Cespad expone que es esencial reforzar los mecanismos de control sobre el financiamiento de campañas para evitar que el crimen organizado influya en la política nacional
Con las elecciones primarias de 2025 en el horizonte, es crucial la implementación de medidas que fortalezcan el marco electoral y financiamiento de partidos políticos para garantizar la transparencia y legalidad en el financiamiento de las campañas políticas
Tegucigalpa, Honduras. -Ante las crecientes denuncias sobre el uso de dinero proveniente del narcotráfico y de fondos públicos en las campañas electorales, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) recomendó al Congreso Nacional a aprobar una serie de reformas a la Ley de Política Limpia.
La principal recomendación de Cespad es la aprobación de reformas a la Ley de Política Limpia, la cual regula la financiación de partidos y campañas electorales en Honduras.
La organización de sociedad civil realizó una serie de exigencias entre ella: la modificación de los artículos 35 y 65 de la Ley de Política Limpia, anular el acuerdo de reserva de información por parte de la Unidad de Política Limpia, reformas a la Ley Electoral y tipificar como delito penal el financiamiento ilícito a campañas electorales.
En ese sentido, expusieron que se debe modificar los artículos 35 y 65 de la Ley de Política Limpia, los cuales abordan aspectos relacionados con los límites y las fuentes de financiamiento.
El artículo 35 habla sobre el acceso a la información y publicación de todos los desembolsos, planillas, subsidios, pagos, contratos, concesiones y demás erogaciones que se hagan. Con la excepción de información relativa a la defensa y seguridad del Estado.
La recomendación de la organización de sociedad civil es que en el artículo 35 se agregue un numeral en el cual obligue a los partidos políticos a publicar los detalles de todas las aportaciones recibidas de donantes privados, de personas naturales y jurídicas, incluyendo la identidad del donante y el monto de la aportación durante el periodo electoral.
Mientras que el artículo 65 habla sobre la facultad que tiene la Unidad de Política Limpia para investigar denuncia o de oficio, tiene la facultad de iniciar investigaciones cuando halle la existencia de operaciones sospechosas.
En ese sentido, sugieren que la Unidad de Política Limpia trabaje en conjunto con el Ministerio Público para fortalecer los procesos investigativos en caso de identificar posibles casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados al financiamiento electoral.
En consonancia, la organización de sociedad civil propuso que el financiamiento ilegal sea adicionado como delito en el Código Penal en el artículo 547-A. En su redacción se leería “comete el delito de financiamiento ilegal de campañas electorales quien, siendo candidato, partido político, representante financiero de campañas o cualquier otra persona que, actuando en nombre propio o representación de terceros reciba o acepte donaciones anónimas provenientes de fuentes prohibidas”.
Cespad argumenta que es necesario fortalecer estos artículos para establecer un control más riguroso sobre las donaciones y los recursos destinados a las campañas electorales.
De igual manera, señalan que la ley actual tiene vacíos y ambigüedades que permiten que fondos de origen ilícito, como los provenientes del narcotráfico, puedan infiltrarse en el financiamiento de los candidatos y partidos.
PIDEN REVISAR ACUERDO DE RESERVA DE INFORMACIÓN DE APORTACIONES PRIVADA A CAMPAÑAS
Osiris Payes, integrante del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), dijo a Criterio.hn que la demanda principal dirigida es la revisión y anulación del oficio 001-2018 emitido por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) con el cual se reservó la información de las aportaciones privadas a las campañas de los partidos políticos.
Payes explicó que el acuerdo 001-2018 “es el principal bloqueo para que la ciudadanía conozca el origen y quiénes son los principales donantes de las campañas electorales de los partidos político como tal”, por lo que es necesaria su eliminación.
Agregó que es obligación de los partidos políticos, movimientos internos y candidatos brindar sus reportes financieros ante las instituciones fiscalizadoras, para evitar que adulteren o no presenten la información completa,
Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Ramón Barrios declaró a este medio digital que la falta de voluntad política a frenado la aprobación de reformas electorales y a las herramientas de fiscalización a campañas electorales.
“No hemos podido hacer las reformas estructurales y trascendentales que nos pedía la sociedad. ¿Qué nos impide? pues que estas eran reformas estructurales necesitan 86 votos, y no hay voluntad”, excusó el legislador y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional.
No obstante, explicó que las reformas a la Ley de Política Limpia sólo necesitan 65 votos, ya que no son reformas constitucionales. “Son modificaciones que van orientadas a fortalecer la fiscalización y el financiamiento de partidos políticos y de los candidatos, con fines de evitar que el dinero del narcotráfico y de la corrupción llegue a las campañas electorales”, indicó.
