Tegucigalpa.- La Coalición Anticorrupción condena que una vez más el Congreso Nacional legisle a favor de los intereses de grupos de poder económico y político y en contra de la población que los eligió y exige al Congreso Nacional abrogar las reformas aprobadas.
El jueves 7 de octubre, en medio del feriado por la semana Morazánica, del partido de futbol que se celebraba esa noche, y con un quórum dudoso porque muchos diputados afirman que no participaron en la sesión, el Congreso Nacional en una conducta dictatorial, aprobó un conjunto de reformas que fomentan la impunidad, extreman la criminalización de la lucha contra la corrupción y la defensa de la tierra, y entregan más beneficios a sectores de poder.
En un comunicado señalan que habitualmente los diputados buscan ocultar los asaltos al patrimonio económico político y social de la población y protegerse ante la ley por sus delitos, en pleno proceso electoral, con reformas al Código Penal y Procesal Penal.
En aras de protegerse de la ley legislaron para que el secreto bancario se aplique solo en casos de lavado de activos y extorsión, por lo tanto, los delitos relacionados con temas de corrupción no podrán ser investigados por la Unidad de Investigación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y el Ministerio Público no tendrá quién le proporcione esa información vital para investigar a los corruptos.
Apuntan, además, que el Código Procesal Penal, que en un inicio se concibió para darle modernidad y facilitar la justicia, con este tipo de reformas desnaturaliza la doctrina jurídica y desafía la legislación internacional porque, de forma despótica y opresiva coarta el derecho a la libertad de expresión con penas de hasta 10 años de cárcel.
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Y de ahora en adelante, nadie podrá salir a las calles a protestar por los abusos de funcionarios de gobierno. Con esta tiránica y abusiva medida, la peor parte la llevan quienes defienden los recursos territoriales de la población campesina, indígena y afrodescendientes.
También incluye a las organizaciones de sociedad civil que financian sus proyectos con fondos de cooperación externa, como Personas Expuestas Políticamente (PEP), calificación que solo reciben quienes desempeñan cargos públicos y por lo tanto, están sujetos a ser investigados por posible lavado de activos.
Esta medida forma parte de la creciente tendencia adoptada en la región centroamericana de utilizar la legislación y la institucionalidad pública para coartar la lucha anticorrupción desde la sociedad civil.
Entre las reformas aprobadas por el Poder Legislativo también se conceden quince (15) años de beneficios e incentivos fiscales a través de la Ley de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía, lo cual, según expertos, incluye a las ZEDE, solo beneficia a unos pocos con poder económico, va en detrimento de la recaudación de impuestos lo cual afecta los servicios públicos y además se convierte para las empresas, en una competencia desleal.
Asimismo, las ZEDE representan protección para la clase política que busca ampliar su impunidad por todos los ilícitos de corrupción, narcotráfico y otros delitos en los cuales están involucrados.
En otro de las aprobaciones, se exonera a los candidatos que no presentaron informes financieros sobre los fondos que recibieron para sus campañas en elecciones internas, desconociendo la ley que los obliga a transparentar los fondos que reciben.
Para ampliar la franja de impunidad y protección legal para los diputados y diputados y funcionarios públicos involucrados en ilícitos, el Congreso Nacional amplió su periodo de sesiones del 1 de noviembre al 22 de enero, periodo en el cual ya deberían estar en receso.
Todas estas medidas reflejan la intención enfermiza de hostigar, perseguir, intimidar y desmovilizar a la ciudadanía para evitar que se investiguen, denuncien y cuestionen sus actos de corrupción y abusos de poder, señala la Coalición Anticorrupción en su comunicado.
