La Codemuh denuncia la creciente crisis de derechos laborales que enfrentan las trabajadoras de la industria maquiladora en Honduras
A pesar de contar con sentencias favorables emitidas por la Corte Suprema, muchas trabajadoras siguen esperando justicia mientras empresas como Gildan Activewear y Hanes Brands Inc. evaden sus responsabilidades legales
Portada: Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras. – La Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) mantiene una intensa lucha por los derechos laborales de 26 trabajadoras que han sido víctimas de violaciones sistemáticas por parte del Estado hondureño.
En una reciente entrevista, María Luisa Regalado, coordinadora de Codemuh, expuso los detalles del caso Luisa Del Carmen Alfaro Campos y otras (Trabajadoras de las Maquilas). Honduras, que se remonta a 2015 y que ahora se encuentra en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso se originó debido a la falta de acción por parte de la Secretaría del Trabajo, que no reubicó a las trabajadoras a pesar de contar con dictámenes que lo requerían. Además, la Secretaría no realizó las inspecciones necesarias para garantizar condiciones laborales seguras.
Tras presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, esta emitió una sentencia favorable, pero el Estado no ejecutó dicha sentencia, explicó Rejalado. Ante la inacción estatal, CODEMUH decidió llevar el caso nuevamente a la Comisión Interamericana.
PROCESO JUDICIAL
María Luisa Regalado explicó que el proceso desde el 2023 se encontraba en proceso de negociación amistosa, sin embargo, a finales de 2024 no se tenían respuestas satisfactorias por parte del Estado de Honduras.
Razón por la cual, la Cidh lo remitirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque no se tienen plazos exactos para su admisión, el caso ha avanzado después de haber agotado las posibilidades de una solución amistosa con el Estado. «El proceso ha durado desde 2015 y, tras múltiples reuniones sin respuesta positiva del Estado, decidimos desistir de esa vía», afirmó Regalado.
La representante de CODEMUH también destacó que este caso es sólo uno entre muchos que reflejan una problemática más amplia: la violación sistemática de derechos laborales por parte de empresas transnacionales en Honduras.
A pesar de las expectativas generadas por la administración de la presidenta Xiomara Castro, las condiciones laborales no han mejorado y, en algunos casos, han empeorado, denunció Regalado.
Las trabajadoras enfrentan problemas graves relacionados con su salud y seguridad laboral. Muchas no reciben evaluaciones adecuadas en sus puestos de trabajo, lo que les impide acceder a pensiones del Seguro Social o recibir atención médica adecuada por enfermedades laborales.
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
La falta de un sistema eficiente en el Seguro Social para calificar enfermedades profesionales es una de las principales críticas que realizó Regalado. La escasez de personal y recursos para realizar estudios adecuados sobre los puestos de trabajo contribuye a un entorno laboral peligroso. «El Estado es responsable por no emitir dictámenes de reubicación laboral y permitir jornadas ilegales que violan tanto la Constitución como el Código del Trabajo», subrayó.
La situación actual pone en evidencia la necesidad urgente de reformas en las políticas laborales y sociales en Honduras. Las trabajadoras continúan enfrentando riesgos significativos debido a la falta de acción estatal y el incumplimiento por parte de las empresas en sus obligaciones legales.
A medida que el caso avanza hacia la Corte Interamericana, CODEMUH espera que se haga justicia y se establezcan precedentes que protejan los derechos laborales en Honduras.
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CIERRE DE PLANTAS Y VIOLACIONES LABORALES
Las trabajadoras de la industria maquiladora en Honduras enfrentan una creciente crisis de derechos laborales, exacerbada por la negativa de empresas como Gildan Activewear y Hanes Brands Inc. (HBI) a cumplir con los dictámenes emitidos por la Secretaría del Trabajo.
María Luisa Regalado, coordinadora CODEMUH, destacó que muchas trabajadoras pierden su acceso a la seguridad social tras dos meses de haber sido despedidas, lo que agrava su situación en un contexto donde las empresas se niegan a pagar indemnizaciones por enfermedades profesionales.
Esta falta de cumplimiento no solo afecta a las trabajadoras individualmente, sino que también refleja un patrón sistemático de impunidad en el que las empresas ignoran sentencias judiciales favorables y continúan operando sin rendir cuentas.
Además, Regalado subrayó que la situación se complica aún más con el cierre de varias plantas maquiladoras, como Delta Apparel, que ha dejado a miles de trabajadores sin empleo y sin el pago de sus derechos laborales.
A pesar de contar con sentencias firmes a su favor, muchas trabajadoras siguen esperando justicia mientras las empresas buscan evadir responsabilidades legales.
Este ciclo de violaciones a los derechos laborales y la falta de acción por parte del Estado pone en evidencia un sistema que favorece a las corporaciones sobre el bienestar de los trabajadores, dejando a muchas mujeres en una situación vulnerable y desprotegida.
