Liderazgos campesinos indican que la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, sin la participación de organizaciones campesinas e indígenas es una amenaza para estos dos grupos debido a la promoción y ejecución de desalojos sin previa investigación
Ilustración: Guillermo Burgos
Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra ha causado resquemores desde su creación a inicios de junio de este año, especialmente al originarse dentro del cuestionado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), excluyendo a grupos campesinos e indígenas.
Creada con el supuesto propósito de revisar el estamento jurídico de las propiedades en disputa, la elaboración de un plan que resuelva la mora agraria, para posteriormente evaluar en Consejo de Ministros un proyecto de ley que sería enviado al Congreso Nacional, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra parece estar más enfocada en desalojos violentos y atemorizar a grupos campesinos.
En julio, a un mes de su creación, el director del Instituto Nacional Agrario, Francisco Funes, anunció la recuperación de 3 mil hectáreas de tierra a través de los desalojos realizados en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra, mientras que las organizaciones denunciaban el favoritismo promovido en favor de las empresas agroindustriales.
Ante el reciente desalojo en Sonaguera, Colón, nororiente de Honduras, contra familias y socios de la Empresa Asociativa Campesina de Isleta (EASI), Criterio.hn consultó a liderazgos del movimiento campesino sobre la factibilidad de la Comisión de Seguridad Agraria como una solución a la problemática que enfrentan las asociaciones campesinas.
El vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, sostuvo que como iniciativa la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra fue buena porque generaba las condiciones para debatir y desarrollar investigación sobre el despojo de la tierra.
No obstante, apuntó que “el mismo gobierno no ha tenido la habilidad de poder crear términos de referencia en qué forma va a desarrollar el trabajo la Comisión Agraria, no se ha reglamentado, ni se ha aprobado un decreto en el Congreso Nacional que determine su ruta de trabajo”.
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Este vacío legal y debilidad gubernamental, explicó, es aprovechado por los agroindustriales para avanzar su propia agenda y ejercer presión en la ejecución de desalojos. De esta forma la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra avanza en los desalojos de la tierra, pero no investiga la legalidad y legitimidad sobre la tierra, ni investiga los métodos y procedimientos usados históricamente para despojar la tierra, concluyó Rivas.
LA FALACIA DE UNA COMISIÓN DE SEGURIDAD AGRARIA EN FAVOR DE LOS CAMPESINOS
Para la secretaria de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, Lilian Borjas, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra es una amenaza a los grupos campesinos y aunque su nombre suene a favor de la lucha campesina, esto únicamente está en papel, dice.
“[R]ealmente que estén resolviendo la situación de los campesinos y campesinas es una gran mentira. Eso, [la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra] lo hicieron los mismos empresarios […] Con eso le abrieron directamente las puertas al sicariato, a los empresarios para que empezaran a hacer las acciones de desalojo, las persecuciones, las amenazas”, señaló la lideresa campesina.
Ejemplificó este extremo con la situación que viven varias asociaciones campesinas frente a la empresa mercantil Azucarera del Norte S. A. de C. V. (Azunosa). Una de las últimas incluye la criminalización de 41 personas que integran la empresa campesina de Agua Blanca Sur en El Progreso, Yoro.
“Azunosa empezó a hacer demandas de tutela sumaria que hacen contar que ellos están en legitimo derecho de la producción, pero no están dando cuenta que esas tierras eran concesiones bananeras y ellos las acapararon en su momento”, expuso.
AUSENCIA DE SECTOR CAMPESINO E INDÍGENA EN COMISIÓN AGRARIA AGUDIZA PROBLEMÁTICA
La coordinadora general del Consejo para el Desarrollo integral de la Mujer Campesina (Codimca), Yasmín López, señaló que la Comisión de Seguridad Agraria habría sido una solución a la problemática campesina frente a la agroindustria si se hubiese integrado la participación de las organizaciones campesinas e indígenas, cuyos liderazgos tienen años de ser criminalizados y perseguidos.
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López apuntó que, sin la participación de los grupos campesinos e indígenas, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra “sí es una amenaza porque desde que se instaló la Comisión se han realizado alrededor de diecinueve desalojos de organizaciones campesinas, incluso algunos que tienen años de estar organizados”.
Criterio.hn no pudo confirmar el número de desalojos proporcionados por López, pero es claro que se han incrementado en un gobierno que se autodenomina social demócrata y el cual es constantemente señalado por sus detractores como de izquierda, quienes parecen no estar prestando atención –ya sea por omisión o por conveniencia narrativa– a lo que ocurre en el campo.
La coordinadora general del Codimca, pormenorizó que la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) es una de las organizaciones campesinas que más desalojos ha tenido tras la instalación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.
López recordó que, a inicios de agosto, las organizaciones campesinas realizaron una conferencia de prensa en los bajos del Congreso Nacional en la capital hondureña para exigir la participación directa de las organizaciones campesinas, señalando que se han registrado desalojos bastantes violentos, en los que se han expulsado a liderazgos campesinos con medidas cautelares, lo que evidencia, explicó, que no se están agotando protocolos.
En lo que va del 2023, según registros de Criterio.hn, en la región del Valle del Aguán fueron asesinados al menos diez personas ligadas a la defensa de la tierra, territorio y ambiente. Sus nombres son: Alí Domínguez y Jairo Bonilla; Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez Murillo; Santos Hipólito Rivas junto a su hijo adolescente Javier Rivas; Emerson Martínez, hijastro del vocero y representante de la organización campesina, Abraham León; José Gilberto Martínez Cardona; Óscar Oquelí Domínguez Ramos; y el secretario general de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada, José David Fortín.
