Tegucigalpa. – La criminalidad y la extorsión, son flagelos latentes en la vida diaria de Honduras, y la ciudadanía es la más afectada, se ve obligada a salir huyendo del lugar de residencia e incluso del país y en el panorama más aterrador pagar incluso son su vida la delincuencia desmedida que impera en Honduras.
Ante esto la presidenta Xiomara Castro, en diciembre de 2022 aprobó el PCM 29-2022 en 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula, mismo que se amplió el seis de enero de 2023 en tiempo y en territorio a través del PCM 01-2023.
A pocos días de cumplir un mes de la ampliación del estado de excepción, la Policía Nacional informó que se los homicidios redujeron en un 50% en comparación con enero de 2022.
De acuerdo al subcomisario Juan Sabillón, vocero de la Policía Nacional, dicha reducción de homicidios y muertes violentas es gracias al estado de excepción.
En ese sentido, informó que en enero de 2022 se registró 379 homicidios, mientras que en enero de 2023 se han registrado 185 muertes violentas, datos hasta el 28 de enero.
“Hay una diferencia en términos estadísticos significativa, hay que verlo positivo para el país, porque se va ganando, de alguna manera, confianza en la ciudadanía con ese sistema de inseguridad que prevaleció durante doce años”, expresó el sociólogo armando Orellana.
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ANÁLISIS DE OTROS FACTORES
Ante esta reducción, el sociólogo opina que se deben analizar otros factores determinantes en la baja de homicidios, ya que hace un año Honduras tuvo un cambio político, la asunción de la primera mujer a la presidencia, hecho que alentó muchas expectativas de cambio.
Según Orellana, Honduras dejó de tener la presencia de un gobierno permisivo al crimen organizado.
Es decir, el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), llamado en Estados Unidos como un Narcoestado, por relaciones directas con narcotraficantes y con el crimen organizado.
“Es muy probable que este cambio haya favorecido para que se produzca de alguna manera un control sobre este tipo de actividades criminales”, apuntó Orellana.
Sin embargo, el sociólogo exhorta a analizar los resultados y no solamente verlo de forma mecanicista, sino que hay otras variables, ya que se debe hacer un estudio a profundidad para reconocer las variables que están incidiendo en el combate a la criminalidad y de esta manera poder darles sostenibilidad a las estrategias de prevención, porque según Orellana es muy temprano para calificar las acciones del estado de excepción.
Se espera que estos resultados también se trasladen al combate de otros delitos como la extorsión, que fue la razón de ser del estado de excepción que permite a los entes militares y policiales del Estado medidas coercitivas en las denominadas “zonas calientes”.
En los últimos seis años, de acuerdo a datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la extorsión provocó el 10 % de los casos de desplazamiento forzado en Honduras, otro problema que se agudiza cada vez más.
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PLAN INTEGRAL PARA COMBATIR CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA
Ante este panorama se vuelve fundamental atacar las bases de las causas de la violencia y la criminalidad de manera integral ya que son dos fenómenos que no necesariamente son sinónimos. Es decir que hay diversos tipos y acciones de violencia que no están asociadas con actos criminales.
En ese sentido Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y el ERIC-SJ en entrevista con Criterio.hn, insiste en que el Estado de Honduras debe generar estrategias integrales, donde se tome en cuenta a la sociedad civil.
“Necesitamos políticas integrales y no solo las salidas coercitivas, que es el contenido mas fuerte del estado de excepción”, expresó Moreno.
Por su parte Orellana, mencionó que las causas de la violencia y la criminalidad, en gran medida son de clase estructural; Según el sociólogo, la pobreza, la desigualdad social y la brecha entre los ricos y los pobres genera condiciones de criminalidad y violencia.
“Se deben buscar alternativas integrales, no solo es llegar a saturar con policías con actitud represiva” enfatizó Orellana.
En ese sentido, se requiere que el Estado realice acciones puntuales de políticas sociales en función de atender a los grupos mas vulnerables, sobre todo a las personas que viven en los barrios marginados.
“Debemos pensar respuestas integrales a la situación de violencia, criminalidad y extorsión, que tienen que estar unidas al factor coercitivo, las medidas preventivas y un sistema judicial y de investigación fortalecidos”, increpó Moreno también conocido como padre Melo.
Ante esto es urgente que el Estado de Honduras genere políticas públicas que ataque las causas de la violencia y la criminalidad, y aunado a esto, generar programas efectivos de educación, salud y vivienda, de igual manera un programa económico de apoyo a los emprendedores, pequeñas y micro empresas.
