Cifras de la Secretaría de Seguridad obtenidas por Criterio.hn revelan que desde que se implementó el estado de excepción en Honduras, —06 de diciembre de 2023—hasta septiembre de 2023, se habían ejecutado 13,861 capturas. El 92% son hombres entre 20 y 29 años. Pero, un dato que llama la atención es que casi 1,000 detenciones corresponden a menores de edad.
Defensores de derechos humanos, abordados por este medio de comunicación, concluyen que el número de capturas no se refleja en mejoras en la seguridad ciudadana, de hecho, creen que muchas aprehensiones son injustificadas, porque no se logran judicializar.
Los entrevistados advierten que las estadísticas reportadas por la policía sobre el alto número de detenciones, podrían ser utilizadas por el gobierno para ampliar el estado de excepción durante el 2024.
Tegucigalpa, Honduras. – Debido a la ola de criminalidad y violencia que se presentó en el país— de manera drástica, a finales de 2022 mediante homicidios y un descontrol en las extorsiones en los comercios y el transporte—, la presidenta Xiomara Castro, aprobó, en Consejo de Ministros, un estado de excepción parcial en todo el país.
La medida, que supone el control de la seguridad, se aprobó mediante el decreto PCM O29-2022 e inicialmente sólo abarcó 87 barrios de Tegucigalpa y Comayagüela (capital de Honduras) y 73 de San Pedro Sula, zona norte y principal centro industrial de este país centroamericano.
Al igual que en El Salvador, el estado de excepción, se ha ido alargado, al punto que ahora está lejos de ser una medida excepcional como lo permite la Constitución de República, y se ha convertido en una medida permanente. La última ampliación vence el 17 de noviembre de 2023, pero seguramente se hará otra extensión, como se ha venido haciendo.
Se considera que, sin ser reconocido de manera oficial por las autoridades, en Honduras, se empezó a implantar el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Para el caso, el pasado 03 de junio se informó de una reunión entre el secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Zelaya con el director de Reconstrucción del Tejido Social en El Salvador, Carlos Marroquin, aunque no se informó sobre lo abordado en dicho encuentro que se llevó a cabo en San Salvador. Se ha conocido que el funcionario salvadoreño es uno de los negociadores entre el gobierno y las pandillas de la vecina nación.
En El Salvador se han reportado múltiples denuncias de capturas y detenciones irregulares, sin pruebas, y violatorias de los derechos humanos por parte de los policías y militares que tienen el control de la seguridad del país.
Aunque no al mismo nivel de El Salvador, en Honduras se han presentado al menos 286 quejas por violación a los derechos humanos y detenciones arbitrarias por parte de policías y militares en contra de ciudadanos, según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Entre las denuncias de los afectados destaca el excesivo uso de la fuerza en los allanamientos, detenciones injustificadas y afectación a la integridad personal.
Sin embargo, pese a las quejas antes señaladas, la política de seguridad de la administración Castro se profundizó, a partir del estado de excepción, con la inclusión de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana.
Y, a partir de junio se facultó a los militares para el manejo y control de los centros penales. Esta medida se adoptó tras suscitarse un incendio y un enfrentamiento violento entre pandillas al interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en la comunidad de Támara, Francisco Morazán, que dejó 43 privadas de libertad muertas.
El hecho antes mencionado trajo consigo la destitución del secretario de seguridad, Ramón Sabillón, opositor a la militarización en las cárceles.
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MAYORÍA DE ARRESTOS SON HOMBRES EN FRANCISCO MORAZÁN
Datos brindados por la Secretaría de Seguridad de Honduras a Criterio.hn, a través de la solicitud de información SEDS-OITAIP-662-2023, establecen que, desde el 06 de diciembre de 2022, cuando se implementó el estado de excepción se han reportado 13,861 arrestos en todo el país.
Según el análisis de datos la mayoría de las detenciones se realizaron en el departamento de Francisco Morazán (1,916), que representan el 13%, seguido de Cortés (1,782), con el 12% y Comayagua (1,353) con el 9,7%. Otros de los departamentos que reportan mayor incidencia son Yoro (911) y Atlántida (825), en la zona norte del país.
Entre los delitos que más destacan son: tráfico de drogas (1,895), maltrato familiar (1,443), portación ilegal de armas (1660) y violencia doméstica (992).
Del total de los arrestos, 12,773, corresponden a hombres, es decir, el 92% de las detenciones, mientras las capturas de mujeres fueron 1,085, lo que equivale al 7%.
Entre tanto, al analizar las edades de los arrestados se encontró que 4,269 fueron personas de entre 20 a 29 años y 3,764 de entre 30 a 39 años. A esta última cifra le sigue el rango de 40 a 49 años con 2,700, detenciones y en el siguiente escalón están los menores de edad que reportaron 884 capturas durante el estado de excepción.
Sobre la captura de los menores, el director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, dijo a Criterio.hn que la medida debe ir más allá de la captura y el castigo.
Madrid sugiere que el gobierno creé mecanismos eficaces de prevención y reinserción de menores infractores víctimas del crimen organizado.
“El tema no sólo pasa por darles captura sino de realizar un trabajo completo en tema de prevención, que es evitar que menores caigan en las garras del crimen, ya sea por amenazas, engaños o dinero”, opinó Madrid.
Asimismo, propuso se trabaje en la rehabilitación, mediante programas que permitan a los jóvenes infractores desarrollar sus capacidades.
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CAPTURAS INJUSTIFICADAS CONSTITUYE GRAVE VIOLACIÓN A LOS DD HH
Entre tanto, el investigador en temas de seguridad e integrante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, manifestó su preocupación por la prolongación del estado de excepción, debido a que esta medida da pie a que se originen violaciones a los derechos humanos.
Sierra lamentó que la medida se prolongue cada vez más y sobre todo que las autoridades se valgan de ella para presentar supuestos resultados eficaces en materia de seguridad. Recordó, además, que los estados de excepción deben ser excepcionales y no permanentes como está ocurriendo en Honduras.
A juicio de Carlos Sierra las capturas no sólo pueden ser números fríos, sino que deben ser respaldadas con verificaciones de los hechos, “hay una gran cantidad de capturas, y al final de esta gran cantidad son muy pocas las personas que son procesadas, esto ocurre porque muchas veces se hace detenciones a la ligera y sin sustentos”, opinó el defensor en entrevista con Criterio.hn.
Sobre las 884 capturas, registradas de menores entre enero y hasta septiembre pasado, Sierra considera que se debe tomar otro tipo de medidas.
“Con ello se tiene que tomar en cuenta elementos como: separación en estaciones policiales especializadas, además de elementos que tienen que ver con contactar a sus padres (de los menores) y garantizarse seguridad y sobre todo tener las pruebas suficientes para realizar la captura, de lo contrario es una serie de violaciones a los derechos de los niños”, concluyó.
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CAPTURAS MASIVAS SIN RESULTADOS VISIBLES
Por su parte, la directora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Alba Mejía, mira con suma preocupación un alza en las capturas, pero sin ver resultados claros en la reducción de la violencia.
La defensora de derechos humanos amplió en entrevista con Criterio.hn que las capturas que se dan en el país no es sinónimo de reducción de la violencia, sino que pueden presentarse como un indicador para seguir alargando el estado de excepción de cara al 2024.
La defensora de derechos humanos recomendó que las detenciones deben ser analizadas de manera minuciosa debido a que en cada captura se debe garantizar una serie de medidas para que el fin no sólo sea llevar a los hondureños a un centro penitenciario, de momento controlado por la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
“De momento no estamos viendo resultados más que negativos, con la intervención militar, con la gestión del coronel Ramiro Muñoz, no vemos más que tratos crueles inhumanos y tortura, así que tenemos que persuadir al gobierno al designar a los militares para una misión que no tienen la formación”, expresó Mejía.
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ASESINATOS SIGUEN EN ALZA
Cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad a través del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), indican que de enero a septiembre de 2022 se registraron 2,784 homicidios y durante este año, en la misma fecha, 2,353, lo que implica una disminución de 431 muertes violentas durante este año.
Y, pese a que los datos van en reducción, en comparación al año anterior, la delincuencia y feminicidios no cesan, refiere la coordinadora del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV UNAH), Migdonia Ayestas.
“Aunque se puede ver una baja en las cifras de homicidio en relación al año anterior, la población hondureña percibe que los delitos como el robo, extorsión y crimen organizado no se detienen, y siguen creando la sensación de miedo en la población”, dijo Ayestas, quien recomendó la medición y cambios constantes de estrategias de seguridad por parte de las autoridades.
