Desde la filtración del video la diputada, Isis Cuéllar, no se ha pronunciado sobre el supuesto uso de fondos públicos para fines proselitistas. No obstante, se mantiene activa en redes sociales publicando los proyectos que ha gestionado para el departamento de Copán.
El fiscal general, Johel Zelaya, dijo a medios de comunicación que el caso de la Sedesol ya está bajo investigación y que las indagaciones comenzaron hace dos meses. Hasta el momento no se han emitido requerimientos fiscales y se desconoce si se ha citado a Cuéllar o Cardona.
Tegucigalpa, Honduras. –Tras la filtración de un video en el que la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, conversa con el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, sobre el uso irregular de recursos del Fondo de Administración Solidaria destinados a programas sociales, se plantea la necesidad de una investigación más amplia y profunda por parte del Ministerio Público.
Analistas consultados por Criterio.hn señalan que, si la fiscalía centra su atención únicamente en Sedesol, podrían dejar intacto un sistema mucho más complejo que involucra al menos a siete instituciones con capacidad de ejecutar recursos del Fondo de Administración Solidaria, según lo establece las disposiciones del Presupuesto General de la República del 2023.
El reciente informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el uso irregular de fondos en la Sedesol revivió el debate por la presunta utilización de programas sociales para fines de proselitismo político. Sin embargo, el foco exclusivo sobre esta secretaría podría reducir el alcance de una problemática que va más allá de una sola dependencia.
El artículo 349 del presupuesto aprobado para 2025 autoriza la asignación de hasta 950 millones de lempiras para financiar proyectos de infraestructura menor y obras sociales. Estos recursos pueden ejecutarse a solicitud de comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua y otras organizaciones locales.
Aunque Sedesol ha estado en el centro del escándalo, la norma también faculta a otras instituciones a manejar dichos fondos. Entre ellas destacan la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
Asimismo, el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) figuran entre los entes autorizados.
Esto significa que no solo Sedesol maneja cuantiosos recursos bajo esta modalidad, sino también instituciones vinculadas a infraestructura, educación, deportes y programas sociales, lo que amplía los riesgos de uso discrecional o con fines proselitistas de los fondos.
Criterio.hn identificó que, entre enero de 2024 y febrero de 2025, al menos 80 diputados, entre propietarios y suplentes, en su mayoría del oficialista Partido Libre, gestionaron al menos 234.9 millones de lempiras en becas, seguridad alimentaria y obras de infraestructura menor, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo el controversial Fondo de Administración Solidaria.
La gestión de proyectos y obras sociales se extendió hasta la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde al menos 42 diputados gestionaron 181 proyectos de infraestructura –vial, sanitaria, escolar y espacios públicos—, a un costo de 359,857,473.94 lempiras.
MP DEBE INVESTIGAR EJECUCIÓN DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA
A juicio del director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, si la fiscalía no debe limitar su investigación al entorno de la diputada Isis Cuéllar y del exministro José Carlos Cardona, pues este esquema podría presentarse en más instituciones y actores involucrados en el manejo de estos recursos.
“El Ministerio Público debe ampliar su investigación hacia las demás entidades que forman parte del Fondo, como la SIT, el FHIS, Educrédito, Condepor, la Secretaría de Finanzas y otras dependencias que tienen capacidad de ejecutar y desembolsar estos recursos”, dijo en entrevista con este medio digital.
Castañeda expone que la Secretaría de Finanzas juega un papel clave, ya que es la institución responsable de autorizar los desembolsos para la realización de los proyectos gestionados por las y los diputados.
“La teoría del fruto envenenado aplica aquí: si hubo irregularidades en Sedesol, existe una alta probabilidad de que las mismas prácticas se hayan replicado en otras instituciones que accedieron a los fondos”, apuntó.
No obstante, reconoció que en ocasiones el Ministerio Público limita su radio de acción debido a las falencias presupuestaria y de personal que limita al sistema de justicia, pero advirtió que en este caso hay suficiente evidencia para ampliar el espectro de las investigaciones.
En esa misma línea se expresó el abogado penalista, Henry Salinas, al explicar que centrar las investigaciones únicamente en Sedesol es «quedarse con el primer árbol» y no ver el bosque completo.
En una entrevista brindada a este medio digital, Salinas dijo que, si el Ministerio Público se concentra solo en Cuéllar y Cardona, “se estaría cometiendo una injusticia y un tratamiento selectivo. Hay más diputados y funcionarios que deberían estar bajo la lupa”.
Cuestionó que las y los diputados utilicen estos programas sociales para promover campañas políticas, “esto no es nuevo y se repite con cada gobierno”. Lo preocupante, advirtió, es que el Congreso Nacional ha legalizado este tipo de ayudas o subvenciones a través de disposiciones especiales en el presupuesto.
“El artículo agregado al presupuesto crea un canal paralelo de fondos sociales, replicando los vicios del pasado y sin delimitar claramente las responsabilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo”, sostuvo el entrevistado.
En la práctica, esto permite a diputados y funcionarios canalizar ayudas hacia estructuras partidarias bajo el nombre de asistencia social, contraviniendo los principios de legalidad y transparencia.
De no ampliarse la investigación, el riesgo es que el Fondo de Administración Solidaria continúe siendo un vehículo para el clientelismo político, debilitando la institucionalidad democrática y desvirtuando la finalidad de los programas sociales, que en teoría deberían ser otorgados sin la intervención o gestión de las y los diputados.
