Opinion

Colombia y El Salvador, nuevos terremotos que provoca la desigualdad en la región

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Por: Cesar Verduga Vélez

  Hace varios años el historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze escribió un libro cuyo título era “Por una democracia sin adjetivos”. La época en que fue publicado era la de la hegemonía política del PRI, en México, sin alternancia en el poder por varias décadas. Y el sentido histórico del libro era reivindicar en el estado postrevolucionario la necesidad de una auténtica democracia política que incluyera la alternancia como uno de sus rasgos.

Hoy en la América Latina del covid 19 se debe impulsar una democracia adjetivada con la palabra social, so pena de sufrir crisis sociales, institucionales, como las que hoy se viven en Centroamérica y Colombia. Son epicentros de un terremoto continental que circula por los subterráneos de nuestras sociedades.

En El Salvador, después de que los Acuerdos De Paz, se inició un proceso de convivencia democrática marcado por el bipartidismo de ARENA y el FMLN. Se sucedieron varios años en el poder respetando reglas del juego electoral y la independencia de funciones entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Ese juego democrático y constitucional funcionó. Sufrió el desgaste que la injusticia social y la violencia delincuencial no superadas, inevitablemente provocan.

Después de militar varios años en el FMLN, Nayib Bukele, actual presidente, abandonó ese partido y liderando un movimiento que hoy se denomina Nuevas Ideas ganó las elecciones presidenciales. Bukele gobernó sin mayoría legislativa desde el 1 de junio del 2019 hasta el 28 de febrero del 2021, cuando una arrasadora victoria legislativa le dio una mayoría de 2/3 en la Asamblea y le permitió desatar amarras institucionales y destituir a los magistrados del poder judicial y al fiscal de la nación. Es un caso de revolución institucional sin armas, que le permite al presidente salvadoreño erigirse en un jefe supremo de la Nación, con amplio apoyo popular.

Lo ocurrido ha recibido las críticas oficiales en Estados Unidos y la UE y países de América Latina. El presidente ha respondido que “no se entrometan” en los asuntos internos de El Salvador porque él está limpiando la casa.

En Honduras, después del golpe militar contra Mel Zelaya (2009), el control del Ejecutivo sobre el Estado por parte del Partido Nacional se ha conducido en una vorágine de inconstitucionalidades y corrupción. Muestra como saldo la eliminación de la no reelección como antiguo precepto constitucional, la prisión del hermano del actual presidente en Estados Unidos por tráfico de drogas y la figuración del mandatario en un juicio por el similar delito.

En Nicaragua, Daniel Ortega va por la reelección una vez más el próximo 6 de noviembre, bajo la crítica permanente de los gobiernos occidentales y el apoyo de Rusia, China y Cuba. La patria de Rubén Darío ha sido convertida, por las necesidades políticas internas en su momento de Donald Trump y las repetidas, criticadas y cuestionadas reelecciones de Ortega, en parte de las disputas geopolíticas del mundo del siglo XXI.

En Colombia, hace días que las calles han sido el escenario de multitudinarias manifestaciones contra un proyecto de ley tributaria que golpeaba a las clases medias del país. El presidente, Iván Duque, lo retiró sin conseguir que las manifestaciones callejeras cesen. El saldo es de decenas de manifestantes muertos, varios policías heridos o amenazados de ser incendiados por vándalos infiltrados entre los manifestantes pacíficos, y decenas de desaparecidos.

Los países hoy epicentros de subterráneos terremotos continentales tienen historias diferentes moldeadas por sus pueblos. Comparten lengua, cultura y costumbres.  Y de manera resaltante comparten en esta época el rasgo común de la inequidad social, agravada exponencialmente por la pandemia que recorre el mundo.

Ecuador hace 40 años abrió el camino a la recuperación pacífica de la democracia en Sudamérica, cuando, con excepción de Colombia y Venezuela, lo dominante era una selva de bayonetas.

Hoy a Guillermo Lasso le toca sentar las bases de una nueva era que elimine el autoritarismo jurídicamente consagrado en algunos capítulos de la Constitución de Montecristi y en el Código Penal, violatorios del derecho internacional de los derechos humanos, prevenir el crecimiento del crimen organizado transnacional y combatir seriamente la corrupción pública y privada.

Deberá construir mecanismos de gobernabilidad basados en el diálogo y la prevención informada de crisis, como las que motivan este artículo, con un sistema de alerta temprana.

 Pero, sobre todo, será la tarea de su gobierno sentar las bases de una democracia social que en la Latinoamérica del siglo XXI no es una aspiración sino una necesidad histórica, si se quiere tener un futuro de progreso en paz y libertad. Como decía Rubén Darío: “Si la patria es pequeña uno grande la sueña”.

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