Tegucigalpa, Honduras.- En total opacidad se mantendrá la información relacionada con las contrataciones que realiza Casa Presidencial, según se establece en el decreto 04-2022, que se creó desde el 14 de febrero de 2022, y que de alguna manera explica por qué es imposible acceder a información relacionada con las licitaciones y las contrataciones que se realizan desde el despacho presidencial.

El Decreto Ejecutivo 04-2022, conoció Criterio.hn a través de fuentes del Ejecutivo, no se aprobó en Consejo de Ministros y derivó de una determinación autónoma de la presidenta Xiomara Castro.

El decreto, que se publicó en el diario oficial La Gaceta el 17 de noviembre de 2022, autoriza a la administración de Casa Presidencial a realizar contrataciones directas en la adquisición de suministros y servicios de transporte terrestre y aéreo, de alimentación, mantenimiento de las instalaciones, vigilancia, servicios y equipos tecnológicos, de inteligencia, servicios y equipos informativos, de comunicación, estudios, encuestas, seguros y otros.

En ese sentido, el decreto asegura que esta información de Casa Presidencial constituye asuntos de seguridad nacional, sin embargo, no explica claramente cuáles son los argumentos para clasificarla de esa forma y, además de ello, mantenerla en reserva.

El polémico decreto, de acuerdo con juristas consultados por este medio digital, representa un conflicto de ley entre la Ley de Administración Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta última normativa establece, en su artículo 17, cuáles son las vías para clasificar información como “confidencial” o “reservada”.

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Al contrario, en este caso, se desconoce si Casa Presidencial solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que esta información se calificara como “seguridad nacional” y, consecuentemente, se clasificara como reservada.

SE DEROGÓ LEY DE SECRETOS, PERO…

En años previos, con la vigencia de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa, conocida como “Ley de Secretos”, el Ejecutivo tenía la facultad de clasificar, sin consultar al IAIP, cualquier información relacionada con adquisiciones por la vía de contrataciones directas, apelando igualmente a la seguridad nacional. Esto se generaba a través de resoluciones que emanaban del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Así, por ejemplo, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ahora procesado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, ordenó la compra de un helicóptero que se pintó con los colores de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), pero que en realidad se utilizó con fines de transporte personal del exmandatario.

Este es uno de los ejemplos de por qué, mantener en secreto adquisiciones por la vía de contrataciones directas, puede dar vía a actos de corrupción. Otro escenario que podría darse, bajo esta opacidad, es que desde Casa Presidencial se beneficie únicamente a personas cercanas a la presidencia, dejando abierta la posibilidad de que exista conflictos de interés durante esos procesos de contratación directa.  

“Si no es el IAIP quien declara esa información como apta para declararse en reserva, se produce esa suspicacia, aunque yo también lo veo desde el punto de vista legal, porque la ley de transparencia es clara, el IAIP es el ente responsable de reservar la información”, explicó a Criterio.hn el director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez.

EJECUTIVO SE JUSTIFICA

Después de que se dio a conocer la publicidad del decreto ejecutivo 04-2022, han sorprendido las posturas de algunos funcionarios del Ejecutivo, tal es el caso del secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, quien aseguró que no existe un lugar que esté mas vulnerable a ataques externos que Casa Presidencial y que, por ello, era necesario adquirir por compra directa los bienes y servicios antes descritos.

“No hay nada que sea más de seguridad nacional que la Casa Presidencial, estamos hablando de que la comida que se sirve allí o las instalaciones son cuestiones de seguridad nacional, porque es importante preservar la vida y la integridad de la presidenta y de su entorno. Está la posibilidad de colocar micrófonos o cámaras, no permitir que cualquiera llegue a hacer instalaciones, y exponer lo que ella habla con sus ministros, embajadores o visitantes”, consideró Edmundo Orellana en entrevista con Criterio.hn.

Por su parte, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, ha justificado que lo que se busca es “mantener cierta discreción, porque la alimentación implica una dimensión de seguridad, entonces efectivamente no creemos que es prudente, en un contexto como el actual, que este tipo de detalles se ventilen”.

Pero más allá de ello, el decreto ejecutivo 04-2022 también habla de transporte aéreo y terrestre, lo cual supone que la compra de boletos aéreos, al igual que la renta o adquisición de vehículos, son dos aspectos en los cuales se vuelve difícil explicar de qué forma afectan a la seguridad nacional.

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Criterio.hn ha hecho una serie de solicitudes de información relacionadas con los gastos de viajes que han realizado funcionarios de Casa Presidencial, como a la 77.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2022, o a la toma de posesión del presidente colombiano Gustavo Petro, el 7 de agosto de ese año.

Dicha información, contemplada en el expediente SOL-PRSD-341-2022, no ha sido respondida hasta el 14 de diciembre de 2022. Esto da una pauta de que no solo se trata de un asunto de seguridad nacional, sino que de una predisposición del Gobierno de ocultar información pública.

OPACIDAD ARRASTRADA

Dentro del portal de transparencia de Casa Presidencial, almacenado el IAIP, la opacidad se viene manejando desde meses atrás. En los apartados de “Contrataciones” y “Licitaciones”, se hallan únicamente notas aclaratorias con la leyenda “la presidencia de la República no ha generado contrataciones” y “en la presidencia de la República no se ejecutó ningún tipo de licitación”.

Por otra parte, en el caso de “Compras”, la información está actualizada hasta agosto de 2022. Esto quiere decir que la ciudadanía no tiene derecho a saber qué se ha comprado durante septiembre, octubre y noviembre.

Paradójicamente, el 29 de septiembre de 2022, el IAIP le otorgó a Casa Presidencial una calificación del 100% en cuanto a cumplimiento de la divulgación de información, sin demostrar qué parámetros se utilizaron durante dicha evaluación.

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Durante 2022, el IAIP ha denotado serias carencias según ha observado Criterio.hn, lo cual podría atribuirse a que sus comisionados, Ivonne Ardón y Vladimir Mendoza, parecieran estar más preocupados por reelegirse en sus cargos, mientras que Hermes Moncada, por cabildear su candidatura como magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 2023 y 2030.

Todo esto coincide con una serie de solicitudes de información que este medio digital ha hecho a Casa Presidencial desde que Xiomara Castro asumió la presidencia, el 27 de enero de 2022, y que no han sido respondidas o cuyas respuestas han sido parciales. Algunas de las solicitudes han tenido que ver con las reuniones que ha sostenido la mandataria en el marco del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

En Criterio.hn solicitamos una entrevista con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, sin embargo, se nos manifestó que está fuera de la ciudad.