En el marco de la celebración de los 16 años de su creación, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) junto a comunidades y organizaciones populares presentó 13 acciones jurídicas, denunciando corrupción, extractivismo y violaciones de derechos humanos que afectan sus comunidades
Tegucigalpa, Honduras. – ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! Fue la consigna unánime de las comunidades de la zona norte y occidente del país que forman parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), se dieron cita frente a las instalaciones del Ministerio Público para hacer escuchar su petición de justicia.
Yessenia Alvarenga, mujer campesina dedicada a la recolección de fruta de palma africana, contó a Criterio.hn que salió la noche del domingo a las 9:20 de la noche para poder llegar a la capital y formar parte del plantón. “Queremos que haga justicia por todos los asesinados que han defendido la tierra”, expresó.
De igual manera, Alvarenga que forma parte de la Cooperativa Camarones, exigió a las autoridades una verdadera investigación debido a la criminalización que enfrenta el movimiento campesino “no se pueden poner de parte de los terratenientes, somos personas luchadoras que queremos darle el bienestar a nuestros hijos”, instó la campesina que es madres de tres hijos.
Del mismo modo, Ramón Santiago Matute, presidente del Consejo Directivo Tribal de Locomapa, manifestó que desde los territorios han venido desarrollando una lucha contra la corrupción y la impunidad que ha golpeado fuertemente a las comunidades. “Estamos representando un pueblo digno que quiere transparencia, dignidad y justicia”.
El líder Tolupán, lamentó la falta de investigación en los procesos de criminalización. “No se investiga quién asesinan, quién mandan a matar, quiénes roban los bosques, quiénes los están explotando al igual que los ríos. Este Ministerio Público no está investigando”, recriminó.
Al tiempo que señaló que los bosques de Locomapa están siendo destruidos y que, pese a que hay denuncias ante las instituciones, no hay acciones concretas para detener la destrucción.
SIN DIALOGO
Desde el Bajo Aguán, Atlántida, Yoro, Santa Barbara, El Progreso, La Esperanza, Locomapa, Jilamito, Marcala, Pajuiles, entre otras poblaciones, estaban a tempranas horas para tener un dialogo directo con las autoridades del Ministerio Público, sin embargo, vacías permanecían las sillas designadas a la Fiscalía de defensores de derechos humanos, fiscal general, fiscal general Adjunto y la Fiscalías de Etnias.
De acuerdo con Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), la invitación al diálogo bilateral, forma parte de la propuesta de las comunidades organizadas para se consolide un Ministerio Público “esencialmente independiente frente a las históricas manipulaciones de las que fue objeto por parte de grupo de mafiosos –llámese grupos económicos, grupos de políticos y otras expresiones de estas sofisticadas formas del crimen—“.
Sin embargo, las autoridades de esta entidad de investigación no se hicieron presentes y bajo el sol radiante, los representantes de las comunidades expusieron sus demandas y violaciones históricas a sus derechos humanos para ser escuchados por las autoridades del Ministerio Público.
Recién nombrado el fiscal general Johel Zelaya, expresó que sería” un fiscal cercano al pueblo”, sin embargo, esas palabras no se materializaron con la presencia de campesinos y campesinas que históricamente han luchado por no ser desterrados de sus territorios
“Se pierde la oportunidad el abogado Johel Zelaya, ojalá que en lo sucesivo pudiéramos cambiar este tipo de comportamientos y se entienda que la mejor forma de legitimarse con la gente es escuchándola, resolviéndole y representándola”, refirió el abogado Víctor Fernández.
ACCIONES JURÍDICAS PRESENTADAS
Como parte de la celebración de los 16 años de fundación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), se presentaron al menos 13 acciones jurídicas en defensa de su dignidad, sus derechos y territorios, que retratan la realidad que viven las comunidades que se enfrentan a los grupos de poder, empresas extractivas y terratenientes.
Las acciones jurídicas están dirigidas a varias instituciones estatales como: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Tribunal de Justicia Electoral y al Mecanismo Nacional de Protección.
De acuerdo con Víctor Fernández, estas acciones representan a los territorios en lucha por la dignidad.
Entre las acciones presentadas se destacan denuncias contra el extractivismo descontrolado y la proliferación de proyectos hidroeléctricos y proyectos inmobiliarios en zonas de reserva que están devastando los territorios y modos de vida.
También, se puso de manifiesto los conflictos agrarios que persisten en diversas regiones del país principalmente en el Bajo Aguán que ha resultado en la criminalización de la defensa y asesinatos de campesinos, delitos que todavía permanecen en la impunidad.
Otra de las acciones presentadas es la Causa JOH, en donde MADJ, el BED y la Fundación para el Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Fundambiente), presentaron una denuncia por omisión en contra de los ministros en materia de Seguridad ya que luego del fallo en contra del expresidente Juan Orlando Hernández –por tres cargos relacionados al tráfico de drogas y armas—, se demostró en juicio que el expresidente utilizaba las instituciones del Estado, incluyendo las de seguridad, para promover y proteger su actividad criminal.
En ese sentido, señalan que los ministros de Seguridad y Defensa son responsables por omisión, ya que pese a tener conocimiento de las acciones delictivas que realizaba el expresidente sobre el trasiego de drogas no accionaron como correspondía.
Por otro lado, se presentó ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica una solicitud para la rescisión de contratos de energía por incumplimiento a las cláusulas contractuales que establece la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social.
Las 13 acciones legales represen la defensa de los derechos e intereses colectivos, de las comunidades aglutinadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
En ese sentido, Martin Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, remarcó “dentro del Movimiento Amplio no estamos para negociar cosas, estamos para resolver asuntos que tengan que ver con el bienestar del pueblo hondureño y con cada una de sus luchas”.
La movilización en Tegucigalpa es un recordatorio de la capacidad de organización y resistencia de las comunidades campesinas y populares en Honduras. A través del apoyo del MADJ y otras organizaciones, estas comunidades están decididas a proteger sus derechos y su tierra.
