Tegucigalpa. –Diputados afines a la presidenta Xiomara Castro aprobaron la noche de este miércoles un decreto de ley que respalda al Poder Ejecutivo para que se instale en Honduras una comisión anticorrupción auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Inicialmente el proyecto de decreto, introducido a la cámara legislativa por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Rasel Tomé, establecía que se autorizaba a Castro para que proceda a entablar el convenio con las Naciones Unidas, pero dicha redacción generó un debate.
Fue así como el diputado y abogado constitucionalista, Ramón Barrios, ilustró que el artículo 21 de la Constitución faculta a la presidenta de la república para que en nombre del Estado de Honduras celebre o ratifique convenios internacionales con estados extranjeros u organizaciones internacionales o adherirse a ellos sin el requisito previo de la aprobación del Congreso Nacional.
En caso que se concretice la firma del convenio entre el Poder Ejecutivo y las Naciones Unidas, este deberá ser ratificado por el Congreso Nacional.
Castro, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, prometió en su campaña política la instalación de una comisión internacional anticorrupción, promesa que fue refrendada en diciembre pasado por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) Luis Redondo, quien preside ahora una de las dos juntas directivas paralelas del Poder Legislativo.
“Esta noche quiero agradecerle a Xiomara Castro por haber cumplido con un acuerdo que fue el resultado de las elecciones”, dijo Luis Redondo, quien formó parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Ahora, “contamos con un congreso progresista, con un Congreso que tiene la convicción de querer romper con doce años de narco dictadura, vamos a aprobar todas las leyes que se negaron a aprobarle al pueblo durante doce años”, dijo la diputada del PSH, Fátima Mena.
En enero de 2020 el Congreso de Honduras, controlado por el Partido Nacional dictaminó declinar al convenio suscrito en 2016 con la Organización de Estados Americanos (OEA) para el funcionamiento de la MACCIH.
Con base al dictamen del Congreso, que contó con el voto de varios diputados señalados por la misma MACCIH, el entonces presidente Juan Orlando Hernández, también salpicado por la corrupción, determinó no ampliar el periodo de vigencia de la instancia.
En un periodo de cuatro años en Honduras la misión acompañó a la también desmantelada Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en la presentación de 14 casos mediante los cuales se imputó a 133 hondureños, entre estos funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados, y empresarios.
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En una extensa sesión nocturna, el Congreso también aprobó subsidiar a los hogares hondureños que consuman hasta 150 kilovatios de energía eléctrica al mes, una rebaja de 10 lempiras al precio del galón de los combustibles, la Ley de Condena del Golpe de Estado y la Ley de Amnistía de Perseguidos Políticos.
Luis Redondo anunció que este jueves el Poder Legislativo aprobará la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).
La Junta Directiva que preside Redondo, aunque carece de legalidad, está aprobando leyes que fueron parte de las promesas de campaña de Xiomara Castro y que son de beneficio de los sectores más pobres. Asimismo, que recobran el estado de derecho y prometen el combate frontal de la corrupción.
Honduras atraviesa una crisis institucional por la autoproclamación de dos juntas directivas en el Poder Legislativo. La otra junta directiva la encabeza el diputado insurgente de Libre, Jorge Cálix, quien es apoyado por los partidos Nacional y Liberal.
En las últimas horas se esperaba un acuerdo entre ambos bandos políticos, sin embargo, esto no ocurrió.
