Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El giro que en las últimas horas dio el Congreso Nacional, después de quedar al descubierto un dictamen favorable, que ni siquiera fue sometido a discusión para la comercialización de la vacuna contra el Covid-19, no cambia el fondo del problema, dijo la diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez.
Y es que, como explicó la parlamentaria a Criterio.hn, la privatización de la vacuna quedó planteada desde que se hicieron las reformas a la Ley de Vacuna Gratuita para Todos contra el Covid-19 aprobadas en febrero pasado.
Diputada Doris Gutiérrez
Esta semana, Gutiérrez denunció que en el Congreso estaba listo para ser aprobado un dictamen sobre una moción -cuyo proyectista es el titular del Legislativo Mauricio Oliva- que ni siquiera había sido sometida a debate, mucho menos contaba con su aprobación.
El dictamen en cuestión autoriza a la empresa privada a adquirir en los mercados internacionales la vacuna “con el único propósito de su aplicación voluntaria en los trabajadores”, así como “a la industria farmacéutica para contratar y adquirir la vacuna con fines comerciales”.
Gutiérrez, quien es parte de la Comisión Especial para Atender Asuntos Surgidos durante la Pandemia Covid-19, así como el diputado Luis Redondo denunciaron estos hechos que fueron difundidos a través de los medios de comunicación
Por eso, cuando “miraron la cosa seria, empezaron a reaccionar”, compartió Gutiérrez.
Primero, el secretario del Congreso Nacional Tomás Zambrano se apresuró a enviar un proyecto “sin considerando y sin nada” ese martes y en los días siguientes ha negado, al igual que Oliva, que se pretenda comercializar la vacuna.
La duda, sin embargo, persiste, sobre todo después de leerse el artículo 2 del proyecto que envió Zambrano.
En él se establece que “las empresas privadas nacionales que importen la vacuna de forma directa para su distribución, aplicación, serán responsables por los efectos adversos que puedan provocar o en su caso deben establecer un eximente de responsabilidad debidamente autorizada y firmada por las personas que se apliquen la vacuna de forma voluntaria, ya sea a través de su patrono o por la adquisición en un establecimiento farmacéutico, clínica u hospital privado”.
Esa última parte sería una confirmación de que la privatización va implícita.
LAS REFORMAS
En febrero pasado se aprobaron las reformas a los artículos 2, 4, 6 y 7 de la Ley de Vacuna Gratuita para Todos contra el Covid-19.
El artículo 7 inicial empezaba diciendo que: “La empresa farmacéutica que contrate el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para la adquisición de las vacunas contra el virus SAR-COV-2 que produce la enfermedad COVID-19, debe garantizar que forma parte de las iniciativas que lidera la Organización Mundial de la Salud (OMS)….”.
El artículo reformado dice así: “Las empresas farmacéuticas y/o las personas jurídicas públicas proveedoras de vacunas, que contrate el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL)…”.
Para Gutiérrez, “desde allí se empezó a plantear la privatización, esa fue una de las cosas que nosotros más alegamos”.
Entonces, con el dictamen “ellos lo que estaban haciendo ahorita ya era abriendo la puerta del todo”.
Gutiérrez recordó que fue en base a esas reformas que el gobierno y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) suscribieron un convenio mediante el cual los empresarios comprarán las vacunas a nombre del Estado de Honduras, “creo que lo que están tratando de ver es que no vaya a haber coimas”.
Por tanto, no era necesario hacer el dictamen favorable con el que “se quemaron sin necesidad” porque ya había un convenio y ahora el Cohep “ha pedido que ni el dictamen ni el proyecto sea aprobado”.
No obstante, como el convenio es solo con el Cohep, queda la puerta abierta para que otras personas, ya sea el dueño de un hospital o de una farmacia privados, podrán comprar las vacunas y venderlas, “entonces es más peligroso todavía”, advirtió.
Además, se desnaturaliza la función del Estado, que prácticamente está “echándole el muerto a la empresa privada”.
VACUNA SERÁ “GRATUITA”
“Nosotros como sector privado no queremos comprar las vacunas para revenderlas” sino para “regalárselas a nuestros trabajadores, a sus familiares y hacer todavía una donación al resto de hondureños”, dijo por su parte el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) Pedro Barquero.
Por eso los empresarios han solicitado al Congreso Nacional que no pase el decreto o que hagan la corrección para que no queden dudas de que la vacuna se tiene que distribuir de forma gratuita.
“No es permitido ni siquiera que se le vaya después a deducir por planilla a los trabajadores el costo de la vacuna”, aseguró.
Las empresas que se lo puedan permitir comprarán las vacunas para regalarlas, no para hacer negocio, reiteró el empresario de San Pedro Sula.
Dijo que la compra se hará directamente a los laboratorios, no de intermediarios, para evitar que alguien gane una comisión como ocurrió con los hospitales móviles.
“Estamos en una situación de emergencia en la que el gobierno no ha podido hacer bien su trabajo; nosotros entonces estamos queriendo colaborar, poniendo nuestro granito de arena”, dijo sobre el convenio para adquirir la vacuna contra el Covid-19.
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Durante la pandemia “nada ha sido efectivo, ni la compra de hospitales ni la compra de suministros ni ventiladores”, dijo la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) Suyapa Figueroa.
“Ahora por qué habríamos de pensar que con las vacunas no va a suceder lo mismo, el mismo desastre, el mismo negocio bajo una situación difícil”, cuestionó ante el convenio del gobierno con la empresa privada para la adquisición de las dosis.
“Todos los días recibimos solicitudes de colegas médicos que están en hospitales básicos a nivel de todo el país pidiendo cupos para hospitales en donde puedan recibir asistencia mecánica respiratoria y no hay”, dijo Figueroa.
La capacidad de algunos hospitales ha sido rebasada hasta en un 130%, pero la situación más crítica es en el Seguro Social, donde hay carencia de medicamentos fundamentales para sostener la vida.
Precisamente, el gobierno ha estado haciendo ver como un desastre el sistema de salud “para permitir nuevamente que los dineros sean trasladados a la empresa privada”, la cual se está aprovechando “de una situación grave como esta para seguir haciendo negocios“.
Los convenios y las casas farmacéuticas productoras de vacunas se las venden a los gobiernos para garantizar la trazabilidad y la cadena de frío, dijo también la especialista en neumología.
Lamentó que el Programa Ampliado de Inmunizaciones en Honduras había logrado el reconocimiento internacional como uno de los mejores, “ahora ellos pretenden desmantelarlo para darle oportunidad a la empresa privada de que pueda hacer negocios”.
Lo que está haciendo el gobierno con el pueblo hondureño es “un crimen de lesa humanidad” y a quienes participen en el mismo se le pueden deducir responsabilidades, advirtió.
