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Por: Rodolfo Pastor Fasquelle

Yo comprendo lo que hizo Xiomara al incorporar a jóvenes relativamente desconocidos en su gabinete. Si quieres excelencia, tienes que gobernar con los mejores, y para eso, tienes que incorporar gente nueva.  No se trata únicamente de que tengan experiencia. Aparte de que hay experiencias de distinto signo, siempre hay que balancearlas con el vigor y la imaginación para ensayar alternativas a lo que ya fracasó. La experta burocracia parasitaria es una lacra debilitante, trampa letal.

La confianza por supuesto es un requisito clave de cualquier nombramiento importante, político o corporativo. No puede reclamarse tampoco que incida la política en el nombramiento de un gabinete. La designación de los funcionarios inmediatos al Jefe de Estado es gesto de confianza y es política por principio. Si bien –además- los secretarios de estado han de estar calificados para comparecer en su representación y entender las pericias que se ocupan en sus carteras, para escoger bien a sus colaboradores y   consejeros. No es preciso que un profesional honrado, a la cabeza de un equipo sea un técnico en cualquier materia. Una buena administradora puede ser ministra de hacienda, si cuenta con accesoria técnica de calidad, está comprometida con y empoderada de la dignidad de su cargo. Hay que dar tiempo aun. Pero seguro que la gran mayoría de los altos cargos se ha confiado a gente capaz  y responsable, y que una generalidad de ellos servirá de modo eficaz. Se les va la vida en ello, o el destino

Para solucionar la crisis aquí permanente o crónica y resolverle a la gente sus urgencias en cambio, el estado precisa contar –en los mandos operativos- con la eficacia y el rendimiento que solo dan la alta calificación específica, la disciplina y el compromiso. Lo que hay que vigilar en primer lugar -comenta un amigo- es que los nombramientos sean legales, que sabiamente en esos casos la ley explicita requisitos, otro agrega, incontinenti, no, lo crucial es que los nombrados sean  idóneos.  Y un tercero, que además sea efectivo. Ergo, amén de exigir lealtad,  en puestos operativos, hay que ubicar desde el inicio, a profesionistas competentes y capaces.

Eso es imposible cuando esos cuadros se escogen y llenan por presiones, entre amigos o parientes, activistas o clientes, carentes de las destrezas o del sentido de responsabilidad. Hace ya tres décadas, un líder todavía hoy vigente (y enchambado) me espetó nosotros no tenemos partidos políticos  (de ciudadanos comprometidos por ideales y propósitos comunes) docsi no agencias de colocación de empleo público.  A la presión del «chamberismo» –la gente que se agolpa a las puertas de las oficinas, reclamando méritos de servicio partidista para ocupar puestos de alto perfil técnico– responden nombramientos dudosos. Grupos de activistas y clientelas presionan a los funcionarios con cartas y llamadas recomendando a personas que no buscan un cargo para servir, si no una posición para ganar el sueldo. Aunque creen que son honrados.

Dar a un cargo de ese tipo a quien no es apto o recibirlo… es corrupción, de las más dañinas, la peor. No solo contraviene la moral del estado. Genera atonía oficial, deslegitima al poder público, en cuanto posterga el bien general. Más allá de lo normativo, lo que debe y no ser, lo importante son las consecuencias prácticas ineludibles. Fortaleces tu grupo de apoyo o la capacidad de respuesta del estado, quedas bien con la base o con la población. Emplear a una persona que no está capacitada en un cargo operativo además produce una múltiple disfunción: el individuo fracasa, la institución se entorpece, el equipo de cuadros medios del servicio se desmoraliza, el cliente o público recibe mal servicio, el gobierno o institución se desprestigia, pierde imagen, fuerza y poder. Por eso como dice Mel, los revolucionarios no son «chamberos», tampoco los servidores de calidad.

Para nada se trata de algo nuevo. Una explicación posible del vertiginoso colapso del Imperio Español en América en los albores del s. XIX dicen varios buenos historiadores es que, a pesar de las reformas borbónicas, la Corona nunca pudo recuperar el control del Estado que había empezado a perder desde cuando, dos siglos antes, comenzó a premiar a los nobles y vender los cargos públicos, a cambio de la coima, que abultaba la bolsa del cortesano y la media anata,[1] que aliviaba el crónico déficit de la Corona. Llegaban aquí ya entonces virreyes, oidores, capitanes generales y gobernadores con sus cargadas de paniaguados y facultades para rematar cargos fiscales (de alcalde mayor y corregidor) a agentes de los cónsules o a los ricos mineros, a conveniencia. Como resultado de ese origen ruin, los beneficiados instrumentaron el poder público para su lucro, pues entendían sus cargos como patrimonios.[2] Aunque tensaron la estructura, las nuevas intendencias no pudieron rescatar el estado secuestrado.

La literatura ha explorado menos, pero cabe plantear igual que la anarquía que frustró la formación del estado nacional y el desarrollo de los países latinoamericanos por medio siglo luego de la Independencia respondió en gran parte a la administración pública secuestrada por caudillos y nepotes, que heredaron la lipidia y la cultura del estado patrimonial ibero, lo que agravó una debilidad financiera endémica. En Honduras, la sucesión de las revueltas, reyertas entre caciques y la inestabilidad de la alternancia de los partidos desde hace poco más del siglo  saboteó la construcción de un estado moderno, de instituciones funcionales, administrado por profesionales capaces. Y aún hoy con cada cambio de gobierno se despide y contrata a la plana entera de los servidores, hasta los barrenderos, pasando por las secretarias y misceláneos técnicos con entrenamientos concretos.

Hay -en el aparato público hoy- funcionarios legítimamente contratados, y que tendrán que ser considerados oficiales de carrera de servicio civil. Pero, por el cúmulo y efecto de arrastre de 10 años de preeminencia nacionalista y  por el arbitrio -para tomarse al gobierno desde adentro- aun 24 horas antes de entregar la administración se acordaron bajo JOH decenas de miles de contratos que ahora tienen que anularse penosamente.

Ha habido nombramientos dudosos, un par de embajadas han sido dilapidadas, ha trascendido al menos el rumor de que ¿hay diputados que venden plazas? Seguro que los presidentes son inocentes. Pero debe recordarles que corrupción no solo es ladronismo y  que mal gobierno no tiene que ser una cábala perversa.  Basta con la suma de actos u abstenciones de funcionarios incapaces o desidiosos, convencidos de que no pasa nada.

Un administrador de bienes flotantes con antecedentes penales, un director de migración que tiene que mandar los permisos a Tegucigalpa y es incapaz de formular una política migratoria, una policía que posterga los delitos que mas afectan a la gente, no tiene materiales para imprimir licencias y sigue practicando operativos que solo sirven para recoger mordidas no está bien, un administrador de hospital que no vigila el servicio de sus médicos, no procura los insumos o no lleva un inventario de los medicamentos en su farmacia, un director de escuela o colegio despreocupado de la disciplina y asistencia de los maestros, desentendido de los rendimientos de los alumnos, un director de infraestructura que no estudie la calidad del diseño,  no vigile la construcción de la obra pública, en fin…. Un director de aduanas, que ignora que el personal, nuevo o viejo, en vez de fiscalizar la mercancía, procura mordidas de pasajeros y comerciantes. Mal gobierno es simplemente el que no cumple, no le sirve a la gente, si no que la irrita, no responde a la urgencia pública si no a la codicia particular o la venalidad. No es el caso del gobierno actual, solo de los rumores de una campaña en su contra.

El Carmen 12 de Julio 2022

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