Tegucigalpa.- La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, denunció este miércoles la captura de una integrante de la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro, en el departamento de Trujillo, criminalizada por defender su territorio.
“No es posible que una anciana sea detenida por supuesta usurpación de tierra que es de la misma comunidad, yo estoy dolida por eso”, dijo Miranda a Criterio.hn. Para la lideresa, estas acciones generan “un problema psicosocial, mental, si las ancianas tenemos que cuidarlas, yo estoy asustada hasta dónde se ha llegado con este nivel de impunidad y de corrupción del sistema de justicia”, agregó.
Alertamos¡¡ hoy fue detenida la compañera Silvia Bonilla Flores, de 73 años de edad, criminalizada junto a otras 32 personas en Trujillo, acusada de usurpación de su propio territorio. Somos perseguidxs por la mafia criminal que gobierna este pais. BASTA YA¡¡ pic.twitter.com/PQfHvX1Eih
— Miriam Miranda (@baraudawaguchu) June 16, 2021
Silvia Bonilla Flores, de 73 años, fue capturada en la tarde por elementos de la Policía Nacional en la posta de El Porvenir, departamento de Atlántida, al norte de Honduras, cuando viajaba en una unidad del transporte urbano, dijo la abogada del Ofraneh, Kimberly Andino.
La defensora se encontraba en la sede de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de La Ceiba y esta noche sería traslada a Trujillo, custodiada también por sus familiares.
“Probablemente mañana se lleve la audiencia de declaración de imputado”, señaló Andino.
La letrada informó que Bonilla Flores tiene dos órdenes de captura en dos expedientes judiciales, el primero es el 023-2021 relacionado con los delitos de usurpación daños y amenazas en perjuicio de la empresa de bienes raíces Juca y su dueña Rosario Edilma Fajardo Ruiz, y por los que están requeridas 31 personas en total.
El segundo expediente, el 020-2021, fue abierto por los delitos de usurpación, robo con violencia intimidación en perjuicio de Mario Alberto Murillo Rivas y Eva Maribel Herrera Rivas, y en el que 29 personas han sido requeridas.
Hasta el momento, unas cuatro personas han sido judicializadas y otras se presentaron voluntariamente, pero la comunidad garífuna especialmente es la que ha sido más criminalizada y amenazada, remarcó la abogada.
“Básicamente se están dando las órdenes de captura, se están criminalizando y agarrando a las personas así como agarraron a doña Silvia”, añadió.
Explicó también que en el primer y segundo expediente las personas criminalizadas son prácticamente las mismas.
Andino dijo que la comunidad de Cristales y Río Negro tiene un título emitido por el presidente Manuel Bonilla en 1901, pero los demandantes presentan títulos emitidos años después.
Denunció que también el Instituto Nacional Agrario (INA) ha venido cambiando los límites de las tierras “a modo de que se han hecho concesiones y se han vendido por partes”.
Las personas que alegan ser dueñas tienen títulos normales sin contar con que la comunidad tiene un título ancestral de hace 120 años, el cual también las autoridades están desconociendo.
Eso fue lo que ocurrió con las defensoras Marianela y Yennifer Mejía, quienes fueron capturadas en marzo pasado y liberadas días después. En este caso “básicamente los jueces no tomaron en consideración lo que es el título ancestral”, recordó.
De hecho, estos hechos deberían dirimirse por la vía civil y no la penal, “pero lo que se quiere hacer es criminalizar a la gente” de la comunidad de Cristales y Río Negro.
Las disputas por esta comunidad garífuna del norte de Honduras iniciaron en agosto del año pasado y las órdenes de captura se emitieron en febrero.
Tres meses después de la captura y liberación de las hermanas Mejía, “estamos viendo que ya están capturando aisladamente a la gente de la comunidad garífuna para criminalizarla”.
