Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-En el marco de un foro realizado en Tegucigalpa, profesionales del derecho concluyeron que el Código Penal de Honduras ha sido diseñado para proteger el poder económico y político, porque criminaliza la protesta social para favorecer el supuesto desarrollo.
El nuevo código, que fue aprobado en su totalidad en el Congreso Nacional en octubre del año pasado, incorpora nuevas figuras que criminalizan la protesta social, el derecho a la reunión y de asociación, que emanan del Código Penal de España de 1995 y de reformas del 2015.
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Uno de los disertantes en el foro, Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) apuntó que el código tiene muchas ambigüedades, porque deja a la discrecionalidad de los funcionarios del Estado la aplicación de los delitos.
Tábora sostiene que el código está diseñado para los pobres y en especial para aplicárselo al movimiento social, aunque sus impulsadores argumentan figuras de protección a la seguridad colectiva.
Señaló que el decreto 06-2017, que modificó el delito de terrorismo e incluyó el delito de apología del terrorismo, es muy preocupante, porque criminaliza el derecho a la protesta y la libertad de expresión, al establecer sanciones a quienes obstaculicen, mediante una protesta, el paso vehicular o a quienes interrumpan una reunión del Estado o contra quienes difundan un rumor o una noticia falsa
En el artículo 540, se equipara la protesta social con el crimen organizado y se reincorpora nuevamente la figura de apología al terrorismo, al delito de terrorismo. “Entonces como vemos se han ido adoptando figuras penales a los fenómenos sociales, a las herramientas de lucha de la sociedad hondureña, sobre todo el de la lucha social”, indicó el defensor de los derechos humanos.
En el tema de usurpación, ya no solo se tipifica el delito para proteger la propiedad privada, sino también las concesiones porque criminaliza a aquellas personas que impidan el desarrollo de una concesión de agua.
“Esas figuras son sumamente graves porque además están adaptadas a las necesidades del poder económico y político”, manifestó Tábora, quien dijo además que a la sociedad civil le preocupa algunas definiciones. Como ejemplo citó que la criminalidad organizada está tipificada como un grupo de más de tres personas que se unan para cometer cualquier delito, ya no adaptado a los estándares internacionales sobre lo que se define como criminalidad organizada, sino que cualquier delito.
El director de C-Libre denunció que alrededor de la aprobación del nuevo Código Penal no ha existido transparencia, a tal grado que en este momento no se sabe en qué etapa se encuentra la ley.
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El Código Penal fue aprobado el año pasado. “Creo que en octubre del año pasado se terminaron de aprobar las últimas figuras penales, luego pasó a Comisión de Estilo; nos dimos cuenta que había pasado a la Comisión de Estilo porque se envió a Naciones Unidas, pero no sabemos si ya se envió a sanción al Poder Ejecutivo o no”, cuestionó.
Tábora concluyó diciendo que el período para que entre en vigencia el Código Penal aún no está definido y eso genera incertidumbre e inseguridad jurídica para la ciudadanía.
El foro, donde se debatió la temática fue organizado por la Coalición Contra la Impunidad y contó con la disertación del experto internacional en derecho penal, Alejandro Rodríguez Barillas.
4 respuestas
Creado y diseñado por las mismas mentes que han empobrecido y saqueado al país.
El pueblo dejo de ser soberano para ser ellos los soberanos.
El pueblo se lo merese por permitirles tanto libertinaje.
Y el código de trabajo para el empleador… Estamos hundidos en la corrupción. Los trabajadores del gobierno estan vendidos a mejor postor.
Eso no puede seguir así… El pueblo debe seguir preparándose para la insurrección.
solo para eso sirven los diputados para jorobar al pueblo no me explico como es que los apoyan todavia en sus comunidades