Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
El Progreso, Yoro. Armando Raudales, alcalde liberal alcalde de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras, pidió permiso para ausentarse como jefe edilicio y pidió la oportunidad de rehabilitarse tras divulgarse un video en el que se le observa supuestamente consumiendo cocaína.
Se informó que ahora quedará como alcaldesa conforme a ley que rige a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la vicealcaldesa Donatila Lozano. La solicitud se habría notificado la noche del pasado lunes 3 de agosto.
El caso del alcalde de Guaimaca abre el debate sobre las adicciones y la narcopolítica en un contexto en el que ya se han conocido diputados, para el caso Tony Hernández (hermano del presidente Juan Orlando Hernández) y el empresario Yani Rosenthal, dos ejemplos sonados, que forman parte de los hondureños que han sido enjuiciados por una justicia extranjera.
Aunque aparentemente lo Raudales es una simple adicción, fue duramente criticado por el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, quien indicó que las “adicciones deben tratarse médica y sociológicamente…exijo renuncia o suspensión inmediata del alcalde de Guaimaca, Armando Raudales. Es inaceptable que en sus condiciones dirija su municipio en plena pandemia. Seguro es marca TH lo que consume…lamentable y reprochable…”.
El psicólogo Reginaldo Muñoz sostiene “es un mal ejemplo para una comunidad a la que representa el alcalde. Sinceramente provoca un malestar. Aunque mucha gente imagino que ya lo sabía, pero que sea público también genera malestar de verlo usando droga”.
Muñoz añade que “muchas personas lo ven como algo que provoca funcionalidad. Es decir, muchas personas piensan que funcionan si usan drogas, relativamente, entre comillas, ellos creen que son más activos mentalmente. No obstante, cuando vemos el contenido de sus pensamientos obviamente están afectados, porque hay afectaciones en el contenido de sus pensamientos”.
El abogado Celso Alvarado, experto en temas de seguridad y narcotráfico, pertenece a la corriente penal antiprohibicionista y manifiesta que “consumir un estupefaciente es sinónimo de enfermedad y no sinónimo de delito, sin embargo, en Honduras ha surgido una corriente penal distinta en tanto que el consumo es prácticamente visto también como delito, cuando realmente es una enfermedad”.
“En una conducta penal democrática se protege cuando el Estado certifica que la cerveza, guaro, vodka, -lo que usted va a consumir como un paciente alcohólico- sirve como un estándar mínimo para el consumo humano. Pero en nuestro caso el hecho de que un funcionario deba ser ejemplo para su comunidad, consumiendo estupefacientes, es parte de la decadencia que como sociedad tenemos”, expresó Alvarado.
El sociólogo Eugenio Sosa dice que “Normalmente eso en algunos años no se miraba. Dicho eso en una manera que pueda sonar peyorativa: es que ya cualquiera puede llegar a ser alcalde en algunos pueblos. En el sentido que puede tener a veces la degradación de la moral”.
El sociólogo concluye que, así como se exhibe el consumo, probablemente sea un tema de los vínculos con el narcotráfico por parte de alcaldes. Hace algunos años, varios alcaldes se vieron implicados no solo en consumo, sino que en narcotráfico.
