Callejas pide que le respeten “su derecho a la reelección”

Por: Redacción CRITERIO

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Rafael Leonardo Callejas
Rafael Leonardo Callejas

Un hecho sin precedentes en la historia democrática de Honduras, se registró este miércoles, cuando el expresidente, Rafael Leonardo Callejas, solicitó protección ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) porque siente que su derecho político de  ser electo, está en peligro.

El exgobernante (1990 1994), hizo la petición argumentado que hay sectores que están  incidiendo para que se anule el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el artículo 239 de la Constitución de la República, con lo que se abrió la posibilidad a la reelección presidencial.

Callejas, líder del Partido Nacional,  llegó a las oficinas del CONADEH, en compañía de su coordinador de campaña, Pompeyo Bonilla y de su apoderado legal, Mario Aguilar.

“Hemos decidido venir ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en consecuencia que distintos sectores de la sociedad, medios de comunicación, instituciones y otros sectores, han tratado de generar un ambiente en la sociedad hondureña proclive a considerar de que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, en el que declara inaplicable el artículo 239, pueda ser sujeta a acciones por parte de la misma Corte, que tengan una posibilidad de revocar de oficio la sentencia”, apuntó el exmandatario.

Añadió que durante la cita, el titular del CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, fue persuadido que la sentencia es válida y que no puede ser modificada ni revocada.

“Lo que estamos solicitando es que ante cualquier posibilidad orientada a cambiar el estamento jurídico, que surge de la Sala de lo Constitucional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tenga pleno y amplio conocimiento”, detalló el político quien fue absuelto por la justicia hondureña, tras enfrentar acusaciones por actos de corrupción, cometidos durante su gestión.

Callejas dijo que si el fallo es declarado nulo se le estaría afectando a él directamente porque ya no podría participar en las elecciones internas del Partido Nacional, en marzo de 2017 y luego postularse nuevamente a la presidencia de la República, en noviembre de ese mismo año.

Apuntó que el fallo de la Sala de lo Constitucional, le ha permitido recobrar un derecho político que en el pasado le fue conculcado “y hoy al haberlo recuperado dejo constancia ante ustedes (prensa), la sociedad hondureña y ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de que estoy trabajando para impulsar una acción de que conduzca a que el nacionalismo me elija en las elecciones internas como su candidato a la Presidencia de la República para las elecciones de noviembre de 2017”.

El  22 de abril pasado la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales  los artículos constitucionales considerados pétreos, dejando así abiertas las puertas a la reelección presidencial, un espinoso tema que ocasionó el golpe de Estado de 2009, cuando se derrocó al presidente Manuel Zelaya, por suponer que se quería quedar en el poder mediante el proyecto de la “Cuarta Urna”.

La resolución se basó ante una solicitud planteada el 11 de marzo, por el expresidente Callejas sobre la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República porque limitaba sus derechos ciudadanos y políticos de ser electo.

Previo a la acción de Callejas, el 18 de diciembre del año pasado, 15 diputados del Partido Nacional y uno de Unificación Democrática, pidieron ante la CSJ, que se derogara el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución de la República que prohíbe hablar de reelección presidencial.

Rafael Leonardo Callejas siempre ha estado cuestionado por malversación de fondos y otros delitos al erario nacional. Es conocido el caso del «Chinazo» entre otros. Prueba de ello es que el gobierno estadunidense le quitó la visa en base a la sección 212F de la Ley Migratoria de Estados Unidos, la cual provee la autoridad para negar la entrada a personas por corrupción oficial pública.

 

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