Por: Redacción CRITERIO
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El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público (MP) a miembros de pasadas y presentes corporaciones municipales de dos alcaldías del Departamento de Cortés por el delito de exacciones ilegales, ya que cobraron impuestos que de forma ilegal aprobaron.
En el primer caso, el CNA analizó el Plan de Arbitrios de la municipalidad de Villanueva de 2011 a 2015, y determinó que se le incluyeron el Impuestos por Explotación o Extracción de Cal y el Impuesto por Extracción de Aguas Subterráneas.
El artículo 74 de la Ley de Municipalidades establece que las alcaldías pueden aprobar tasas por servicios y que “no podrán crear o modificar impuestos”.
El único ente facultado para crear impuestos, contribuciones y así como las cargas públicas es el Congreso Nacional, según el artículo 205 de la Constitución de la República.
La artimaña consistió en que al momento de que se elaboró el Plan de Arbitrios, se le agregó al Impuesto de Extracción y Explotación, que sí fue creado por el Congreso, dos incisos para adicionarle estas dos nuevas cargas.
La exacción ilegal es la exigencia de un cobro de un tributo que es ilícito, según el artículo 377 del Código Penal.
En el segundo caso, la corporación de la alcaldía de Santa Cruz de Yojoa de 2015 a 2019, también fue denunciada por crear en su Plan de Arbitrios la tasa social y la tasa ambiental, que, en realidad, son impuestos disfrazados, identificó el CNA.
La tasa se cobra por la prestación de un servicio, mientras que el impuesto no se cancela por una determinada acción, sino que va a un fondo común del Estado y lo invierte en obras y proyectos.
No obstante, las mencionadas tasas sociales y ambientales aprobadas por ese concejo municipal fueron estructuras sin que a cambio se ofreciera una asistencia.
Lo único que se indica como retribución por esas tasas son servicios en áreas sociales y ambientales, pero sin especificar en qué consisten.
El CNA logró, entonces, probar cómo las alcaldías de Villanueva y Santa Cruz de Yojoa se excedieron en sus atribuciones al aprobar cargas impositivas al margen de la ley.
