Por: Redacción CRITERIO.HN
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Teguicigalpa.-Las organizaciones que conforman la Articulación 611 compuesta por diversas organizaciones de sociedad civil y derechos humanos, se oponen a que entre en vigor porque contiene muchas disposiciones claramente lesivas para los intereses de la sociedad hondureña.
Ademas denuncian, como lo han venido haciendo desde el año 2017, que este proceso no contó con la suficiente divulgación ni con una efectiva participación de la sociedad civil.
Recalcan que esas disposiciones podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social, contando con un asidero legal con nuevos y viejos delitos que tienen penas mucho más altas que las establecidas para otros delitos de mayor gravedad, como el tráfico de drogas o lavado de activos.
También aumenta la pena de los delitos de coacciones y de instigación a la sedición, cuya aplicación está muy vinculada a los conflictos campesinos y de defensa de los recursos naturales.
Aun en contra de las recomendaciones de organismos de derechos humanos como la CIDH y OACNUDH, el Código Penal incluye el delito de asociación terrorista con una ambigua redacción, que puede ser usada como una potencial herramienta contra movimientos sociales y sus financistas nacionales e internacionales.
Asimismo, el Código mantiene la tipificación penal de los delitos de injurias y calumnias, en clara amenaza a la libertad de expresión, estableciendo además como supuesto agravado el uso de redes sociales. Llama la atención que, en sentido contrario, se reducen drásticamente las penas de varios delitos que sirven para perseguir las violaciones de derechos humanos, como el delito de tortura.
Articulación 611 señala en la nueva normativa se ha eliminado el artículo 153 que establecía la responsabilidad penal del superior jerárquico por los crímenes cometidos por sus subordinados.
El objetivo de los políticos es vender la idea a los jerarcas policiales y militares que pueden actuar al margen de la ley sin preocuparse de las consecuencias. Con esta decisión, además de hacer incurrir al Estado en un incumplimiento de su obligación internacional de adaptar las leyes nacionales a los tratados de derechos humanos, se envía un mensaje a la sociedad de desprecio hacia las víctimas y de protección a los militares y policías que dan las órdenes de torturas, desalojos ilegales, persecuciones hostiles o asesinatos de personas, activistas sociales u opositores políticos. La responsabilidad la dejan sólo sobre los autores materiales que generalmente son de línea, la escala más baja.
En cuanto a los derechos de las mujeres, si bien el nuevo Código Penal introduce algunos avances, es preocupante que se continúe penalizando el aborto bajo cualquier circunstancia. Además, la incorporación de agravantes en varios delitos que tienen que ver con el consentimiento y la integridad sexual dejan en desprotección a niñas y niños, y se han establecido penas muy bajas en delitos como el estupro, violencia contra las mujeres y trata de personas, que no se corresponden con la importancia del bien jurídico protegido y promueven la impunidad en violencias contra las mujeres, además de introducir la figura de maltrato familiar para reemplazar la violencia intrafamiliar.
Cabe destacar que en el caso de la comunidad LGBTI, los crímenes de odio desaparecen, dejando en un estado de indefensión aun mayor a las víctimas de este tipo de crímenes.
Es preocupante también constatar la reducción de penas en delitos clave relacionados con la lucha contra la corrupción, como el de malversación de fondos, fraude o lavado de activos. Pero es aún más grave la creación de nuevos tipos como el de fraude de subvenciones y ayudas, que sanciona conductas similares a las denunciadas en los casos Arca Abierta, Red de Diputados y Pandora de MACCIH, al establecer la exención de responsabilidad penal de los infractores que devuelvan lo robado antes de ser objeto de requerimiento fiscal.
Desde la Articulación 611 demandan que se consideren las propuestas que han venido realizando desde el 2017, antes de la entrada en vigencia de este nuevo Código Penal y se reabra un proceso de ampliación de un año de la “vacatio legis” que permita las consultas con sociedad civil y demás actores sociales y políticos del país que permita consensuar un texto que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos y libertades, así como de efectividad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Grupo Sociedad Civil
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras-(CEM-H)
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
Asociación Calidad de Vida
Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas
Via Campesina
Colectivo Violeta
Somos CDC
Centro de Derechos de Mujeres-(CDM)
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia. (UDIMUF)
Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans
Asociación para una Ciudadanía Participativa. ACI-Participa
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Comité por la Libre Expresión-C-Libre
Foro Nacional de SIDA
Ecuménicas por el Derecho a Decidir
Lo que callamos las Negras
Barra de Abogadas contra la Impunidad
Asociación LGBTI Arcoiris
Centro de Investigación y Promoción al Desarrollo (CIPRODEH)
