Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Ante la necesidad de recursos económicos para hacerle frente a la emergencia por COVID-19, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), pidió al Gobierno la reducción del 50% de los salarios de todos los empleados públicos que tienen salarios superiores a 75 mil lempiras mensuales, ante la necesidad de recursos para enfrentar la emergencia por COVID-19.
Mediante un comunicado la CCIC señaló que es necesario que el Gobierno de la República haga un esfuerzo de reducción de gastos comenzando por la disminución en un 50% de los salarios de todos los empleados públicos que devengan sueldos superiores a los 75 mil lempiras mensuales; ésta y otras muchas medidas necesarias liberarían recursos para fortalecer nuestro sistema de salud y atender a más hondureños en los hospitales.
Además, hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a reformar el Decreto 79-2020 de la Ley de la Extensión del Calendario Tributario ya que la micro, mediana y gran empresa, atraviesa por una crisis de iliquidez debido a las restricciones de movilidad que han sido necesarias en esta emergencia.
Los empresarios del departamento de Cortés señalan que todos los sectores de la economía, sin discriminación e incluyendo personas naturales, requieren de una prórroga de pagos de impuestos como plazo mínimo a diciembre próximo. También se debe eliminar el artículo N.2 de dicho decreto ya que representa una discriminación incorrecta.
También piden que se eliminen los pagos a cuenta correspondientes al año 2020, debido a que la situación económica imposibilita pagar impuestos por adelantado.
La prioridad del sector privado actualmente es utilizar los recursos disponibles para mantener los empleos y evitar el cierre de negocios y salvar los empleos que es indispensable y para ello exigen que el gobierno apruebe medidas de alivio reales como acceso a líneas de crédito a tasas bajas y plazos largos, y para algunos sectores junto con las clases más desposeídas entregar fondos no reembolsables para que puedan reiniciar sus actividades.
Finalmente señalan que es indispensable el manejo honrado, transparente y eficiente de los recursos públicos.
