CIDH preocupada por violencia en el paro nacional en Honduras

 La Comisión ha sostenido reiteradamente que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en el contexto de las recientes manifestaciones llevadas a cabo en Honduras en el marco del paro convocado por los sectores de salud y educación. 

La Comisión tuvo noticia de una serie de movilizaciones en varias ciudades del país y graves hechos de violencia.

Un boletín de la CIDH señala que, de acuerdo con información pública, el 30 de mayo, varias personas resultaron heridas como resultado de la utilización de gases lacrimógenos, cuando fuerzas de seguridad intentaron desalojar a manifestantes que bloquearon las principales calles de Tegucigalpa y las inmediaciones del aeropuerto de Toncontín.

 Asimismo, varios medios de prensa informaron que tres manifestantes habrían sido heridos por impacto de bala por fuerzas de seguridad en distintas manifestaciones ocurridas fuera de la capital del país.

Por su parte, el mismo día, la Policía Nacional informó que al menos 24 policías de las Direcciones de Prevención y Seguridad Comunitaria, Fuerzas Especiales y Vialidad y Transporte, resultaron heridos durante el transcurso de estas manifestaciones.

La CIDH insta a las autoridades de Honduras a investigar con debida diligencia los referidos hechos de violencia, identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía. 

La Comisión ha sostenido reiteradamente que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales.

 Considerando lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza con arma letal, la CIDH la concibe como un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, que pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal.

Dentro de este marco de excepcionalidad, tanto la Comisión como la Corte Interamericana han determinado que, para que el uso de la fuerza sea justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad, y proporcionalidad.

Asimismo, en el caso de las armas no letales, la CIDH reitera que su empleo debe tener en cuenta varios factores como el contexto en que se utiliza y las condiciones particulares del destinatario, de lo contrario sus consecuencias pueden ser letales o causar heridas graves.

Por otra parte, la CIDH condena los incendios y daños a la propiedad privada ocurridos en distintas ciudades del país, incluyendo los daños causados en la Embajada de los Estados Unidos de América en Tegucigalpa el pasado 31 de mayo, en el marco de las protestas, por ser estas conductas incompatibles con el derecho a la protesta pacífica. No obstante, la Comisión reitera que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta. 

En atención a que el paro en referencia continúa y a que se han convocado nuevas manifestaciones en los próximos días, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH señaló: “recordamos al Estado de Honduras sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad, el derecho de reunión pacífica y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la obligación de las autoridades, en particular las encargadas del orden público y la seguridad interior, de tomar medidas operativas para facilitar el derecho a la reunión pacífica en estricto apego a los principios generales sobre el uso de la fuerza en estos contextos.” 

La CIDH tomó nota del anuncio del Gobierno Nacional de derogar dos decretos relacionados con la educación y la salud y de aprobar dos nuevos decretos que incluyen la instalación de dos mesas de trabajo para el mejoramiento de la educación y la salud pública.

 “En este contexto instamos a asegurar una participación amplia y representativa de la sociedad civil en el debate sobre estas propuestas de reforma”, señaló el Comisionado Joel Hernández García, Relator para Honduras.