Combate a la corrupción

Por: Edmundo Orellana

Comienzan a funcionar los juzgados anticorrupción, acompañados de una fiscalía especial encargada de dirigir, desde de una perspectiva técnico- jurídica, la investigación de los casos de corrupción y judicializarlos. Es un avance institucional importante, sin duda. Sin embargo, no es suficiente para demostrar que existe voluntad para luchar contra la corrupción.

Para tener resultados de este complejo institucional es necesario que los encargados de investigar, de dirigir la investigación y de decidir sobre la responsabilidad de los imputados, demuestren su competencia técnica y profesional en el manejo de las causas que conozcan. En otras palabras, que lo investigado sea presentado con la solidez necesaria para resistir los cuestionamientos de la defensa, que los alegatos del fiscal sean jurídicamente consistentes y atinentes a la causa, y, finalmente, que el juez demuestre en la sentencia poseer su capacidad profesional para discernir, imparcialmente, lo ocurrido en el juicio y aplicar, con criterio jurídico, la normativa pertinente al caso.

No obstante, el sistema nos ofrece ejemplos que nos inducen a pensar que la voluntad del gobierno para luchar contra la corrupción carece de energía.  

El caso de la reducción de penas, es uno. Reducir las penas en un país que ocupa los primeros lugares de corrupción en las clasificaciones internacionales, que no ha logrado incorporarse a la cuenta del milenio, justamente, por cuestiones de corrupción y que, precisamente, por la corrupción del sistema de justicia hubo necesidad de instalar la MACCIH, es decir, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Nombre de inequívoca y demoledora elocuencia), es una evidente contradicción con la iniciativa de, supuestamente, hacer más efectiva la lucha contra la corrupción, mediante la creación de juzgados y fiscalías anticorrupción.

La reciente condena del ex vicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura, es otro ejemplo. El tribunal resolvió como si fuera un caso más. No consideró que el condenado ocupó un cargo de rango igual al de magistrado de Corte Suprema, que su deber legal era evitar aquello por lo que fue condenado y, finalmente, que se aprovechó del cargo para envilecer el sistema de justicia hondureña. Pese a la gravedad del caso, el tribunal resolvió con benevolencia, mientras muchos languidecen en las cárceles, con penas severísimas, por robarse una bicicleta o una gallina.

Podría afirmarse en beneficio del sistema, que los nuevos juzgados anticorrupción no actuarán como este indulgente tribunal. Probablemente, pero, por ley, los casos de corrupción ya judicializados- que no son pocos- seguirán siendo conocidos por jueces con la formación de los que resolvieron el caso citado. Es de esperar, entonces, sentencias del mismo tenor de la aplicada al  ex vicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura. Lo que se explica con lo dicho por el Presidente de la Corte en la inauguración de los nuevos juzgados: “éstos nuevos jueces solo obedecen a la Constitución” (¿a quién obedecen los demás?)

También podría citarse como ejemplo de la falta de voluntad de combatir la corrupción, la resistencia a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, apoyándose en el pobre argumento de que esta ley permitirá el encarcelamiento por chismes, inventado, sin duda, por los que temen ser denunciados por aquellos con quienes han conspirado para sustraer fondos públicos o  torcer la ley.

La explicación oficial de la policía para justificar el comportamiento brutal contra los estudiantes y defensores de derechos humanos, que quedó registrado en un video que fue subido a la web, es otro ejemplo. Los hechos están allí y no hay palabras para suavizarlos ni argumentos para justificarlos. Pero se atrevieron, alegando que el rasguño de una femenina a un policía lo justificó (¡Pobre policía, su vida estuvo en peligro por el arañazo!). ¡Las altas autoridades apañando la violación a los derechos humanos!. El marco de antivalores permanece intacto en aquellos ofíciales no depurados, que callaron los crímenes de sus jefes y ahora, fieles a su conducta, pretenden callar los de sus discipulos- subalternos.

La Comisión Depuradora de la Policía, que no es parte de esa cofradía policial, actuó como se esperaba, exigiendo la sanción respectiva. Es una acción propia de quien se apega a elevados principios y valores que dignifican la persona humana.

Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la denuncia que el portavoz de la MACCIH formuló oportunamente. Las presiones de políticos para que se vaya del país, por temor a lo que están por hacer (aún no sabemos qué hará y, sin embargo, ya tienen canillera los corruptos)

En este contexto operarán los nuevos juzgados anticorrupción. ¿Qué opina usted, estimado lector? ¿Tiene voluntad el gobierno para combatir la corrupción y la impunidad?