Tegucigalpa, Honduras. Han pasado dos meses desde que se destapó el escándalo de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Aunque el caso generó conmoción e indignación ciudadana, las autoridades hondureñas aún no han ofrecido detalles sobre el rumbo de la investigación, mientras que las caras visibles del hecho se encuentran sin ser requeridas ni llamadas a testificar por la fiscalía.
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El lunes 30 de junio el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, a una semana de la viralización del video que reveló el entramado de irregularidades, dio a conocer que ordenó una investigación de oficio y aclaró que de encontrarse responsabilidad penal, los involucrados serían llevados a los tribunales, sin embargo, no ha vuelto a pronunciarse al respecto.
El 26 de junio, este medio digital reveló que 80 diputados del Congreso Nacional, en su mayoría de la bancada del Partido Libre, gestionaron casi 235 millones de lempiras en concepto de becas, obras de infraestructura y seguridad alimentaria, no obstante, los fondos provenientes de dicha secretaría de Estado, estaban siendo utilizados para clientelismo político.
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CRONOLOGÍA DEL CASO
El lunes 23 de junio se viralizó a través redes sociales y medios de comunicación una llamada entre la diputada del departamento de Copán por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar y el aún ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona en la que quedó al descubierto una controversia sobre el uso irregular de fondos públicos para fines partidarios.
Un día después de la filtración del video, el entonces ministro de SEDESOL convocó a una conferencia de prensa que tenía como objetivo explicar el manejo del Fondo de Administración Solidaria, mismo que fue vinculado a las presuntas gestiones irregulares para clientelismo político.
El 26 de junio, Criterio.hn, reveló a través de un artículo el nombre de los 80 diputados y la cantidad de millones que fueron gestionados presuntamente para becas, obras de infraestructura y seguridad alimentaria.
Un día después, José Carlos Cardona presentó su renuncia irrevocable como ministro de la Secretaría de Desarrollo Social, al Consejo de Ministros, misma que fue aceptada luego de una reunión llevada a cabo en casa presidencial.
El 30 de junio, una semana después de los hechos, el Fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, comunicó a través de la red social X, que había ordenado una investigación de oficio y remarcó que de encontrarse responsabilidad penal en alguna de las personas involucradas estás serían acusadas y llevadas ante los tribunales correspondientes.
Tras la aclaración, el dos de julio, Zelaya ordenó a fiscales del Ministerio Público y agentes de la ATIC la intervención de las oficinas de SEDESOL ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental e instruyó a otro equipo a movilizarse al departamento de Copán con el objetivo de entrevistar a los beneficiados con los fondos entregados por la diputada del Partido Libre, Isis Cuéllar.
El 4 de julio, la coordinación del Partido Libre convocó a su dirigencia para discutir los presuntos actos de corrupción registrados en SEDESOL por el manejo del Fondo de Administración Solidaria que envuelve a sus diputados, y como resultado realizaron la presentación de 11 medidas, entre ellas la cancelación inmediata del fondo administrativo social y la suspensión de Isis Cuéllar de su cargo.
Desde entonces, las autoridades hondureñas no han revelado el rumbo de la investigación ni han informado sobre avances en el caso, una omisión que ha profundizado la desconfianza ciudadana y alimenta la percepción de impunidad.
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SIN AVANCES
Sobre la falta de avances por parte de las autoridades hondureñas, Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), dijo a Criterio.hn, que a dos meses de lo ocurrido ya se tendrían que tener avances, informes o auditorías por parte del Ministerio Público, la Secretaría de Transparencia o el Tribunal Superior de Cuentas.
Castañeda señaló que el TSC es un actor adicional que se suponía debía estar trabajando en el caso, y que eso no se ve reflejado, además remarcó que la Secretaría de Transparencia en lugar de entrar de manera estratégica, lo hizo como un aliado, lo que a su criterio da una mala percepción ante la falta de respuestas.
El profesional del derecho manifestó que ante el lento proceso es necesario continuar instando a las tres instituciones e incluso al Congreso Nacional para que se logre ejecutar todas las acciones pertinentes, ya que el pueblo quiere y merece saber la verdad de lo sucedido con los fondos.
Castañeda calificó como lamentable que se utilice dinero destinado para ayudar a sectores vulnerables y desprotegidos para clientelismo político y remarcó que aunque son hechos que se han registrado en otros gobiernos, es desalentador y nefasto que un gobierno que prometió ser diferente continúe replicando las mismas prácticas.
El profesional del derecho afirmó que ahora el actual gobierno enfrenta un gran reto y es demostrar que hay independencia en los sistemas de control e investigaciones.
SIN INDEPENDENCIA NO HAY JUSTICIA
El abogado penalista, Henry Salinas, explicó a Criterio.hn que el Ministerio Público debe responder a los intereses generales de la sociedad a través del monopolio de la acción penal, pero que en este caso, lamentablemente evidencia un sesgo para algunas causas, mientras que en otras se llama al silencio.
Salinas afirmó que en el caso específico de SEDESOL se reflejan delitos a todas luces, pues es dinero manejado como fondos sociales que estaban siendo mal administrados y mal ejecutados.
El penalista señaló que cuando se habla de Estado de derecho es una tendencia que debe existir dentro del ente fiscal, y que es algo que no hay cuando el discurso del Ministerio Público es el mismo que el del oficialismo y el de un activista político, por lo que lamenta que dicha institución a cargo de temas penales se dedique más a los políticos.
El profesional del derecho aseguró que, si bien los casos de corrupción tienen su complejidad, lo que alarma es que cuando se le consulta al fiscal general por los actuales, este termina respondiendo por los de años anteriores.
LEGISLACIÓN PENAL Y ADMINISTRATIVA PODRÍAN SER EL PROBLEMA
El experto en seguridad, Carlos Sierra, explicó a este medio digital que la legislación penal y administrativa dificulta la investigación en los casos de corrupción, lo que retrasa la generación de castigos y el esclarecimiento de los hechos. Un punto que recalcó, debe ser tomado en cuenta.
Sierra señaló que el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Administración Pública, la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, entre otros estamentos legales, tanto de orden penal como de orden administrativo, son eslabones que retardan la investigación de los casos.
Subrayó que dicho argumento se ve evidenciado, ya que estando en 2025, se van registrando denuncias de casos de corrupción que fueron realizados en años anteriores y que eso sucede cuando hay vinculación de altos funcionarios.
Sierra manifestó que una de las formas para contrarrestar este tipo de acciones sería revisando y modificando los marcos jurídicos de las instituciones, los controles, los procedimientos administrativos, entre otros, pues de lo contrario la historia se continuará repitiendo.
El experto en seguridad afirmó que, a su criterio, en este caso no se puede terminar la responsabilidad penal rápidamente por los entrampados legales y porque se debe seguir el debido proceso para demostrar y deducir responsabilidades.
