Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Ramón Barrios, el diputado que preside la Comisión de Extradición que ha solicitado juicio político contra el Fiscal General de la República Óscar Fernando Chinchilla, y el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rolando Argueta, señaló que ha sido objeto de amenazas a muerte y persecución.
Como parte de los actos de intimidación y amedrentamiento, dijo que ha recibido llamadas de amenazas a muerte y le han ponchado las llantas de su carro.
Lo anterior, fueron declaraciones que dijo a Televicentro, donde comentó que reconoce que en algún momento iba a enfrentarse a esto debido a las labores a las que la comitiva se ha comprometido.
El pasado martes 14 de mayo la Comisión que investiga a operadores de justicia en casos de extradición, entregó al Congreso Nacional la petición de juicio político contra Chinchilla y Argueta. La petición está sustentada en un informe detallado de investigación, con pruebas y suficiente información toral.
Diputados de Libertad y Refundación (Libre) y Partido Salvador de Honduras (PSH) sostienen que ninguno de los dos funcionarios tiene la moral para continuar en esos cargos.
Sin embargo, cuando la comitiva procedió a dar a conocer estos hallazgos ante el Congreso Nacional, en lugar de generarse un debate sano por la importancia y delicadeza del tema, diputados nacionalistas contratacaron con argumentos fuera de lugar y terminaron por diluir la presentación.
La Comisión de Extradición fue creada en el legislativo el pasado 18 de febrero, está conformada por los congresistas Ramón Barrios, Jari Dixon Herrera, Silvia Ayala, Maribel Espinoza, Netzer Mejía, Carlos Raudales, Mauricio Villeda y David Manaiza.
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TITULARES DE JUSTICIA EN DEUDA CON HONDURAS
Cabe mencionar que, con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), el Ministerio Público (MP) anunció que estaban listos para recibir y apoyar a los enviados de las Naciones Unidas.
Por lo anterior, el exfiscal y abogado del bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández y el abogado especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, coincidieron que al manifestar esto el MP se contradice admitiendo su fracaso e inoperancia.
Prácticamente, la Comisión extranjera se encargaría de investigar y sacar a la luz casos emblemáticos, tarea que debió hacer el fallido sistema de justicia de Honduras.
La comitiva en temas de extradición, ha resaltado en su informe que el juicio político es solicitado en base a funciones administrativas y qué es lo que los funcionarios de justicia dejaron de hacer.
En contra de Chinchilla existen denuncias graves al desempeño de su cargo, por realizar acciones contrarias a la Constitución de la República o del interés nacional, manifestar negligencia e incapacidad o incompetencia para el desempeño de su cargo.
Según indicó la diputada del legislativo, Ligia Ramos, todo lo antes mencionado se refleja en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y que nunca se les dio trámite, incluso, por las denuncias contra el expresidente Juan Hernández, su hermano Antonio “Tony” Hernández y otros extraditados, contra los que no se actuó para que en Honduras hubiera justicia.
El abogado Ramón Barrios, sostuvo que Chinchilla mantuvo una conducta administrativa de omisión más no de acción, jamás actuó con persecución penal ante ninguna denuncia, por lo cual ha incumplido con sus labores como Fiscal y mantiene una deuda con la población hondureña.
La Comisión entrevistó a personas de varias entidades, de organismos con rango constitucional y todos lo que estuvieron relacionados a los procesos de extradición.
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Revelaron que al menos cuatro investigadores que están adentro de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC), les entregaron información. Uno de los hallazgos es que, durante el juicio de “Tony” Hernández, había una investigación completa con los bienes que poseía en Honduras.
Además, los investigadores tenían un “dosier” o conjunto de documentos recopilados contra el expresidente Hernández, los cuales habían entregado al Fiscal, ahí incluso, había irregularidades sobre el papel que hacía la directora de Lucha Contra el Narcotráfico, Soraya Cálix.
“En uno de esos dosieres se borró información que afortunadamente ellos todavía tenían en los archivos, nos enseñaron cómo les falsificaban su firma en los informes presentados”, son algunas de las revelaciones delicadas que compartió Barrios.
Respecto a Rolando Argueta, encontraron que no sancionó a los magistrados de la Corte que sobreseyeron casos de narcotraficantes como el de Fredy Mármol, pese a contar con todos los elementos para condenarlos.
Sobre las extradiciones, Barrios explicó que a todos los extraditados se les privó de sus bienes desde antes de la resolución que ordenaba su extradición, excepto en el caso de Juan Orlando Hernández, donde hubo un aseguramiento parcial.
Cabe destacar que, para llevar a juicio político al Fiscal General o al presidente de la Corte, según el artículo 7 de la Ley de Juicio Político, se necesitan 86 votos de los 128 congresistas.
POSTERGAN PETICIÓN DE JUICIO
La comisión especial de extradición que investigan a los operadores de justicia informaron hoy que postergarán la solicitud de juicio político contra el presidente de la Corte Rolando Argueta y Oscar Chinchilla titula del Ministerio Público.
La diputada Ligia Ramos manifestó que la postergación se debe a que tienen una solicitud de alto nivel que les solicitó frenar la petición hasta tener un escenario en donde el juicio político sea efectivo.
Ramos manifestó además que los congresistas que no acompañen el juicio político contra Chinchilla y Argueta es porque son cómplices y además están en contra del pueblo hondureño
