Tegucigalpa, Honduras.– Entre el 6 de diciembre de 2022 y finales de 2024, elementos de los cuerpos de seguridad pública (Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público) han sido denunciados en 778 ocasiones por diversas arbitrariedades cometidas en el contexto del actual estado de excepción, que está próximo a finalizar el 5 de enero de 2025.
Lo anterior se basa en información proporcionada por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) a Criterio.hn. Tras un análisis de datos, se determinó que, en términos generales, los elementos de la Policía Nacional han recibido más denuncias que los de la Policía Militar del Orden Público, que no suman ni 60.
De acuerdo con la información, 274 quejas fueron interpuestas contra uniformados policiales, sin especificar en qué dependencia o unidad, lo que representa el 35% del total (778). A continuación, se encuentran los elementos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) con 202 quejas, y en tercer lugar, la Policía Militar del Orden Público con 57 denuncias, lo que representa el 7%.
Fotografía de la Dipampco. Pie de foto: Actualmente varios elementos de la Dipampco están enfrentando procesos judiciales por perpetrar diversas ilegalidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Seguidamente, está la Dirección Policial de Investigación (DPI) con 163 quejas, la Policía Nacional Preventiva con 70, y el resto se distribuye entre la Policía de Tránsito, la Policía Municipal, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional. Esta última indica que un uniformado, que presta su servicio público para proteger a funcionarios, abusó de su poder.
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DEPARTAMENTOS CON MÁS QUEJAS
Aunque Cortés históricamente ha figurado entre los dos primeros lugares, no solo en quejas contra funcionarios de los cuerpos de seguridad, sino también en picos de violencia, esta vez la dinámica cambió. El primer lugar lo ocupa Francisco Morazán, con 143 quejas, lo que representa el 18.4% del total (778). En segundo lugar, sorpresivamente, se encuentra el departamento sureño de Choluteca con 78 denuncias, equivalente al 10%.
Cortés, que alberga una de las ciudades más peligrosas del continente americano, San Pedro Sula, registró 73 quejas (9.4%). Luego está El Paraíso con 70 (9%), Valle con 61 (7.8%) y Atlántida con 57 (7.3%). El resto de las quejas se han registrado en departamentos como Yoro, Comayagua, Intibucá, Olancho, Copán, Lempira, Santa Bárbara y Gracias a Dios.
Otro dato que llama la atención es que los meses con más denuncias fueron entre febrero y junio de 2023, y en 2024, mayo y julio. En ambos años, durante esos períodos, las fuerzas de seguridad pública, basándose en el Plan Solución Contra el Crimen en sus diferentes fases, intervinieron varios departamentos del país. El aumento en esos meses podría explicarse por un incremento en los abusos de poder cometidos por los elementos de seguridad, violando los derechos humanos en aras de las facultades que les otorga el estado de excepción.
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MUJERES: LAS QUE MÁS DENUNCIARON
Aunque del total de 778 denuncias, 433 no especifican el dato del denunciante, según la información proporcionada por el Conadeh, las mujeres han sido las que más quejas han interpuesto (205) contra policías y militares durante el estado de excepción. Les siguen los adolescentes, con 83 denuncias. Entre los principales motivos destacan: arrestos sin justificación, agresiones verbales y hurtos durante allanamientos, un modus operandi que se ha identificado como propio de algunas redes criminales dentro de las instituciones, las cuales actualmente están siendo procesadas judicialmente.
Por ejemplo, Criterio.hn, en el artículo «Policías y militares de Honduras con más de 900 denuncias en el MP por diversos delitos«, expuso cómo elementos de seguridad pública realizaron diversas fechorías, como violaciones sexuales, en el ejercicio de sus funciones mientras practicaban las intervenciones en el marco del Plan Solución Contra el Crimen.
Para Daniel Cáceres, director del Observatorio del Conadeh, esta información representa solo la punta del iceberg de las arbitrariedades cometidas, las cuales se han agudizado con el estado de excepción, que otorga facultades a las fuerzas de seguridad pública mediante la suspensión de seis garantías ciudadanas establecidas en la Constitución de la República.
“El estado de excepción puso en evidencia los abusos que enfrenta la población más vulnerable por parte de policías y militares. Esto es un indicador para que no continúen extendiendo prórrogas porque, además, ha sido ineficiente, ya que los indicadores de criminalidad se mantienen; la extorsión continúa en auge”, valoró Cáceres.
