Tegucigalpa, Honduras. – Más de cien organizaciones de la sociedad civil han elevado su voz en un llamado urgente a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tras el asesinato del defensor ambiental Juan López, ocurrido el 14 de septiembre en Tocoa.
Este trágico suceso no sólo refleja un preocupante patrón de violencia contra quienes luchan por la protección del medio ambiente, sino que también pone de manifiesto la falta de garantías por parte del Estado para salvaguardar la vida de los defensores de derechos humanos en el país en el país con la tasa más alta de muertes de personas defensoras del ambiente y del territorio a nivel mundial.
En una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro, las organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente al gobierno hondureño, señalando que el Estado no garantizó la seguridad de López. El defensor de los bienes comunes, contaba con medidas cautelares junto a los demás miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y del Bufete Justicia para los Pueblos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Juan López, defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, había denunciado de manera constante amenazas de muerte provenientes de actores políticos y económicos, incluyendo al alcalde Adán Fúnez y empresas vinculadas a actividades extractivas como Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek.
Su labor en la defensa del río Guapinol y su oposición a la minería a cielo abierto lo habían convertido en un blanco de represalias.
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ORGANIZACIONES SOLICITAN MEDIDAS EFECTIVAS
En este sentido, solicitaron medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos, del medio ambiente, del agua y de los territorios en el país. «Ninguna persona debiera perder la vida por luchar por los bienes colectivos que garantizan el bienestar del pueblo hondureño», enfatizaron.
Asimismo, instaron a la presidenta Castro a colaborar con instancias internacionales como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y las Naciones Unidas para investigar los hechos y establecer responsabilidades penales.
Del mismo modo, señalaron que la lucha contra la impunidad se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrenta Honduras. Por ello, las organizaciones abogaron por la implementación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que funcionará como un ente independiente para investigar y acusar casos de alto impacto.
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La violencia contra los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras no sólo afecta a la persona defensora, sino que representa un grave daño para toda la sociedad. Sólo en 2023 18 defensores fueron asesinados. En este contexto, las organizaciones civiles han manifestado su petición para que la presidenta Xiomara Castro, priorice acciones efectivas que aseguren la protección de quienes luchan por la defensa de los territorios, el medio ambiente y el agua.
La creciente impunidad y la falta de medidas adecuadas por parte del Estado han convertido al país en uno de los más peligrosos y hostiles para estos defensores, lo que subraya la urgencia de implementar mecanismos robustos que garanticen su seguridad y promuevan un entorno donde puedan ejercer su labor sin temor a represalias.
