Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó martes una síntesis sobre sus 12 informes sobre corrupción en tiempos de pandemia, publicados entre abril y septiembre del presente año, en donde se identificó que la Secretaría de Salud (Sesal), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) le provocaron al Estado una pérdida de más de L 817 millones de lempiras y, además, se exhorta al presidente Juan Hernández, para que «limpie la característica corrupción que prevalece dentro de su administración».
Entre las irregularidades más relevantes están las compras del exdirector de Invest-H, Marco Bográn, de los siete supuestos hospitales móviles por más de L 1,100 millones de lempiras, cuando el valor real ascendía a L 369.1 millones, beneficiando al intermediario, Axel López, gerente de Elmed Medical System con más de L 804.8 millones.
Los siete hospitales móviles debieron estar en junio en Honduras, pero apenas dos de ellos se encuentran instalados hasta la fecha; apenas comenzó a funcionar el primero, mientras que dos más atracaron hace ocho días en Puerto Cortés.
“Como consecuencia, durante esta demora de cuatro meses han fallecido ya 2,466 compatriotas. Otro momento decepcionante para la realidad hondureña, fue que el exdirector de Invest-H favoreció a su tío, otorgándole un millonario contrato de supervisión por la instalación de un hospital móvil en Copán, contraviniendo así la Ley de Contratación del Estado. Adicionalmente, este exfuncionario también favoreció al señor Juan José Lagos, socio de Grupo GYT y esposo de la diputada por el Partido Nacional, Waleska Zelaya, al momento de comprarle 474,000 mil mascarillas KN95”, expresa el informe del CNA.
Según el CNA, también está involucrado el actual defensor de Bográn. Porque fue el representante en el período de transacción de la empresa en mención.
Desde Invest-H se sobrevaloró la compra del medicamento Ivermectina, utilizada para la composición del tratamiento MAIZ, mismo que sin tener evidencia científica de poder utilizarse contra el coronavirus, se decidió entregarlo a las comunidades de forma irresponsable, como si se tratara de una bolsa solidaria; entrega que también involucró a la Sesal al carecer de una postura científica y por emitir opiniones de carácter proselitista.El CNA también denunció a esta institución pública, visto que se identificó una sobrevaloración en la compra de equipo de bioseguridad.
El informe revela cómo el exdirector de Copeco, Gabriel Rubí, adquirió un lote de ventiladores mecánicos Breas Vivo 65, los cuales fueron traídos desde los Estados Unidos en el avión presidencial, mismos que fueron entregados al Hospital del Tórax, llegando de forma incompleta y siendo evidenciado por la entidad anticorrupción su falta de función.
Rubí goza de las prerrogativas como diputado por el Partido Nacional, sin que la justicia tome rienda sobre el no funcionamiento de estos aparatos tan necesarios para los pacientes COVID-19, pero, sobre todo, para el hospital antes mencionado.
Invest-H pagó la adquisición de 740 dispositivos, de los cuales, 410 tuvieron que estar funcionando en junio, situación que no ocurrió así, pues solo 20 de ellos permanecían funcionando. De igual modo, Bográn negoció la entrega —que tuvo que ser de emergencia— de los restantes 330 aparatos hasta la época de Navidad, para favorecer al proveedor.
Gabriel Rubí, según el CNA, pagó más de 5.5 millones de lempiras para adquirir un hospital móvil de última generación. Pero resultó ser una carpa de lona que fue ubicada en Villanueva, Cortés, la cual, carece del servicio para salvar vidas a compatriotas infectados por la nueva enfermedad.
El CNA estima que tanto el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como el Ministerio Público han sido ineficientes al apostarle más a la impunidad que a la propia justicia, ya que, como se ha podido observar, ha sido mediante la presión ciudadana que estos organismos se vieron obligados para actuar, pero desde los análisis jurídicos, se contempla que los requerimientos fiscales son endebles, por lo que es posible estar ante un escenario de magnánima impunidad y corrupción, en caso de no llevar a cabo de forma correcta los procesos penales.
El Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) elaboró un documento referente a «La función constitucional de los operadores de justicia», el cual, busca ser un mecanismo de presión para evitar malas prácticas y para que el Ministerio Público (MP) pueda presentar requerimientos fiscales sólidos.
