PCM-24-2023, PCM-37-2023, PCM-42-2023, PCM-46-2023 y PCM-06-2024 son los decretos ejecutivos que no fueron conocidos ni ratificados por el pleno de diputados del Congreso Nacional, incumpliendo con uno de los eslabones constitucionales que le dan vida al estado de excepción, y convirtiendo potencialmente esta medida en ilegal
Tegucigalpa, Honduras-. El Congreso Nacional no ratificó cinco de los 12 decretos aprobados, sancionados y publicados en La Gaceta por el Poder Ejecutivo para dar vida y prolongar, por periodos de 45 días, el estado de excepción. Esta acción va en contra de lo que manda la Constitución de la República, lo que, además de revestirla de ilegalidad, puede provocar que el Estado sea sujeto de demandas internacionales en el futuro.
De los 12 decretos ejecutivos (PCM-29-2022, PCM-01-2023, PCM-10-2023, PCM-15-2023, PCM-24-2023, PCM-33-2023, PCM-37-2023, PCM-42-2023, PCM-46-2023, PCM-46-2023, PCM-06-2024 y PCM-09-2024), cinco no han sido ratificados por el Congreso Nacional, liderado por el diputado independiente Luis Redondo, antes del Partido Salvador de Honduras (PSH). Esta falta de ratificación ha dejado un vacío legal que pone en tela de juicio la legalidad del estado de excepción.
El estado de excepción o de emergencia es una medida a la que cualquier gobierno puede recurrir, siempre y cuando las condiciones del país lo justifiquen. Antes y después de ser aprobado por el Ejecutivo, se debe cumplir con un andamiaje legal para garantizar la seguridad, integridad y respeto a los derechos humanos de la población, quienes son los principales involucrados.
Sin embargo, aunque las autoridades alardeen de los resultados obtenidos, gracias a la suspensión de algunas garantías constitucionales, algunos de estos fueron logrados en medio de una medida revestida de ilegalidad porque, de alguna manera, no se está cumpliendo con lo que manda el artículo 187 de la Constitución de la República. Este artículo establece las principales aristas para aprobar un estado de emergencia y, si la situación lo amerita, prolongarlo.
Este artículo establece que el decreto ejecutivo debe ser conocido por el Congreso Nacional en un máximo de 30 días después de ser aprobado por el Poder Ejecutivo, algo con lo que no se ha cumplido cabalmente. Por circunstancias meramente políticas, el Legislativo ha dejado de sesionar por más de seis meses, como ocurrió el año pasado debido al intento fallido de elegir a las autoridades del Ministerio Público.
“¿Qué pasa si no se cumple con el reglamento interno de un lugar? Se cae en una falta. Eso es lo que está pasando con el estado de excepción: al no ser ratificado por el Congreso, se incumple con lo que manda la Constitución, y esa falta de acción por parte de las autoridades podría tener consecuencias en el futuro”, explicó el analista en temas de seguridad Kenneth Madrid en pláticas con Criterio.hn.
Madrid además explicó que, si ya fue publicado un nuevo PCM y el anterior no fue ratificado por el pleno de diputados con la mayoría simple, es decir, 65 votos, el anterior, aunque sea sometido a votación por el Congreso y sea validado, no tendría validez, porque ya está en vigencia uno nuevo que podría contener modificaciones o nuevas medidas.
“Conocer y ratificar un decreto ejecutivo anterior al periodo en el que ya fue oficializado uno nuevo no tiene validez ni sentido. Es algo que podría pasar en el Congreso Nacional por el simple hecho de decir ‘estamos cumpliendo’, pero no tiene sentido en el marco constitucional”, explicó el abogado.
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¿CONSECUENCIAS?
Para el director ejecutivo de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, los vacíos legales que está dejando el Congreso Nacional pueden permitir que los arrestados y aquellos a quienes se les allanó la vivienda sin comprobarse su vinculación con organizaciones criminales o delitos relacionados con la criminalidad, puedan demandar al Estado en instancias internacionales.
“El cumplimiento del marco legal que rodea un estado de emergencia no se ha realizado. Lo que aprueba el Poder Ejecutivo debe ser conocido y sometido a votación por el Congreso Nacional para así aprobar, negar o solicitar modificaciones al decreto emitido por la presidenta, algo que se ha visto en pocas ocasiones”, explicó Acevedo.
Acevedo también cuestionó la falta de transparencia por parte de las autoridades policiales. Aunque estas informan sobre arrestos y supuestos delincuentes vinculados con maras y pandillas, la realidad es que muchas veces se trata de personas buscadas por delitos que no están relacionados con el crimen organizado.
“La mayoría de las personas arrestadas durante este estado de excepción terminan siendo liberadas. Se han reportado casos y denuncias que indican que la mayoría de estos arrestos están relacionados con escándalos públicos, no con delitos vinculados al estado de excepción, y aun así aparecen en los registros como capturas de criminales”, mencionó.
De hecho, la comisionada relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, cuestionó la prolongación del estado de excepción y señaló que esta medida no debe ser la política de seguridad principal en el país.
Además del cuestionamiento, Pochak pidió al Estado hondureño atender y poner en práctica las recomendaciones que hizo la CIDH para reducir los niveles de violencia, desigualdad social, vulneración de derechos humanos e impunidad.
