Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, se reunió con defensores del Estado, grupos indígenas, campesinos y familiares de Berta Cáceres que llegaron al Ministerio Público a exigir mayor celeridad y claridad en las investigaciones del asesinato de la líder ambientalista.
Cavallaro llegó al país para encargarse de 4 temas para la protección de personas que van desde la investigación del asesinato de la lideresa indígena ambientalista Berta Cáceres, el Copinh y la investigación del conflicto en el Bajo Aguán, la protección de la diversidad sexual y un caso que dijo no mencionar por razones de seguridad.
Señaló que se trata de brindar seguridad y protección a los integrantes del Copinh y de solicitar al Estado hondureño que acelere las investigaciones del asesinato de Berta Cáceres no solo con los autores materiales sino también los intelectuales, pero lo más importante es que produzca resultados, recalcó Cavallaro.
Por su parte la representante del CEJIL para México y Centroamérica, Marcia Aguiluz, manifestó que la reunión se suspendió porque la posición del COPINH y la familia de Berta Cáceres es que si el fiscal general no está presente no sirve de nada la reunión, porque ya llevan muchas reuniones y el Ministerio Público simplemente no se presenta.
A pesar que la reunión ya estaba agendada desde un par de meses atrás, el fiscal general Oscar Chinchilla no asistió y se excusó diciendo que estaba fuera del país y siempre sucede lo mismo dijo Olivia Zúniga Cáceres, hija mayor de la malograda ambientalista.
Zúniga Cáceres dijo: “hemos llegado a hacer exigencias y no podemos llegar a reunirnos con las mismas personas que no tienen la capacidad de decidir que el MP entregue la información referente al caso del asesinato de mi madre a nuestros abogados y del Copinh.
La audiencia preliminar es este 24 de mayo y aun los abogados de la familia no cuentan con la información que está dilatando el proceso de manera muy sospechosa y por eso exigen la presencia del Fiscal General Oscar Chinchilla, remarcó Zúniga Cáceres.
La hija de Cáceres manifestó que ya son más de 15 meses esperando justicia por el asesinato de su madre y además informó que tanto la familia como los miembros del Copinh y la comunidad de Río Blanco siguen recibiendo amenazas y campañas de odio que vienen desde el Estado de Honduras y de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).
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Tengo algunos años de experiencia y me encanta practicar el periodismo incómodo que toque los tinglados del poder, buscando cambios en la forma de gobernar y procurar el combate a la corrupción, develando lo que el poder siempre quiere ocultar. Ver todas las entradas
2 respuestas
Tony Hernandez está cantando como un sapo, muchos ex generales y generales activos tienen que estar muy preocupados , he igual coróneles. Mel zelaya y Pepe lobo y Ramon lobo y hermano de Mel zelaya tienen los días contados para ser extraditados.
El crimen cometido contra la humanidad de Berta Cáceres no ha sido esclarecido debido a que, los que dictaron la ejecución son gente económicamente económica, tienen el suficiente poder como para evitar que el Estado lleve a cabo una verdadera investigación y saque a luz pública los nombres de quienes están detrás de tan abominable crimen.
No cabe duda pues, que el actual presidente Juan Orlando Hernández lejos de salvaguardar la vida de los ciudadanos hondureños, hace justamente lo contrario y, prefiere defender con todo lo que está a su alcance a quienes por intereses económicos dieron la orden de asesinar a Berta Cáceres.
Es claro entonces, que los órganos de justicia hondureños tienen órdenes precisas para que este asesinato quede en total impunidad, de comprobarse lo anterior este podría convertirse en un asesinato de LESA HUMANIDAD y las consecuencias penales contra el Estado hondureño podrían ser muy graves.
Además, si internacionalmente Juan Orlando Hernández es hallado culpable de cohecho podría enfrentar cargos penales fuera del territorio hondureño tal como ha ocurrido con otros presidentes por similares crímenes.