La decisión afecta también a otros países y responde a una política interna estadounidense de endurecimiento migratorio, ignorando que la falta de estrategia y acción de gobiernos hondureños agravó la vulnerabilidad de miles de migrantes
Tegucigalpa, Honduras. – La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ha generado señalamientos para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En redes sociales y algunos medios de comunicación, circulan discursos de algunos políticos y analistas que afirman que la decisión responde a un “castigo” de Washington principalmente por el acercamiento del gobierno hondureño con China y Venezuela.
Para la politóloga, Patricia Bourdeth la decisión del gobierno de Honduras de mostrarse abiertamente como un país con la visión del socialismo del Siglo 21 –muy cercanos a Venezuela— “son reacciones de choque que definitivamente no abonan en nada a una buena relación con Estados Unidos”. Atribuyendo a esta relación de estos dos países de América Latina como la principal razón para la cancelación del estatus de protección temporal a más de 53,000 hondureños y hondureñas bajo este mecanismo de protección que surgió en 1999, tras el paso del huracán Mitch.
Aunque Bourdeth, reconoce que EE. UU. Tiene vigente una política antiinmigrante, agregó que la reacción del país norteamericano “pudo haber sido más suave, más pausada, o definitivamente más moderada con relación al tema del TPS”. El Mirón [la sección de verificación de Criterio.hn] se contactó con la politóloga, sin embargo, al término de esta verificación no se logró concretar la solicitud de entrevista para ampliar sobre su postura.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras llegó a su fin, oficialmente, el 8 de septiembre de 2025, tras más de dos décadas de brindar protección y oportunidades laborales a decenas de miles de migrantes hondureños en Estados Unidos.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
“La más dolorosa de esas reacciones y que el castigo puede ser aplastante de Estados Unidos es el tema del TPS”, expresó la analista política, Patricia Bourdeth, en un programa de televisión.
De interés: Es falso que Trump firmó orden para exigir visa o pasaporte en farmacias y supermercados
¿ES RESPONSABLE HONDURAS DE UNA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS?
A raíz de la cancelación del TPS, en las redes sociales se encuentran discursos que responsabilizan al actual gobierno por la decisión tomada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos.
Entre esos discursos resaltan el de la diputada del partido Nacional, Merary Diaz, quien en su cuenta de X señaló que la cancelación se debió “por la mala gestión de la refundación de Xiomara Castro”.
En esa misma línea, la candidata a diputada nacionalista, Sara Zavala, señaló que el TPS “fracasó” porque los incapaces de Libre no pudieron garantizar estabilidad y futuro a miles de compatriotas”.
Ante estas narrativas, César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH), señala que se trata de una interpretación reduccionista que ignora el contexto real de la política migratoria estadounidense.
“La cancelación del TPS responde a una política impulsada por la administración Trump, dirigida a beneficiarios de diferentes países, en coherencia con su marcada postura antiinmigrante”, explicó Castillo, recordando que este programa expiró también para otras naciones, no solo para Honduras.
Castillo considera que responsabilizar directamente al gobierno de la presidenta Xiomara Castro es una simplificación alimentada por intereses partidarios: “La responsabilidad de evitar la migración recae en nosotros los hondureños. No basta con culpar al gobierno actual o a la administración estadounidense; lo crucial es que el estado y la sociedad hondureña trabajen juntos para abordar las causas profundas de la migración”.
Añadió que la política migratoria estadounidense va mucho más allá de coyunturas bilaterales: “No es exclusivo, todos los TPS que se vencían en este gobierno de Donald Trump han sido cancelados, salvo el caso de El Salvador que ajustó su estatus en el gobierno anterior (Joe Biden). Otros países aliados también han enfrentado deportaciones masivas y cancelación de programas”.
La cancelación de la medida de protección en la cual se encontraban amparados los hondureños desde hace 26 años afectó por igual a otros países beneficiarios del TPS, como Nicaragua y Nepal, incluso a naciones aliadas de Estados Unidos como Corea del Sur con las más de 300 capturas de surcoreanos en una redada de ICE en una fábrica de Hyundai. Esto, de acuerdo con Castillo, evidencia que la decisión no fue exclusiva ni encaminada únicamente contra Honduras, sino resultado de una tendencia más amplia de endurecimiento migratorio.
En este mismo orden de ideas, la especialista en migración, Sally Valladares, recalca que la cancelación del TPS es una continuación de la línea política que Donald Trump impulsó desde que asumió su primer mandato en 2017, aunque ahora con matices aún más complejos. Valladares señala que este ciclo responde a la intensificación de medidas antiinmigrantes en Estados Unidos, que se contraponen a una gestión migratoria fallida durante el gobierno de Biden, y agravan la situación de incertidumbre y vulnerabilidad para las personas migrantes hondureñas y sus familias.
Lea: Afirmación del canciller sobre disminución de la migración de hondureños a EE UU es engañosa
¿QUÉ ES EL TPS Y CÓMO SE DECIDE?
El TPS es un beneficio migratorio temporal creado en 1990 que protege de la deportación y otorga permiso de trabajo a personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Su designación y renovación dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no de la política exterior del Departamento de Estado.
Para Honduras, el TPS se otorgó en 1999 tras el impacto del huracán Mitch y su vigencia se fue prorrogando hasta el 8 de septiembre. La decisión de su cancelación responde a un análisis previo del DHS y revisiones judiciales en EE. UU., que determinaron que las condiciones iniciales que justificaron la medida ya no están vigentes.
Entre los principales argumentos oficiales se mencionan mejoras sustanciales en el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y electricidad, además de la capacidad del Estado hondureño para recibir y reintegrar a migrantes retornados.
No obstante, la política migratoria estadounidense, bajo el mandato de Donald Trump, marca una tendencia general de endurecimiento que afectó a varios países beneficiarios del TPS. La cancelación no fue exclusiva para Honduras, sino que también alcanzó a Nicaragua, Nepal, Venezuela, Haití, Afganistán y Camerún, independientemente de sus relaciones diplomáticas.
Adicionalmente, organizaciones civiles y expertos en migración han señalado que la decisión responde más a intereses políticos internos y a la falta de voluntad para ofrecer soluciones permanentes a esta población migrante, lo que pone en riesgo la estabilidad de miles de familias y afecta de forma significativa la economía hondureña por la disminución proyectada en las remesas que, en 2024, representó el 26% del Producto Interno Bruto.
También lea: Acuerdo migratorio entre Honduras y EE. UU: una cifra engañosa que oculta incertidumbres y riesgos
INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN
Para Sally Valladares la migración se ha instrumentalizado tanto en Estados Unidos como en Honduras, creando confusión entre la ciudadanía y dividiendo incluso a la comunidad migrante. “Hemos visto migrantes que han estado a favor de lo que Trump ha decidido, sobre todo por la imagen de criminalización y racismo hacia esta población, y lo que hoy tenemos es una combinación de todo”, advirtió la especialista. Explicó que la migración estuvo en el centro de una confrontación política entre republicanos y demócratas, sin que se resolvieran los desafíos de fondo.
Valladares advirtió que atender el retorno de miles de hondureños sería “completamente inviable” y llamó a una valoración honesta sobre las omisiones históricas en la protección de la población migrante hondureña.
Además, subrayó que la ausencia de una política migratoria coherente limita seriamente la capacidad del Estado hondureño para proteger a sus ciudadanos en el exterior y para prepararse ante escenarios como la masiva cancelación del TPS.
“Todo ha sido una reacción a la coyuntura; nunca se pensó en una negociación real o una estrategia regional que anticipará el posible fin de este beneficio”, señaló. A su juicio, el país enfrenta hoy una situación aún más adversa porque la Cancillería y los organismos oficiales carecen incluso de un perfil claro de los retornados, lo que agrava aún más la inviabilidad del retorno digno para decenas de miles de hondureños.
El Mirón concluye que asegurar que el TPS fue cancelado por Estados Unidos, como “castigo” al gobierno hondureño por su cercanía con gobiernos de izquierda como Venezuela, es falsa, porque la decisión responde sencillamente a una política antiinmigrante de la administración Trump, que ha afectado a otros países con distintas relaciones bilaterales.
En ese sentido, Cesar Castillo, director del OMIH invita a analizar la cancelación del TPS sin caer en campañas políticas superficiales o buscar responsables simples. Sostiene que la migración es resultado de múltiples factores –económicos, sociales y legales– y que la solución requiere del esfuerzo conjunto: estado-sociedad, que requiere de políticas públicas reales, atención a las causas profundas y alternativas legales para quienes deben regresar al país.
