En medio de denuncias de fraude por parte de residentes de Castaños de Choloma, dos de los inversionistas involucrados en la construcción de la residencial inundada tras el paso de las tormentas Eta y Iota, juan Carlos y Ernesto Argüello, demandan al Estado de Honduras ante el CIADI por 100 millones de dólares, más dos millones de dólares en “daños morales”
Institucionalidad hondureña mantiene en secretividad información relacionada al caso, realizando acercamientos con la municipalidad de Choloma mas no con las víctimas directas para conocer la situación real de vulneración de derechos por parte de Inter-Mac en la zona
Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, señaló que los arbitrajes internacionales han creado un sistema de justicia paralelo que beneficia a inversores extranjeros y élites locales, otorgándoles una doble protección. Aunque la salida de Honduras del CIADI es un paso importante, Ghiotto subrayó que no es suficiente, ya que otros tratados y leyes siguen permitiendo demandas en foros arbitrales globales
Tegucigalpa, Honduras. – En 2010 la empresa Inter-Mac vendió el proyecto de ciudad residencial Castaños de Choloma, bajo un concepto de viviendas seguras y a bajo costo, en zona no inundable y un seguro contra desastres naturales. Diez años después, en medio de la pandemia de covid-19, las familias enfrentaron dos inundaciones por las tormentas Eta y Iota, y no obtuvieron indemnización por los daños.
La llamada Ciudad Residencial Castaños de Choloma fue diseñada y construida por Hola Realty S.A. de C.V. e Inter-Mac International. En mayo de 2023, dos de sus inversionistas Juan Carlos y Ernesto Argüello demandaron al Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por 100 millones de dólares, más dos millones de dólares en “daños morales”, según especifica el informe Inversiones Mafiosas contra Honduras.
Reina Castellanos, quien reside en Castaños de Choloma desde hace 14 años, contó que las inundaciones de Eta y Iota de 2020 los tomó por sorpresa porque cuando compraron las viviendas les aseguraron que la zona no era inundable. Sumado a esto pagaron un seguro que tras la llena nunca fue desembolsado y la empresa Inter-Mac tampoco dio explicaciones sobre lo sucedido con el dinero.
Ante el olvido, negligencia y engaño, Castellanos cuestiona la presentación de una demanda contra el estado hondureño ante instancias internacionales. «Ni siquiera lo que quedo de basura, después de las inundaciones, ni siquiera eso pudieron mandar a limpiar. ¿Cómo se atreven ahora a venir a demandar al gobierno si ellos no han sido dañados? En ningún momento fueron dañados ellos, aquí los dañados fuimos nosotros como comunidad», relató.
Con respecto a los dos millones de dólares que exigen los Argüello por “daños morales” ante el CIADI, Castellanos apuntó que no entiende a que perjuicio podrían estarse refiriendo cuando “los dañados y estafados fuimos nosotros. […] Nunca recibimos ni siquiera un poquito de consideración por parte de ellos, nunca se presentaron a nuestra comunidad a dar la cara”.
Pedro Mejía, abogado del Bufete Estudios para la Dignidad que representan localmente a las personas afectadas por Inter-Mac, indicó que a su criterio la demanda interpuesta ante el CIADI es arbitraria. Esto debido a que los demandantes argumentan que el Estado no garantizó su inversión en suelo hondureño, sin embargo, «ellos incurrieron en múltiples ilegalidades como construir viviendas sin los permisos ambientales correspondientes, además de basar esa inversión en un fraude consistente en prometer viviendas que no se inundaban en una zona, que según informes oficiales de los cuales ellos tenían conocimiento, sí era inundable», explicó.
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INSTITUCIONALIDAD EN SECRETIVIDAD
El abogado Mejía indicó que si bien la Procuraduría General de la República solicitó a la municipalidad de Choloma información relacionada a Inter-Mac, la cual entiende es solicitada en el marco de la demanda ante el CIADI, esta institución no ha abordado a las víctimas directas «que habitan la residencial Castaños de Choloma para poder conocer su situación real de vulneración de derechos que hizo Inter-Mac en la zona y poder generar una especie de causa común».
Aldo Orellana, integrante de la organización TerraJusta, remarcó –durante la presentación en septiembre de 2024 del informe Inversiones Mafiosas contra Honduras– la importancia durante los procesos de arbitraje internacional que la defensa del Estado comparta información con las comunidades afectadas, para construir una defensa legitima y consistente.
“Al parecer las autoridades no están compartiendo información de los casos, no están escuchando a las comunidades en sus demandas territoriales y esto, pues, no sabemos el nivel de transparencia que quiere o no quiere tener el gobierno”, declaró Orellana.
Ernesto Argüello, quien ha cultivado una imagen de filántropo en Estados Unidos, presentó en varias instancias internacionales el proyecto ciudad residencial Castaños de Choloma como un ejemplo para la construcción de viviendas para poblaciones desfavorecidas. En imágenes, Argüello durante el seminario Juventud e Innovación Social auspiciado por el BID en Panamá en marzo de 2013. Fotos redes sociales
Criterio.hn solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) facilitar la notificación de arbitraje del CIADI aceptando jurisdicción del caso Juan Carlos Argüello y Ernesto Argüello v. República de Honduras (ICSID Case No. ARB/23/17), en respuesta la institución negó la información bajo argumentos confusos de confidencialidad.
Jen Moore del Institute for Policy Studies afirmó en septiembre de 2024 que la publicidad de los documentos es “esencial e importante” durante los procesos de arbitraje internacional.
Para Moore, muchas de las demandas de sectores empresariales ante centros de arbitraje buscan “generar presión en contra de cualquier esfuerzo para cambiar las reglas y las condiciones de sus negocios por un lado o por otro lado obligar al pueblo hondureño a pagar por sus pérdidas en torno a proyectos que fracasaron o no tuvieron el rendimiento que buscaban”.
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DEL ABANDONO Y LAS AMENAZAS A LA AUTOGOBERNANZA
Carlos Velásquez, presidente del patronato de Castaños de Choloma, refirió a Criterio.hn que al inicio de la lucha él, junto a otros compañeros, vivieron persecución sicarial, la cual adjudica a las autoridades municipales, entre estas el exalcalde Leopoldo Crivelli, junto a la empresa Inter-Mac. Crivelli fue alcalde de Choloma por 16 años y habría otorgado los permisos de operaciones a la empresa pese a que la licencia ambiental estaba vencida.
La gestión edilicia de Crivelli es cuestionada y ha enfrentado varios procesos judiciales sin condena. Uno de ellos involucra la sobrevaloración por más de 7.5 millones de lempiras de un terreno que serviría como relleno sanitario municipal. Además, fue mencionado durante el juicio en Nueva York contra el narcotraficante Geovanny Fuentes, por su cercanía con el acusado, además de haber facilitado la liberación de un empleado del cartel de Los Cachiros, así como la devolución del dinero confiscado.
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Entre los actos intimidatorios que sufrieron miembros del patronato de Castaños de Choloma se incluyen amenazas contra una madre de familia que participaba en las asambleas, a quien se le acercó un hombre en moto para señalar que el padre de su hija ya había fallecido y que, de continuar asistiendo a las reuniones, la niña perdería a su mamá también. En otra oportunidad, uno de los integrantes del patronato tuvo que refugiarse en una posta policial cuando era perseguido por dos motos. Personalmente, Velásquez indicó que a él se le notificó que estaba en un listado de una de las principales maras que opera en la zona.
Ante la indiferencia y abandono de la empresa y autoridades municipales, el patronato está construyendo un gobierno comunitario local en Castaños de Choloma a través del cual organizan y gestionan servicios de agua y recolección de desechos sólidos, así como apoyo mutuo entre vecinos.
«Vemos mucha indiferencia, incluso por las autoridades actuales, […] prácticamente Castaños de Choloma ha sobrevivido gracias al aporte de la misma gente. [L]o que nosotros hemos hecho [… ha sido] sin apoyo de ningún gobierno estatal [o municipal]», pormenorizo.
SALIDA DEL CIADI: UN PASO CLAVE, PERO INSUFICIENTE
Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, indicó durante la presentación en septiembre de 2024 del informe Inversiones Mafiosas contra Honduras que los arbitrajes han creado un sistema de justicia paralelo para los inversores extranjeros y las elites hondureñas y centroamericanas que mueven inversiones y capitales mediante los cuales se aseguran una doble protección.
Ghiotto advirtió que, si bien la salida de Honduras del CIADI es un paso importante, no es suficiente debido a que este es tan solo uno de los centros de arbitraje a nivel global, sin embargo, los tratados de protección –tratados de libre comercio, tratados de inversión, la Ley de Protección y Promoción para Inversiones de 2011 e incluso los contratos– habilitan que los inversionistas demanden al Estado en cualquier foro arbitral del mundo, incluido el CIADI.
Para evitar más arbitrajes, la integrante del Transnational Institute propone no firmar más tratados de libre comercio ni tratados de inversión, realizar una auditoria integral de los tratados, fomentar la transparencia de información derogando leyes que planteen secreto y confidencialidad en el arbitraje, la renegociación o finalización de contratos que han tenido impactos económicos y sociales en detrimento de la población hondureña, y finalmente la reforma de la Ley para la Protección y Promoción de Inversiones de 2011.
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De las 15 demandas contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), 14 siguen en pie. El 7 de marzo, el Tribunal emitió una orden para el archivo del procedimiento de conformidad con la Regla 44 de las Reglas de Arbitraje del CIADI en el caso de Palmerola International Airport (PIA).
Desde la Procuraduría General de la República (PGR) la acción fue celebrada como una victoria para Honduras, señalando que el retiro de la demanda por parte de PIA se debió a “la sólida defensa jurídica presentada por la República, que demostró la manifiesta falta de fundamento jurídico de la demanda”, remarcando “que no existió ningún tipo de negociación entre las partes”. Además, se notificó que el tribunal arbitral “condenó” en costas a PIA, obligándole a restituir en costos de arbitraje a Honduras por 443,256.42 dólares.
