La CIDH emitió a inicios de octubre la resolución 55/2023, en la que otorga medidas cautelares en favor de 30 integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos
Tegucigalpa, Honduras. – Asesinatos, desplazamientos, hostigamientos y detenciones arbitrarias. Las y los integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa han pagado un alto precio por la defensa del agua y oponerse a la contaminación producida por un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras en Tocoa, Colón.
Como consecuencia de estas acciones criminales en contra de ellas y ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió a inicios de octubre la resolución 55/2023, en la que otorga medidas cautelares en favor de 30 integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos, “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Honduras”.
De acuerdo con lo expresado mediante un comunicado, las y los miembros de ambas organizaciones “han sido objeto de amenazas de muerte, seguimientos, vigilancias, hostigamientos y otros hechos de violencia a lo largo de los años en el ámbito de su trabajo como personas defensoras de derechos ambientales y como representantes legales”.
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La CIDH sostiene que esas acciones violentas se mantendrían en el tiempo, apuntando que, si bien algunas de estas personas defensoras no cuentan con medidas de seguridad, otras sí son beneficiarias de estas por parte del Estado, pero no se estarían implementando de forma adecuada.
La Comisión —si bien valoró y fue informado por el Estado de Honduras sobre las distintas diligencias y acciones adoptadas— apuntó que la situación de vulnerabilidad continúa producto que las medidas no estarían siendo implementadas adecuadamente y no resultarían adecuadas para proteger a las personas propuestas beneficiarias de acuerdo con su situación y nivel de riesgo, así como la necesidad de continuar con la investigación de los hechos informados.
A consecuencia de esta situación, la CIDH solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas para la protección de los derechos a la vida e integridad personal, y que resulten en que las personas beneficiarias puedan continuar con sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objetos de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia.
ACCIONES VIOLENTAS SON RESULTADO DE LA COLUSIÓN DEL MODELO EXTRACTIVO Y LOS INTERESES ECONÓMICOS EMPRESARIALES
“Solicitamos medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana debido a los asesinatos y todos los incidentes de riesgo ocurridos, además del hostigamiento por parte de la misma policía [contra] quienes hemos sido criminalizados y judicializados, hostigados y detenidos arbitrariamente en retenes”, explicó a Criterio.hn el defensor del agua y regidor de Tocoa, Leonel George.
“Es una situación de riesgo, el hostigamiento y las amenazas siguen, tanto por los grupos con los que se han aliado a la empresa como también por los funcionarios públicos locales que tienen interés en esos proyectos”, explicó a Criterio.hn el defensor y regidor de Tocoa, Leonel George.
George recientemente fue descalificado por el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, tras increpar al funcionario por promover un proyecto energético que forma parte de uno de los cinco componentes del megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding, al que se han enfrentado en defensa de los ríos y el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Mientras que Arnol Javier Alemán, quien fue uno de los ocho defensores del agua detenido arbitrariamente por casi 900 días, fue requerido el sábado 14 de octubre por tercera ocasión por la Policía Nacional, pese a contar con una carta de libertad y oficios del juzgado que ratifican la misma.
En la misma línea de acciones violentas, el pasado jueves 28 de septiembre, se denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de dos agentes policiales contra José Nenrro de la O, hijo de Isaías de la O y sobrino de Reynaldo Domínguez, ambos reconocidos defensores, durante un patrullaje.
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“Entendemos que es parte del sistema de control corrupto que se colude con el modelo extractivo y los intereses económicos empresariales”, dijo George sobre las recientes acciones contra integrantes del Comité, algunas perpetradas incluso por agentes de seguridad y defensa del Estado.
George compartió que actualmente se encuentran en una situación “bastante difícil y complicada” debido al malestar tras la suspensión por dos años de la mina de parte de sectores que se beneficiaban de la misma.
“Es una situación de riesgo, el hostigamiento y las amenazas siguen, tanto por los grupos con los que se han aliado a la empresa como también por los funcionarios públicos locales que tienen interés en esos proyectos”, sostuvo.
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El regidor de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre) remarcó que hay familias desplazadas de sus comunidades producto de los asesinatos y amenazas, como el núcleo familiar del presidente de la Junta de Agua de Guapinol, Reynaldo Domínguez, cuyos hermanos Alí y Oquelí Domínguez fueron asesinados el 7 de enero y 15 de junio, respectivamente.
“Han ido destruyendo el tejido social y también la tranquilidad y la paz en las comunidades, así como los daños que ha sufrido la zona núcleo del parque nacional, las zonas productoras de agua, el río San Pedro, el río Guapinol. Ese daño y ese impacto también lo hemos recibido como familia”, concluyó.
