Por: Ilona Szabó
Foto portada: wic.com
NUEVA YORK – Tras la reciente expulsión del popular ministro de justicia de Brasil, Sergio Moro, la cuarta democracia más grande del mundo está a punto de hundirse en una inestabilidad todavía más profunda. En su discurso de renuncia, Moro criticó al presidente, Jair Bolsonaro, por interferir en la nominación de policías federales y en sus investigaciones. Para muchos brasileños esas intromisiones son particularmente irritantes porque dos de los hijos de Bolsonaro están bajo investigación por diversos delitos.
En una réplica desafiante y errática transmitida en vivo por televisión, Bolsonaro negó cualquier ilícito, y a continuación me señaló personalmente. Me catalogó de abortista, pro-gay y defensora de la regulación de las armas, y su mezcla tóxica de misoginia, homofobia y desprecio de la democracia quedó a la vista de los 210 millones de ciudadanos de Brasil. El sistema sanitario del país se está derrumbando y la economía está en caída libre como resultado de la pandemia de COVID‑19, pero el presidente piensa que su tarea más importante es atacar a los críticos.
Hay una historia detrás de esto. La última vez que Bolsonaro me atacó públicamente fue a principios de 2019, justo después de una reunión que mantuve con Moro, que ya tenía una sólida reputación como juez anticorrupción. Moro me había invitado a participar en un consejo voluntario sobre justicia penal, oferta que acepté con ciertas reservas. Esperaba yo convencer al nuevo ministro de justicia de que en un país donde cada año se cometen más de 6000 asesinatos relacionados con la policía, la controvertida propuesta del gobierno de Bolsonaro de ampliar los poderes discrecionales de ese organismo era desacertada.
Moro empezó la reunión con un pedido de disculpas: tendría que abreviarla, porque el presidente le acababa de enviar un mensaje urgente de que tenía que hablar con él. Automáticamente me pregunté si mi nominación para participar en el consejo sería uno de los temas de la conversación que mantendrían. Durante la campaña para la elección presidencial de 2018, Bolsonaro dejó claro que tenía intención de reprimir a la sociedad civil brasileña (incluidos centros de estudio independientes como el mío).
En sus tres décadas en la política, Bolsonaro ha hostigado en forma permanente a defensores de los derechos humanos, medios independientes, intelectuales, organizaciones indígenas y ambientales y a las mujeres. Quienes se cruzaron alguna vez en su camino sabían exactamente lo que venía tras su elección en 2018.
Mi nominación para el consejo se acababa de anunciar esa mañana, y en cuestión de horas, el principal exponente del lobby brasileño de las armas y un ignoto blog de derecha iniciaron una campaña para evitar mi designación. Para cuando Moro y yo nos sentamos a hablar, el hashtag #ilonanao («Ilona no») ya era trending topic de Twitter en Brasil. Pronto se sumó un enjambre de bots y trolls (incluido uno de los hijos de Bolsonaro) para sostener que mis muy conocidas ideas sobre el control de armas y la reforma de la justicia penal eran inoportunas e incluso peligrosas.
Al día siguiente, por órdenes de Bolsonaro, me excluyeron del consejo. En la carta donde rescindió mi nominación, Moro elogió el trabajo del centro de estudio al que pertenezco, y lamentó la influencia de «algunos elementos» de la sociedad brasileña.
Este incidente es emblemático de la tragedia que se abatió sobre la democracia brasileña bajo Bolsonaro. En aquel momento, los medios brasileños describieron acertadamente la supresión de mi nominación como el mero primer acto de lo que sería un espectáculo largo y repelente. Era evidente que Bolsonaro y sus hijos gobernarían con el mismo espíritu de intolerancia que había animado su campaña electoral.
No soy la única que se ha vuelto blanco de andanadas de amenazas y ataques en Internet. Bolsonaro y sus seguidores apelan en gran medida a las redes para intimidar, hostigar y difamar, como parte de una guerra que libran contra la libertad de expresión, las libertades civiles y el combate al cambio climático. Lo que ha dado en llamarse el «gabinete del odio» del presidente (un grupo fanático de asesores que incluye a sus hijos y orquesta los ataques coordinados del gobierno a los críticos) tiene consecuencias reales.
Pero Bolsonaro no es ni por asomo el único líder populista que usa las redes sociales para librar una guerra contra sus adversarios políticos y eludir las reglas y normas de la democracia. De Estados Unidos, la India y las Filipinas a Hungría y Rusia, líderes autoritarios emplean las herramientas de la era digital para dominar el espacio cívico y aplastar a la sociedad civil. Inundando el mundo virtual con desinformación y retórica divisiva, debilitan la rendición de cuentas de los gobiernos, desvirtúan la libertad de expresión y la prensa, y atizan la violencia.
Clausurar el espacio de la participación cívica y la deliberación coherente tiene efectos desastrosos sobre la formulación de políticas públicas y el bien colectivo. En el contexto de la COVID‑19, los ataques autoritarios a los medios independientes, a la ciencia y a las voces de la oposición son literalmente mortales, porque atentan en forma directa contra la salud pública y fomentan la agitación social. Bajo Bolsonaro, Brasil se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia global, y en las ciudades que lo votaron para presidente se registran niveles de contagio considerablemente mayores.
En Brasil y en otras democracias en dificultades, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía ordinaria deben recuperar el espacio cívico antes de que terminen de cerrarlo. Para ello, el primer paso es generar conciencia sobre lo que están haciendo los líderes autoritarios y sus seguidores, sobre todo ahora, cuando todos los gobiernos libran una «guerra contra la COVID‑19». Lejos de justificar una suspensión de las reglas y procedimientos democráticos, es en las emergencias cuando estas instituciones son más necesarias.
Pero la reapertura del espacio cívico también exige liderazgo político, algo que hoy día es muy escaso. Tras haber sido totalmente incapaces de unir a los brasileños para enfrentar esta crisis, Bolsonaro y su gobierno pueden terminar siendo los primeros que caigan como resultado del coronavirus. Hay al menos tres maneras de que Bolsonaro abandone el poder antes de la elección de 2022: que el Congreso le haga juicio político, que el Supremo Tribunal Federal lo condene por delitos comunes o que el tribunal electoral nacional lo destituya por presuntos ilícitos durante la campaña de 2018.
Miles de brasileños mueren sin necesidad por la COVID‑19, el país va camino de una grave recesión, y la deforestación de la Amazonia está llegando a niveles nunca vistos desde 2015. Y para más desgracia del presidente, el Supremo Tribunal Federal acaba de iniciar una investigación penal por las acusaciones de Moro respecto de la interferencia política de Bolsonaro en la policía federal.
A pesar de todo esto, la única respuesta de Bolsonaro ha sido insistir en el hostigamiento y la grandilocuencia. Sin voluntad ni capacidad para defender la democracia, coquetea con un regreso a la dictadura. Crisis como esta demandan un liderazgo concentrado y competente. Bolsonaro y otros demagogos populistas como él en todo el mundo son incapaces de ofrecerlo, y cuanto más duren en el poder, más personas morirán.
*Ilona Szabó es cofundadora y directora ejecutiva del Instituto Igarapé.
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