Tegucigalpa.- El abogado penalista, Fernanda Gonzáles, cuestiona el alto nivel de impunidad en los casos de corrupción durante la pandemia, así mismo señala que pese al millonario presupuesto del Ministerio Público, no se vean resultados favorables para la población.
Gonzáles menciona que el Ministerio Público y los entes de investigación no han hecho nada para presentar requerimientos fiscales fuertes en contra de estos corruptos, dejando “hacer lo que quieran hacer” sin ningún tipo de repercusión.
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Son siete hospitales móviles sobrevalorados y ninguno funciona, además el Congreso Nacional ha aprobado cualquier cantidad de millones y no vemos ningún resultado, solo el 6% de la población se ha vacunado lo que indica que 48 personas al día se inoculan y eso es la lamentable, apuntó el abogado.
Sobre el tema, el exfiscal Edmundo Orellana manifestó que, cualquier sentencia o pena que se le adjudique a los responsables de estos actos de corrupción va con la indulgencia que ofrece el nuevo código penal, serán pocos años de sentencia y al finalizar la condena saldrán sin ningún problema y lo peor es que el dinero que se perdió con estas transacciones fraudulentas no se va recuperar.
Este Congreso se ha dedicado a cubrir los actos de corrupción, garantizar la impunidad mediante el código penal, mientras tengamos este tipo de políticos en el poder legislativo se seguirá en la impunidad, recalcó Orellana.
La estafa de los hospitales móviles es el peor acto de corrupción, incluso más grave que el defalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), los hondureños están pagando con su vida está estafa, expresó el doctor Marco Eliud Girón.
El médico epidemiólogo, Fidel Barahona manifestó que la compra de los hospitales móviles fue planificada para realizar un acto de corrupción, ya se sabía que esos hospitales no eran aptos para combatir la covid-19, los médicos denunciamos que “eran estructuras muy caras y que no funcionarían para atender pacientes con coronavirus”.
Los hondureños exigimos que se lleve a los tribunales de justicia a los actores que planificaron y a los que ejecutaron este tremendo robo, es demasiado dinero el que se robaron y es por esto por lo que el sistema de salud está colapsado, declaró Barahona.
El pasado 16 de marzo del 2020 al inicio de la pandemia en el país, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, mediante oficio 630-ss-2020, autorizó a Marco Bográn para la compra de los hospitales móviles que serían instalados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Olancho y la zona Atlántica del país, de los cuales ninguno funciona.
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Honduras pagó 48 millones de dólares para la adquisición de siete hospitales móviles, que hasta fecha no han ayudado en la lucha contra el coronavirus en el país. Lo que si han generado los hospitales móviles es otro acto de corrupción y de impunidad.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha presentado varios informes donde detalla los delitos cometidos en la compra de los nosocomios y señala ademas a los funcionarios e instituciones involucradas en este acto de corrupción.
