Durante la audiencia por el informe del GIEI, la Comisión Interamericana defendió la validez del mecanismo internacional y cuestionó que el Estado hondureño retome argumentos que, según señaló, provienen de la defensa de un imputado en el crimen.
Tegucigalpa, Honduras. –– En el marco de la audiencia pública en seguimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), la postura del Estado de Honduras generó cuestionamientos, al retomar argumentos que coinciden con los planteados por la defensa de una persona imputada y prófuga de la justicia en el caso del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres.
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La posición no pasó desapercibida para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, a través de la comisionada y relatora para Honduras, Andrea Pochak, respondió a los señalamientos del Estado, defendió la legitimidad del acuerdo que dio origen al GIEI y destacó los hostigamientos y ataques que enfrentaron sus integrantes durante el desarrollo de su labor.
“Para nosotros es un acuerdo absolutamente legítimo que cumple toda la normativa que rige el trabajo de la Comisión Interamericana”, afirmó Pochak al responder a los cuestionamientos del Estado hondureño sobre el GIEI. Además, subrayó, que el cambio de gobierno no exime al país del cumplimiento de los compromisos asumidos.
La relatora abordó el origen de los cuestionamientos contra el grupo de expertos y expresó preocupación porque estos coinciden con los planteados por la defensa de una persona imputada en el caso, que no fueron respaldados por la anterior administración ni por las organizaciones peticionarias.
Aunque la comisionada no mencionó nombres, la referencia se vincula con Daniel Atala Midence, señalado por el Ministerio Público en el proceso y sobre quien pesa una orden de captura. Atala Midence permanece prófugo de la justicia y forma parte de la familia Atala Zablah, principales accionistas de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a través de Inversiones Las Jacarandas, la empresa que impulso la construcción de la represa hidroeléctrica pese a no contar con el consentimiento de la población.
Pochak indicó que la Comisión Interamericana no emitirá un pronunciamiento sobre esos cuestionamientos debido a que existen peticiones y casos en trámite dentro del sistema interamericano. No obstante, advirtió que la Comisión pondera esos cuestionamientos en función de quién los formula.
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El comisionado José Luis Caballero reforzó la postura de la CIDH al responder a los planteamientos del subprocurador general José Francisco Quiroz Mejía, quien argumentó que el acuerdo que dio origen al GIEI no fue sometido al Congreso Nacional. Caballero señaló que el uso de la Convención de Viena no resulta aplicable, ya que el acuerdo no constituye un tratado internacional. Asimismo, advirtió que este tipo de planteamientos se asemejan a los utilizados por otros Estados para cuestionar el funcionamiento del sistema interamericano.
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), una de las organizaciones solicitantes de la medida cautelar que dio lugar al GIEI, se criticó la reproducción de los argumentos usados por uno de los imputados en el caso y cuestionó que la delegación estatal evitara pronunciarse sobre los hallazgos del informe.
“El informe documenta hechos con base en evidencia. No referirse a ellos implica una forma de obstaculización”, señaló Camilo Bermúdez, integrante del Copinh.
Lucas Mantelli, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), cuestionó los argumentos del Estado y advirtió que citar la Convención de Viena en este caso “no resulta adecuado”, al tratarse de un acuerdo de cooperación técnica. Además, recordó que fue el propio Estado quien solicitó la instalación del GIEI y asumió el compromiso de adoptar sus recomendaciones.
El 12 de enero de 2026 en Honduras, el GIEI presentó un informe de más de 500 páginas que reconstruye no solamente la planificación y la ejecución del asesinato de Bertha Cáceres, sino además la trama financiera que sostuvo y señala las graves omisiones del sistema de justicia hondureño que permitieron se concretara el plan.
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La audiencia pública de la CIDH en seguimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) se realizó en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 12 de marzo.
