Tegucigalpa, Honduras. – La masacre de 46 mujeres al interior de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), devela un sin número de falencias en la condición de sistema penitenciario, desde la falta de sentencias, el hacinamiento, entre otros problemas estructurales, además desenmascara la falta de atención a la prevención de la violencia en contra de las mujeres y generar políticas públicas para el empoderamiento de más del 50 % de la población hondureña.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Mujeres Privadas de Libertad, señala “las mujeres detenidas en las Américas se enfrentan a afectaciones desproporcionadamente graves debido a la falta de atención a las necesidades específicas derivadas de su género”.
En Honduras, sólo la PNFAS es centro penitenciario para mujeres, está ubicado a unos 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, esto de acuerdo con Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), distancia a las privadas de libertad de sus familias.
“La distancia de la posibilidad de estar cerca de sus hijos e hijas, la mujer independientemente de la situación en la que se encuentre, para ellas los hijos son de las principales preocupaciones”.
Además, el defensor de derechos humanos indicó que este problema de distancia física, pone a las privadas de libertad “en riesgos de abusos, de malos tratos y violaciones a sus derechos humanos”.
La CIDH enfatiza que ante la separación y pérdida de vínculos afectivos que conlleva el encarcelamiento “afecta gravemente la salud emocional tanto de las mujeres como de las personas bajo su cuidado”.
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MUJERES VÍCTIMAS DEL SISTEMA
La CIDH destaca que la mayoría de las mujeres encarceladas en la región se han involucrado en la comisión de delitos como consecuencia de diversos factores que se vinculan principalmente con reducidas oportunidades económicas y educativas que derivan en situaciones de pobreza, responsabilidades financieras respecto de las personas bajo su cuidado, contextos de violencia, y consumo de drogas.
Honduras registra altos índices de pobreza, un 74% de la población viven en pobreza y un 53 % viven en condiciones de extrema pobreza, estas condiciones amplían las brechas de desigualdad, además la falta de acceso a fuentes de empleo genera incertidumbre en la sociedad hondureña. Analistas consideran que la falta de garantía a los derechos fundamentales de las personas, abona en la incursión o reclutamiento del crimen organizado.
El defensor y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, advirtió “cuando un país no entiende que «derechos humanos» son las condiciones que se necesitan para vivir dignamente (…), está condenado a vivir sin dignidad y bajo el autoritarismo”.
En Honduras el autoritarismo podría darse en dos vías, la estatal y la del crimen organizado, maras y pandillas. Este último ha generado control en la mujer y ahora en la niñez y juventud, que se convierten en víctimas del reclutamiento forzado; pero la sociedad ve a estos grupos poblacionales como victimarios.
La CIDH, indica que las barreras en el acceso a la educación, pobreza y falta de oportunidades “colocan a las mujeres en situaciones de riesgo y hacen de ellas objetivos fáciles de la delincuencia organizada, siendo las mujeres con bajos niveles socioeconómicos y educativos, las personas en mayor riesgo de ser utilizadas para participar en operaciones delictivas como victimarias”.
En este contexto, la defensora de derechos humanos, Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), consideró que el involucramiento de las mujeres en el crimen organizado, “no es de altos mandos, son el último eslabón en la cadena de crimen”.
Las mujeres sufren una ola de violencia desmedida, el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), del 1 de enero al 27 de junio de 2023, registra 232 mujeres asesinadas –incluidas las 46 muertes al interior de PNFAS, crimen catalogado como feminicidios de Lesa Humanidad—.
De acuerdo, con Jessica Sánchez, estos femicidios tienen una vinculación con el crimen organizado. “No digo que las mujeres estén en el crimen organizado, sino que son objeto del crimen organizado por medio de venganzas entre terceros, trata y explotación sexual”.
La defensora de derechos humanos y feminista, es de la opinión que el Estado deben trabajar estas aristas desde la interseccionalidad –análisis sobre la interrelación del sexo, el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, entre otras categorías, y su interacción ante las injusticias sociales y la vulneración de derechos—, para ello, según Jessica Sánchez, “se necesita un apoyo decidido desde el ejecutivo”.
La CIDH, apunta que a pesar que las mujeres encarceladas en los países del Norte de Centroamérica constituyen un porcentaje considerablemente inferior en comparación con los hombres -en promedio el 8.5% -, en las últimas décadas, se ha presentado un marcado aumento en su detención.
En Honduras, el incremento en las detenciones de mujeres también está vinculado con el aborto –tipificado en artículo 196 del código penal como un delito, con penas de hasta seis años de prisión para la mujer—.
CÁRCELES NO CUMPLEN ROL SOCIAL
La Constitución de la República de Honduras establece en su artículo 87 “Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo”, sin embargo, en el país centroamericano la realidad es otra, analistas en materia de seguridad consideran que los recintos carcelarios “son escuelas del crimen”.
Reyna Rivera, analista y defensora de derechos humanos, es de la opinión que las cárceles deben tener una función social como lo mandan los estándares internacionales, la Constitución de la República y “no con un objetivo de segregación”.
“El problema es que la gran mayoría de las personas privadas de libertad van a salir y salen de verdaderas escuelas del crimen, por eso es que el crimen en Honduras no baja porque las cárceles no están cumpliendo ningún rol de social”, destacó Rivera.
La CIDH, en su relatoría indica que la puesta en práctica de programas dirigidos a la reinserción social de mujeres, presentan desafíos como: obstáculos generales vinculados con la escasez de políticas de reinserción social, y una falta de recursos destinados al funcionamiento de estos programas; escasez de programas con perspectiva de género; existencia de programas que refuerzan los estereotipos de género; y restricciones que dificultan la participación de mujeres.
Luego de la tragedia en PNFAS, la presidenta Xiomara Castro, ordenó la militarización del sistema penitenciario –una decisión fuertemente cuestionada por organismos internacionales y nacionales—.
En ese sentido, Jessica Sánchez, consideró que el sistema carcelario de Honduras se debe reformar, pero “no sólo en temas de militarización y de reprensión, sino en un sistema penitenciario que de respuestas a las mujeres”.
Según datos oficiales, en Honduras, a mayo de 2021, se documentaron 1.177 mujeres privadas de libertad, de las cuales 741 se encontraban sujetas a prisión preventiva, estos datos reflejan una tasa de prisión preventiva en mujeres de 63%.
Por ello, Sánchez en entrevista con Criterio.hn consideró que es urgente que el Estado genere un sistema penitenciario que garantice a las mujeres una sentencia.
“Que sea un sistema integrado bajo la perspectiva de rehabilitación y de reparación, de lo contrario, solo será un castigo por el que las mujeres están privadas de libertad sin ningún beneficio para ellas y para sus familias”, advirtió. El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), documentó hasta el 8 de junio de 2023, según la información proporcionada a esta institución, 443 mujeres privadas de libertad en condición
