Tegucigalpa. El Código Penal que aprobó el Partido Nacional favoreció al exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y el exadministrador, Álex Morales, declarados culpables del delito de fraude agravado continuo y violación a los deberes de los funcionarios agravado continuo por la compra fraudulenta de los hospitales móviles.
Jueces del Tribunal de Sentencia en Materia Anticorrupción, por unanimidad de votos, declaró culpable a Bográn por dos delitos de fraude agravado continuo más dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios agravado continuo por la estafa en la compra de siete módulos hospitalarios y siete plantas de tratamiento de desechos sólidos que representó un perjuicio al Estado de 47 millones 462,500 dólares lo que representa más de 1,200 millones de lempiras.
En tanto contra Moraes se le absolvió de los dos delitos de fraude pero se le condenó por violación a los deberes de los funcionarios recobrando su libertad debido que el nuevo Código Penal no contempla prisión en dicho delito.
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Mediante Decreto Legislativo 130-2017 se puso en vigencia el Código Penal, denominado por organizaciones de sociedad civil como “el Código Penal de la Impunidad”, aprobado por el conservador Partido Nacional en contubernio con una facción del también conservador Partido Liberal bajo procesos irregulares y sin cumplir los requisitos de ley como el voto mayoritario de los 128 diputados que conforman el Congreso Nacional.
En el caso de Bográn con la normativa penal vigente y la condena por los 4 cargos en su contra enfrenta una pena mínima de diez años, dos meses, quince días y una máxima de once años, ocho meses de prisión más una multa por la cantidad igual o hasta el triple del valor defraudado, es decir, que el Estado podría recuperar los 1,200 millones de lempiras inclusive triplicarlo.
Además, Bográn será sentenciado a inhabilitación absoluta por el doble de la pena que se le imponga. Cabe indicar que los datos expuestos conllevan el incremento de ¼ de la pena por ser considerado un perjuicio contra la salud y el Estado de Honduras contemplado en el artículo 508 más 1/3 por ser un delito continuado.
Sin embargo, con el Código Penal anterior Bográn enfrentaría una sentencia mínima de 18 años por los 4 delitos y una máxima de 30 sin considerar el ¼ por perjuicio a la salud y el 1/3 por ser continuado.
Lo anterior ya que el delito de fraude estaba contemplado en el artículo 240 y 242 con una reclusión de 6 a 9 años, mientras que el delito de violación a los deberes de los funcionarios, en el artículo 349, establecía 3 a 6 años de prisión más inhabilitación especial por el doble de tiempo.
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En el caso de Moraes, al solo ser condenado por violación a los deberes de los funcionarios enfrentaría una pena mínima de 6 años por los dos delitos y una máxima de 12, sin embargo, quedó en libertad debido que el artículo 499 contentivo del delito solo aplica una inhabilitación de tres a seis años.
A criterio del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la pena a pagar por los culpables de la estafa de los módulos sanitarios conformados por contendedores en mal estado “es una burla ante el luto que estas acciones ocasionaron”.
Por su parte, el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón, miembro de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, tras el fallo contra Bográn y Moraes, anunció que tienen listo el dictamen favorable para derogar algunos artículos penales referentes a delitos de corrupción para aplicar penas más severas.
A juicio de la abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, la pena que purgaría los condenados en el caso de corrupción denominado “Hospitales móviles” “es una prueba más del Código Penal de la Impunidad”.
Para Espinoza se deben aplicar sentencias ejemplares que prevengan que hechos de corrupción significativos no vuelvan a ocurrir al tiempo que lamentó que en delitos de corrupción solo exista un castigo de inhabilitación.
El Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (Cespad) exige ante la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) que se derogue el Código Penal vigente debido que debilita la lucha contra la corrupción y beneficia a los implicados.
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OTROS CORRUPTOS FAVORECIDOS
Desde su vigencia, el Código Penal ha beneficiado a varios implicados en corrupción como el caso de Ilse Vanessa Molina, una de las implicadas en el latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), al cumplir la mitad de su condena invocó el beneficio de la normativa penal.
También, se benefició a Mario Rojas, tío de Mario Zelaya, autor material del desfalco al IHSS que superan los 7,000 millones de lempiras y que parte del dinero se desvió para financiar campañas políticas del conservador Partido Nacional.
Cabe señalar que algo positivo del Código Penal es que impone cuantías o multas que recuperan el valor total de lo defraudado, incluso las triplica por lo que Bográn deberá, en teoría, devolverle al Estado los 1,200 millones.
