La CIDH y defensores de derechos humanos señalan que cárcel podría exacerbar las violaciones a los derechos de los privados de libertad y sus familiares, así como plantear serios desafíos logísticos y ambientales
Tegucigalpa, Honduras – La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum, ha expresado serias preocupaciones sobre la construcción de una mega cárcel en las Islas del Cisne. Durante la audiencia 15 Honduras: Derechos humanos de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria, Reneaum enfatizó que esta infraestructura, en principio, dificultará el acceso de los privados de libertad a visitas frecuentes y ágiles, lo que contraviene los principios de reinserción y readaptación social.
Reneaum subrayó que «esta estructura o este pensar de mega cárcel sin el acceso a las visitas y al contexto social de las personas privadas de libertad rompe con el esquema de reinserción y de la readaptación social que es el fin último de cualquier sistema penitenciario». Este señalamiento pone en evidencia una preocupación fundamental respecto a los derechos humanos y el manejo penitenciario en Honduras a parte del impacto ambiental que generará dicha construcción.
La construcción de la mega cárcel en las Islas del Cisne, ha sido promovida como una solución a la sobrepoblación y a los problemas de seguridad en las prisiones del país. Sin embargo, desde su anuncio, ha sido objeto de cuestionamiento y un fuerte rechazo por atentar contra un parque marino único y por significar una clara violación a los derechos humanos
TRANSGRESIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Las Islas del Cisne, ubicadas en el Mar Caribe y a una considerable distancia del territorio continental, presentan desafíos logísticos significativos que afectan no sólo a las visitas familiares, sino también a la provisión de servicios básicos y la administración de justicia.
El doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, en entrevista con Criterio.hn resaltó la importancia de varios principios constitucionales que, en su opinión, están siendo gravemente transgredidos con la construcción de esta prisión de máxima seguridad. “Hay que recordar que existe un principio constitucional de rehabilitación, y para que una persona privada de libertad se rehabilite, es necesario que mantenga contacto con el exterior”, señaló Mejía. En la isla accesible sólo por barco o avioneta, dicho contacto se perdería, lo cual contraviene este principio fundamental.
Además, el defensor de derechos humanos, subrayó otro principio clave: las penas no deben trascender al victimario. En este contexto, Mejía explicó que al dificultar o impedir las visitas familiares, se está imponiendo una pena adicional a los familiares de los reclusos, lo que considera inaceptable y contrario a los derechos humanos.
Mejía también señaló que se transgrediría el derecho a la defensa. “El aislamiento permanente de los privados de libertad en una isla limitará gravemente el acceso a un abogado y a una defensa efectiva, violentando así un derecho esencial”, afirmó. Para el defensor, esta situación es alarmante, ya que podría llevar a un escenario donde la justicia se vea severamente comprometida.
El proyecto de construcción de recintos carcelarios, que de acuerdo con analistas es una copia del modelo de seguridad de Nayib Bukele y una continuación a las políticas de seguridad de Juan Orlando Hernández, ha significado una fuerte campaña de criminalización y estigmatización para quienes se oponen debido al daño ambiental y a la violación de derechos humanos. En la defensa del proyecto, funcionarios del gob9erni, principalmente el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, quien en medios de comunicación reitera que quienes se oponen forman parte del crimen organizado.
Ante esta criminalización, Joaquín Mejía advirtió sobre los riesgos futuros de estas políticas. “Las cárceles tienen las puertas abiertas para cualquier persona. Recordemos lo que ha pasado en los últimos 10 años cuando se ha criminalizado a defensores de los bienes comunes y de la democracia, quienes han terminado en cárceles como esta. Me preocupa que, bajo un gobierno autoritario, esta prisión podría ser utilizada contra quienes hoy estamos denunciando estas violaciones”.
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CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES NO SON LA SOLUCIÓN
La decisión de construir esta mega cárcel en una ubicación tan remota ha generado cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones y la eficacia de esta medida. Analistas argumentan que, en lugar de abordar los problemas estructurales del sistema penitenciario, esta iniciativa podría exacerbar las violaciones a derechos humanos.
Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras, se refirió a la construcción de las cárceles de máxima seguridad anunciadas por el Consejo de Defensa Nacional –una en la Reserva de Islas del Cisne con capacidad para 2000 privados de libertad y la otra entre Olancho y Gracias a Dios con capacidad para 20,000 personas—.
En ese sentido, Albaladejo Expresó que dichas construcciones en lugar de ser una solución a la crisis del sistema penitenciario “podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones a derechos humanos”. Remarcó que los principales derechos que se verían en riesgo son derecho al contacto con el exterior, a la salud, garantías judiciales y protección de la vida.
