioso puede asumir funciones públicas y eso que ayer sucedió es la asignación de una función pública”, expresó Orellana.
Artículo 77 de la Constitución de la República: Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo.
El también analista socio-político, agregó además que de acuerdo al Código Penal el presidente Hernández cometió un delito, porque nombró a alguien que no tiene requisitos, “entonces quiere decir que ese nombramiento es constitutivo de delito”, insistió.
Para que no exista ilegalidad, aconsejó que se revoque el nombramiento de Solorzano o que el religioso renuncie a su cargo dentro de la iglesia a la que pertenece.
ILEGALIDAD
El exfiscal apuntó que en caso que no se hagan las correcciones se corre el riesgo que todas las acciones que realice la comisión, puedan ser anuladas, porque “hay alguien ahí que no tiene una investidura aceptable, que no es válida, que ni siquiera tiene plausibilidad porque la Constitución es expresa, y dice claramente que los ministros religiosos no pueden asumir funciones públicas”.
En cuanto al anuncio que ha hecho el gobierno de integrar a un sacerdote como miembro de la comisión, dijo que quien lo acepte “es un irresponsable y arribista”.
Ni los religiosos ni el presidente de la República, que es un abogado, son ignorantes y saben que vivimos en un estado de Derecho laico y que la iglesia y el Estado son dos cosas diferentes, rebatió.
